Nicole Bricq, lejos de seguir la línea del ministro de industria español José Manuel Soria en otra región "ultraperiférica" (Canarias), cometió el pecado de anunciar una "revisión profunda" de los permisos de exploración de hidrocarburos y de proponer la modificación del Código minero francés, que no tiene en cuenta el impacto ecológico de las licencias mineras que otorga la administración. Su negativa a firmar los decretos que autorizaban el inicio de las exploraciones en Guyana fue rechazado por las autoridades locales (que al contrario que las autoridades canarias sí se benefician de parte del 12% que el Estado francés piensa recaudar con la explotación petrolífera) pero sobre todo motivó la oposición frontal de la patronal francesa y las empresas petroleras Shell y Total. Ambas detentan el 45% y el 25% de los derechos de exploración en la zona.
Al día siguiente del movimiento de carteras ministeriales Shell obtuvo su autorización para iniciar la exploración. Según declaraciones de la ministra de vivienda Cécile Duflot (que por cierto no es socialista sino de Europe Écologie Les Verts), Nicole Bricq habría declarado que consideraba su traspaso a comercio como "una promoción". Ya vemos qué importancia le da el gobierno francés a las cuestiones medioambientales, por mucho que hablen de "transición ecológica". La propia Duflot privilegia la "seguridad jurídica" de los inversores por encima del principio de precaución.
Las prospecciones se producirán a bastante profundidad, entre los 2000 y los 4000 metros. Dichas prospecciones y la posterior explotación entrañan un riesgo considerable para el patrimonio natural marino y costero de la Guayana, al igual que en Canarias. Un grupo de ONGs, entre las que se encuentran Greenpeace, Oceana y WWF, publicaron un comunicado conjunto en el que reclaman "una moratoria para las prospecciones y la explotación de hidrocarburos no convencionales", al menos hasta que se reforme el código minero. Y en Guayana se ha creado un colectivo ciudadano contra las prospecciones, que se une a las ya creadas para luchar contra las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo francés.
A la vista de la sucesión de noticias sobre este asunto en los últimos tiempos, queda claro que nos encontramos ante una ofensiva extractivista por parte de las empresas petroleras, empeñadas en explotar hidrocarburos no convencionales como el petróleo localizado a altas profundidades o los gases de esquisto. Concretamente, las petroleras europeas están tratando de acceder a territorios -marinos y terrestres- integrados en la Unión Europea, sobre todo de la denominada "ultraperiferia", que hasta ahora habían quedado al margen por sus elevados costes o por su impacto ecológico y social. Desgraciadamente, la oposición al extractivismo se divide en una multiplicidad de iniciativas locales que carecen de interfaces que permitan que se comuniquen y vinculen entre ellas. Por su parte, ONGs como Greenpeace, que disponen de medios y conocimientos, así como una visión global, no parecen muy dispuestas a desempeñar este papel. Sería deseable que empezaran a hacerlo. La remoción de Bricq muestra que no bastará con solicitar firmas y enviar peticiones a las autoridades. Éstas prefieren reservar sus oídos para otra gente.
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