Quilombo

La visita del presidente de Ruanda Paul Kagame a Madrid, con motivo de la reunión preparatoria de Naciones Unidas para revisar los avances en la consecución de los Objetivos del Milenio, generó la semana pasada un enorme revuelo. Los familiares de españoles asesinados en Ruanda y en el Congo en circunstancias muy dispares entre 1994 y el año 2000, así como diversos partidos políticos (CiU, ERC, Na-Bai, IU, ICV, CC y BNG) y ONG, incluyendo la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGD), habían denunciado la recepción del presidente ruandés, a quien acusan de ser un "criminal de guerra" y un "genocida". Para ello se apoyaron en un auto de procesamiento contra militares ruandeses dictado en febrero de 2008 por el juez Fernando Andreu, del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El juez Andreu encontró "indicios racionales y fundados de criminalidad" contra una serie de militares del Frente Patriótico Ruandés, la guerrilla creada en Uganda por la diáspora tutsi y de la que Paul Kagame fue uno de sus más destacados dirigentes antes de tomar el poder en Ruanda en el año 1994. Sin embargo, por su condición como presidente de la república ruandesa desde el año 2000, Kagame no pudo ser procesado. Ante la polémica, José Luis Rodríguez Zapatero terminó cancelando su participación en el encuentro patrocinado por la ONU.

Ciertamente, el Frente Patriótico Ruandés (FPR) cometió crímenes gravísimos contra la población civil desde que en octubre de 1990 invadiera Ruanda, a partir de sus bases en el vecino Uganda y con apoyo de su presidente Yoweri Museveni. En su avance hacia Kigali, el FPR cometió masacres antes, durante y en los meses posteriores al genocidio, también contra tutsis ruandeses. Tras expulsar del poder al gobierno racista hutu, y una vez instalado en el poder, la Ruanda del FPR ha tenido además un papel protagonista en la lista interminable de conflictos que continúan asolando el Zaire/República Democrática del Congo (RDC). Primero, el FPR (con Kagame como vicepresidente y ministro de defensa) promovió en 1996 a Laurent Desiré Kabila (junto con sus aliados Uganda, Zimbabwe y Angola) para perseguir a los hutus vinculados con el genocidio, huidos junto a decenas de miles de refugiados, y para derrocar a Mobutu Sesé Seko; cuando aquél decidió ir por su cuenta, en 1998 el ejército volvió a invadir el Congo con ayuda ugandesa, aunque en esta ocasión Zimbabwe y Angola acabaron apoyando a Laurent Kabila (por motivaciones principalmente económicas, el primero; por motivaciones políticas internas, el segundo), hasta su asesinato a manos de su guardaespaldas en enero de 2001. Durante todo este tiempo, hasta hoy, la intermitente presencia militar ruandesa, directa -hasta febrero de 2009- o indirecta -apoyando guerrillas locales-, ha contribuido al saqueo de los minerales de las provincias de Kivu. Una explotación en la que participan compañías de otros países, vecinos y más lejanos.

Dicho esto, la manera en que se han formulado las acusaciones contra Paul Kagame estos últimos días van más allá del reconocimiento de los hechos y el reparto de responsabilidades y apuntan a una inquietante interpretación del genocidio de Ruanda y las guerras en el Congo, cuando no a la manipulación más desvergonzada.

Con respecto al genocidio, en Guinguinbali, portal de noticias sobre África en español al que habría que exigir más rigor, publicaron que Kagame es nada menos que el responsable de "800.000 asesinatos de hutus (...) genocidio que se investiga en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Tanzania." En el mismo medio, el periodista José Naranjo reiteró en su blog que Kagame es "uno de los principales inductores y ejecutores del genocidio hutu (800.000 muertos)".  Una aberrante falsificación de la historia, por más que la citada cifra sea una estimación. Lo que investiga, con más pena que gloria, el Tribunal de Arusha es el genocidio de 800.000 tutsis y hutus llamados "moderados" (sic) perpetrado no por el FPR sino por el régimen hutu racista entonces en el poder. En el diario Público, Manolo Saco afirmó por su parte que "la Audiencia Nacional acusa [a Paul Kagame] de diseñar y preparar en reuniones secretas con otros militares el mayor genocidio del que se tiene noticia después del holocausto judío". Semejante tergiversación hubiera provocado un escándalo monumental de haberse aplicado al holocausto judío. Con África, hay licencia para ignorar y también para decir cualquier cosa.

