Quilombo

Ya tenemos una plasmación práctica de la reforma constitucional que consensuaron el PSOE y el Partido Popular el año pasado. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, esperada con impaciencia por el gobierno alemán, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, pone números a la terapia de choque neoliberal que está a punto de aplicarse en España (lo aprobado hasta ahora había sido pecata minuta). La contracción presupuestaria alcanza los 27.300 millones de euros (2,5% del PIB español). Se trata de una primera penitencia, pero probablemente vengan más, pues los desiguales aumentos impositivos no lograrán que se reduzca el déficit público como se ha anunciado. Los recortes, al provocar una inevitable caída del PIB y un aumento del desempleo -facilitado además por la reciente reforma laboral-, tendrán como consecuencia una menor recaudación fiscal, por más regalos que se ofrezcan a los evasores. Exactamente lo que está sucediendo en Grecia.

Dentro de las partidas de gasto, se da prioridad absoluta -prioridad consagrada en el reformado artículo 135 de la Constitución, por tanto, no sujeta a discusión política- al pago de los intereses de la deuda: 28.913 millones (un incremento del 5,3%). Como las perspectivas económicas no son nada buenas -¡entre otras cosas como consecuencia de los mismos recortes!-, la deuda sale cada vez más cara, con lo que se forma el típico círculo vicioso de los programas de ajuste estructural. ¿Por qué se empecinan en el error, pese a las protestas y las huelgas?, se preguntan muchos críticos. Pues porque aunque puedan hacer cálculos erróneos -y al final les salga el tiro por la culata- no se trata solo de una mera equivocación, sino de una estrategia deliberada de transferencia privatizadora de recursos públicos hacia las élites económicas europeas (que también incluye algunos españoles, griegos, irlandeses...). Este expolio del común exige además un grado de violencia superior a la denominada "estructural", que normalmente cuesta percibir porque coincide con el orden natural de las cosas.

El shock sirve sobre todo para reconfigurar las relaciones sociales en beneficio del capital. Formalmente, no desaparecerá el Estado del Bienestar, pero sus funciones serán modificadas de tal modo -condicionadas a la explotación por medio del chantaje del empleo- que acabará siendo irreconocible. Puede que la economía vuelva a crecer, pero será un crecimiento aún más depredador de recursos humanos y naturales. Tal vez se reduzcan las estadísticas de desempleo, y efectivamente se creen nuevos puestos de trabajo, pero serán versiones corruptas y degradadas de las actividades humanas que pretenden explotar.

Este gobierno y el anterior han dejado claro que no cabe negociación alguna. El presupuesto es "de guerra", afirmó el ministro de asuntos exteriores José Manuel García-Margallo. Guerra de saqueo contra los ciudadanos, contra todo horizonte democrático. En el punto de mira se sitúan también los presupuestos de las comunidades autónomas, que son las que concentran el gasto en salud y educación. ¿Qué hacer en un contexto tan hostil?

Una prueba de fuego para la resistencia en el ámbito institucional se llama Andalucía, comunidad en la que Izquierda Unida es la única fuerza política que creció significativamente en las últimas elecciones y la que tiene la llave de la gobernabilidad de la región. El dilema de IU en Andalucía suele presentarse de la siguiente manera: entre los que abogan por "la responsabilidad" (no dejar que gobierne el Partido Popular) y quienes sostienen posiciones "más radicales" (rechazo a pacto alguno con el bipartidismo). Pero en las presentes circunstancias, responsabilidad y radicalidad no pueden ser sino la misma cosa. Si el objetivo real consiste en rechazar  "el hachazo" (según la expresión de Gaspar Llamazares), IU deberá presionar seriamente por aplicar una ruptura radical con la lógica vigente del déficit y de la deuda. No basta con oponerse a la amnistía fiscal o a la reducción de las transferencias que reparte el gobierno central: será necesario promover una auditoría de la deuda (difícil si se participa en un gobierno con el mismo PSOE), defender abiertamente el impago de la deuda antes que aprobar recortes en los servicios públicos (lo que va contra posición común PSOE-PP y hoy contra la misma Constitución), proponer avances y mejoras del welfare, por ejemplo mediante una renta básica universal e incondicional (imposible con el PP). Elementos como estos son los que en mi opinión deberían plantearse a la hora de debatir si se entra en el gobierno o si simplemente se apoya la investidura de José Antonio Griñán.

Si no van por ahí los tiros de IU y otros partidos alternativos que se vean cortejados por el PSOE, si al final venden barato su voto, limitándose a una resistencia retórica o a aportar cuidados paliativos para administraciones moribundas, es posible que la euforia dé paso, más pronto que tarde, al desencanto, y que los incrementos puntuales en votos acaben siendo tan efímeros como los que obtuvo IU en las elecciones andaluzas de 1994, mientras continúa el robo a gran escala. En cualquiera de los casos, el desborde ciudadano es más necesario que nunca.

var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_config.linkname = "Quilombo: Robo con violencia en las personas"; a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/robo-con-violencia-en-las-personas"; a2a_config.locale = "es";