Quilombo

Se puede recalificar un pedazo de suelo, pero no el mar. ¿O tal vez sí? Los estatuyentes canarios de 1982, tan insularistas ellos, se olvidaron completamente del mar cuando describieron al archipiélago canario como un conjunto de islas e islotes. Sus asesores legales tampoco debieron estar muy pendientes de lo que ese mismo año el gobierno español había intentado negociar en otra isla, Jamaica, bajo el nombre de Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). En su descargo cabe decir que no podía aprobarse un plan general de ordenación urbana para las aguas interinsulares ni tampoco podía construirse en ellas -a un coste asumible- hoteles o autopistas que aportaran jugosas plusvalías. Más tarde, en la reforma de 1996 se añadió la palabra "archipiélago" para describir el territorio, lo cual ya denotaba cierto interés por la cuestión marítima. Pero hasta 2001, cuando el gobierno de José María Aznar otorgó permisos de prospección petrolífera a Repsol YPF en aguas situadas a una decena de kilómetros de las islas orientales (anulados por el Tribunal Supremo por no respetar el medio ambiente), sólo se habían preocupado seriamente por la cuestión de la soberanía de las aguas interinsulares el senador Victoriano Ríos y algunos nacionalistas canarios como Antonio Cubillo.

Y es que las aguas situadas más allá de las 12 millas náuticas contadas a partir de la línea de bajamar de cada isla, no de las líneas de base que unen los extremos del archipiélago, se consideran aguas internacionales, lo que complica su regulación. La CNUDM sólo menciona expresamente a los Estados archipielágicos en lo que respecta a la delimitación de sus aguas interiores con efectos vinculantes para terceros. Se habla mucho menos de la regulación de los fondos marinos no sujetos a soberanía estatal, que según el CNUDM son "patrimonio común de la humanidad" sometidos a la regulación, todavía embrionaria, de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Sin embargo, en los últimos años ha ido creciendo el runrún sobre el control de las aguas y los recursos fósiles que teóricamente se esconden a miles de metros de profundidad. Hasta el punto de que la mención de la delimitación de las aguas canarias en el pacto presupuestario entre el PSOE y Coalición Canaria (CC) ha servido de excusa para escenificar la ruptura del pacto de gobierno autonómico entre CC y el Partido Popular (una ruptura motivada en realidad por las elecciones autonómicas de 2011).

El Estado español nunca ha zanjado en derecho interno la cuestión de la demarcación de su mar territorial y de su zona económica exclusiva (ZEE). Sobre el agua salada, lagunas jurídicas. Para Canarias y Baleares, el Estado nunca ha reconocido sus aguas interiores ni tampoco ha trazado las "líneas de base rectas" necesarias para fijar la ZEE, tal y como estaba previsto en una ley preconstitucional de 1978. De hecho, en un principio se abstuvo de firmar la CNUDM y no la ratificó hasta quince años después. Esta pusilanimidad o dejadez se debe a dos razones fundamentales: una se llama Gibraltar y la otra, Marruecos. La pertenencia a la OTAN (todavía en el aire en la época de la negociación de la Convención) implicaba una serie de obligaciones que incluía el tránsito de buques y submarinos militares por el Estrecho de Gibraltar (el llamado "paso inocente"). Por otro lado, continúa en disputa la soberanía sobre las aguas territoriales que rodean el Peñón de Gibraltar, como se expresa en las reservas que comunicó España en el momento de la firma y de la ratificación, que no mencionan a Canarias.

Marruecos no ratificó la CNUDM hasta 2007. España nunca ha querido abrir un nuevo frente diplomático con su vecino por la delimitación de la mediana marítima y de la plataforma continental marroquí (que afecta a Canarias), por la delicada cuestión de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y otras plazas de soberanía del norte de África, reclamadas por Marruecos, y por la irresuelta descolonización del Sáhara Occidental. El ingreso en lo que más tarde se llamaría Unión Europea facilitaría con el tiempo la resolución del tema pesquero con Marruecos sin tener que pasar por demarcaciones soberanas y haciendo caso omiso a las pretensiones saharauis, al ser la pesca competencia exclusiva de la Unión.