En cuanto a las guerras del Congo, según estos articulistas Kagame sería también el responsable último de la muerte de cinco millones de personas. Es lo que sostiene también Ramón Arozarena, desde la revista digital África Fundación Sur, cuando califica al "régimen ruandés" del FPR como "causante de millones de muertos congoleños (5 millones)". Aunque según Francisco Pérez Esteban, secretario de Derechos Humanos y Solidaridad Internacional de Izquierda Unida, serían cuatro millones y...¡todos ruandeses!. Como si en todos estos años no hubieran intervenido en el este del país ejércitos estatales como el de la propia RDC o el de Angola, o grupos armados como las milicias Mai Mai, el FDLR (formado en gran parte por hutus interahamwe), el ugandés Ejército de Resistencia del Señor, etc. Por desgracia, el periódico Diagonal, de manera lamentable, bate todos los récords y en su edición digital considera al presidente ruandés "responsable de la muerte de cinco millones de congoleños y de dos millones de ruandeses". Los comités de solidaridad con el África negra agrupados en Umoya aportan una argumentación similar. En total, siete millones de personas. ¿Alguien da más?

Hay que aclarar que la famosa cifra de los cinco millones, empleada por unos y otros para movilizar apoyos y recursos, proviene de las estimaciones que periódicamente elabora el International Rescue Committee, que emplea la metodología de "muertes por exceso", según la cual de los 5,4 millones de muertes producidas hasta el año 2007 -antes de la ofensiva de Laurent Nkunda-, en determinados momentos hasta un 11 % podrían atribuirse directamente a muertes violentas, mientras que el resto sería el resultado de múltiples causas, desde la desnutrición infantil a enfermedades fácilmente curables, pasando por las penalidades de los desplazamientos forzosos de la población.

En todo caso, estas importantes puntualizaciones no rebajan el alcance de las atrocidades cometidas por los diferentes grupos armados, incluyendo las perpetradas por el propio ejército ruandés, ni el drama que afecta a la población del este del Congo, especialmente a los refugiados y desplazados internos. Las guerras del Congo constituyen, en efecto, uno de los conflictos más cruentos desde la II Guerra Mundial, sobre todo si incluímos la tragedia ruandesa. Tampoco suaviza la violencia organizada del FPR ni la represión que actualmente ejerce el gobierno ruandés sobre sus opositores. La cultura militar del FPR es particularmente brutal y autoritaria y encuentra su origen en la violenta biografía de los refugiados tutsi en Uganda que se implicaron en las guerras civiles de ese país entre finales de los años setenta y principios de los ochenta. Las ejecuciones de represalia contra amigos y familiares de genocidas hutu y las matanzas que se cometieron contra todos aquellos grupos (hutus pero, repito, también tutsi) considerados una amenaza para la nueva elite en el poder muestran un método de control político y social mediante el terror.

Pero si bien cabe denunciar la propaganda del gobierno de Kagame, que relaciona toda voz crítica de las acciones del FPR y del ejército ruandés con los genocidas, tampoco podemos admitir la propaganda inversa: la "tesis del doble genocidio", sostenida entre otros por ex responsables hutu y por la Iglesia Católica, según la cual en 1990 habría comenzado un genocidio contra los hutu que continuaría aún hoy con la violencia desplegada en el este de la RDC. Esta tesis -que no se sostiene históricamente- está en el origen de la cifra de los dos millones de ruandeses muertos que cita Diagonal y en el tipo de acusaciones que se han vertido estos días contra Paul Kagame.

Más preocupante aún, esta "tesis del doble genocidio" parece influir también en el auto del juez Andreu, que -además de abordar el conflicto africano desde la óptica del terrorismo- contiene afirmaciones políticas muy discutibles. Así, en el Fundamento de Hecho número 9 escribe (los subrayados son míos): "desde el Alto Mando Militar, Paul Kagame y James Kabarebe habrían dado las ordenes oportunas para que se atacase a la Forces Armés Rwandaises (FAR) y así, en una operación planificada de antemano, como inicio de la fase final de toma del poder, aún a sabiendas que [sic] sus misiones no iban a impedir la previsible masacre de personas tutsis que no habían abandonado el país en 1.959 y que previsiblemente iban a ser asesinadas en los próximos días". Declaración muy parecida a la escrita por el juez antiterrorista francés Jean-Louis Bruguière en su auto de procesamiento contra militares ruandeses: Kagame "había optado deliberadamente por un modus operandi que, en el contexto particularmente tenso de Ruanda, sólo podía desencadenar, como reacción, represalias sanguinarias". Siguiendo este retorcido silogismo, Kagame sería el verdadero responsable del genocidio tutsi al haber provocado -entre otras cosas, mediante un atentado cuya autoría nunca ha sido probada- una reacción inevitable.

No hacía falta llegar a este grado de mistificación para expresar la indignación ante el trato de Paul Kagame como respetable líder internacional y denunciar la trama de intereses que se entrecruzan en el corazón de África. Las interferencias geopolíticas (franceses contra estadounidenses), junto con un maniqueísmo burdo, cierta obsesión por las cifras y la apropiación para debates políticos ajenos, han dificultado la comprensión de la prolongada crisis de los Grandes Lagos y la construcción de un sentido político que no recurra tanto a lugares comunes como las habituales comparaciones con el nazismo. Y es que la manipulación termina mancillando aquello que se dice defender. Por más noble que sea.