Quilombo

Manifestación del sábado 9 de enero de 2009, Santa Cruz de Tenerife. EFE/Cristobal García

La historia reciente de Tenerife es, en parte, la historia del planeamiento urbanístico. La transformación del modelo territorial y económico del litoral de la isla se ha hecho a golpe de leyes urbanísticas y planes insulares, generales y parciales de ordenación urbana, mediante los cuales el Estado  interviene para producir los nuevos espacios turísticos y acelerar la acumulación y rotación del capital. Progresivamente, la isla se ha ido convirtiendo en una metrópolis donde se pretende abolir la distancia física existente entre pueblos y ciudades, que pasan a ser distritos y donde los territorios agrícolas y los espacios naturales protegidos acaban por convertirse en "parques" urbanos destinados al ocio.

Si en otras partes hemos asistido a una transición de la metrópolis industrial a la biopolítica, donde la ciudad constituye "una dinámica viva de prácticas culturales, circuitos intelectuales, redes afectivas e instituciones sociales", y por tanto el espacio de la producción de riqueza en común (A. Negri y M. Hardt), en Canarias el pasaje se ha producido más bien a partir de la ciudad comercial y los núcleos rurales que dependían de ella. La riqueza que produce hoy la ciudad turística se traduce en un valor inmobiliario que viene determinado por externalidades tanto positivas como negativas. Bajo el feo nombre del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) encontramos una de las herramientas por la que las administraciones, los promotores inmobiliarios y los especuladores financieros capturan y privatizan esta riqueza social común.

Podría decirse que el PGOU tiene en el ámbito municipal un carácter constitucional, al afectar profundamente a la organización de la ciudad y a la vida de los ciudadanos. No es de extrañar que el proceso de aprobación de un PGOU sea un momento de alta conflictividad política y en el que las carencias democráticas se hacen más evidentes.

El pasado 4 de enero el pleno del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó finalmente el Plan General de Ordenación Urbana con los votos de Coalición Canaria, Partido Popular y el Centro Canario Nacionalista (y la ausencia de tres concejales del PSOE), tras siete años de discusiones. Varias organizaciones sociales y partidos políticos (ASSPT, PSC, IUC) convocaron una manifestación contra el PGOU para ayer sábado a la que asistieron miles de personas. Mucha gente participó preocupada por la desvalorización de sus viviendas al quedar "fuera de ordenación" en el marco del nuevo Plan. Aunque este aspecto ha sido el más polémico en los últimos días (y sería un error despreciarlo y considerar que sólo afecta a las clases medias), hay otros elementos a tener en cuenta. Según Alternativa Sí Se Puede por Tenerife, el Plan promueve la realización de infraestructuras que afectan a las últimas zonas agrícolas del municipio, la realización de actividades minero-extractivas en Montaña Talavera, la construcción de aparcamientos subterráneos y la urbanización de determinados tramos del litoral. A pesar de la concurrida manifestación, todas las esperanzas se depositan en una vía judicial que es la que puede evitar otra vuelta de tuerca en el modelo del ladrillo y el cemento. Pero ni siquiera sentencias favorables garantizan su cumplimiento por parte de las administraciones. Aunque no comparta del todo el diagnóstico del periodista Alfonso González Jerez, entiendo su pesadumbre. La única alternativa es política.