Con Portugal tampoco se ha resuelto el problema de la demarcación de las aguas con Canarias, pero con este país no existen los mismos problemas políticos que con el Reino Unido o con Marruecos. Pese a esta inconcreción, Portugal -pese a ser menos "federal" que España- sí que ha realizado una delimitación unilateral de las aguas interiores y circundantes de sus archipiélagos en sus respectivos estatutos de autonomía. Por ejemplo, el de Madeira (1991, reformado en 1999 y 2000) establece, en su artículo 3.2, que "la Región Autónoma de Madeira también cubre el mar que la rodea y sus fondos, incluidas las aguas territoriales y zona económica exclusiva, en los términos que disponga la ley." Además, en las reservas a la CNUDM Portugal menciona a sus archipiélagos e islas.

Nada parece impedir que España lleve a cabo también un acotamiento unilateral. Es la opinión del Tribunal Supremo, que en una sentencia de 2008 declaraba que la CNUDM deja en el aire -pero no prohíbe- que Estados no archipielágicos pero mixtos como el español puedan efectuar dicho reconocimiento.  El "contorno perimetral" que han acordado establecer PSOE y CC podría ser un paso importante en este sentido, dependiendo de cómo se haga. Esto no resolvería por sí sólo la distribución de competencias sobre el dominio público estatal de las aguas interiores, aunque la delimitación de las aguas sea competencia exclusiva del Estado. El Tribunal Constitucional, al abordar el artículo 132 de la Constitución española, ha determinado que "es doctrina reiterada (...) que la titularidad estatal sobre el mismo y su competencia para determinar las categorías de bienes que lo integran no son, en sí mismas, criterios de delimitación competencial". Haría falta una reforma del Estatuto de Autonomía. Es más, "aunque hagamos un reconocimiento legal interno a la cuestión de las aguas interiores archipelágicas, es lo cierto que, con las consideraciones generales actuales del Convenio de 1982, al no tener Canarias la consideración de Estado archipelágico las aguas interiores entre las Islas no serán, de momento, reconocidas internacionalmente". Es lo que señala, entre otros, el jurista Santiago Rivero Alemán en uno de los artículos más serios que he leído sobre este asunto. El problema se plantearía, por tanto, en caso de un hipotético conflicto jurisdiccional con otro país (Marruecos). Que es precisamente lo que quiere evitar el Convenio del Mar.

En el fondo de todo este embrollo político-jurídico se atisba una carrera por la explotación de los recursos del subsuelo marino de la costa norteafricana. El control de los vertidos de los cientos de buques que transitan por aguas canarias cada año es lo de menos. Algunos de los nacionalistas canarios más afines al independentismo sueñan con la explotación de los hidrocarburos para reafirmar la soberanía política y económica, sin pararse a pensar en sus consecuencias ecológicas. Los representantes de Coalición Canaria se conformarían con sacar tajada fiscal de las concesiones que en el futuro pueda otorgar el Estado dentro de las aguas canarias o en la ZEE. El año que viene Repsol comenzará a extraer gas del yacimiento de Anchois, frente a la costa de Tánger. Si los marroquíes se aprovechan, ¿por qué no "los canarios"?, piensan algunos. ¿O "los españoles"? Piensan otros.

Así pues, en Canarias se ha puesto en marcha una nueva recalificación, pero esta vez de los fondos marinos. No para captar una renta urbanística sino para apropiarse de una renta minera e hidrocarburífera. Es la "nueva frontera" de la fiebre extractivista en un mundo donde muchos minerales comienzan a escasear. Qué pronto hemos olvidado el desastre ecológico de BP en el Golfo de México y los riesgos que entrañan las prospecciones petroleras a grandes profundidades. Entre la alternativa estatizadora o "privatizadora" de las ZEE y la opción "Leviatán", en forma de autoridad minera mundial, poco espacio se deja para explorar otras formas de cuidado colectivo de ese patrimonio común dinámico que son los océanos.

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