"Vivimos en un tiempo enqe la libertad de pensar en todas las materias amenaza lo más sagrado de la religión, y no menos la pública tranquilidad en los Estados"
El Inquisidor General, a propósito de la obra de Cesare Beccaria "De los delitos y de las penas", en carta de 25 de mayo de 1777.
No por previsible resulta menos miserable. Me refiero a la evidente campaña que están llevando a cabo los principales medios de comunicación del régimen contra Podemos, tras la sorpresa electoral del 25 de mayo. Del rosario de acusaciones con el que pretenden convencer a sus lectores para que no voten a Podemos en las próximas elecciones, destacan las que se refieren a supuestos vínculos con ETA.
A diferencia de las acusaciones de bolivarianismo, que se quedan en una irrisoria demonización política, en el Estado español la relación con ETA opera en cambio con otra intencionalidad, la de la pura criminalización, lo cual puede tener consecuencias más serias.
No hay que olvidar que en España continúa en vigor una legislación penal que será endurecida y que sostiene una concepción expansiva del concepto de terrorismo. En España sigue vigente una Ley de Partidos Políticos -hecha a la medida de la gran coalición de facto que la redactó- que impuso una condicionalidad política arbitraria y discrecional para justificar la ilegalización de partidos políticos vascos a los que no era posible aplicar el Código Penal. Si ha habido un populismo exitoso en España en tiempos recientes ese ha sido el populismo punitivo .
Los recientes ataques mediáticos contra Pablo Iglesias (por sus referencias al carácter político del conflicto vasco o el apoyo a organizaciones objeto de ilegalizaciones injustificables) buscan iniciar un calvario propagandístico-judicial que mine la imagen positiva de Podemos que reflejan las encuestas, aunque los argumentos sean tan débiles que ni con la jurisprudencia vigente permitan justificar una sentencia de ilegalización (véase lo que ocurrió en 2009 con la lista electoral encabezada por Alfonso Sastre).
En este contexto resulta comprensible que Pablo Iglesias haya querido aclarar de entrada que Podemos "condena la actividad de ETA". Pero como sucede con la izquierda abertzale vasca, ninguna condena moral será suficiente para los inquisidores del Reino. La legislación antiterrorista ha conseguido desplazar progresivamente el reproche penal por las acciones concretas que una persona pueda cometer, a la criminalización por lo que se es o se piensa en tanto que integrante del colectivo equivocado. La pertenencia a una organización terrorista viene determinada principalmente por lo que diga el Estado, con independencia de las actividades reales que lleve a cabo un grupo determinado de personas. Es dudoso que haya intervención judicial al respecto, pero los buenos mafiosos se bastan con las amenazas.
Conviene aclarar aquí al menos tres cosas. En primer lugar, el grupo armado ETA hoy no es más que un espectro en vías de extinción y los principales responsables de que no desaparezca definitivamente son el gobierno del Partido Popular y el PSOE, con la ayuda inestimable de la Audiencia Nacional y los medios de comunicación que les sirven como aparato propagandístico. En segundo lugar, la "teoría del entorno", que los citados responsables continúan aplicando con celo inquisitorial, constituye un atentado contra la democracia, sobre todo si tenemos en cuenta la desproporción de las penas que se suelen imponer. Resulta intolerable que una actividad legítima y legal como el apoyo organizado a personas presas justifique detenciones policiales como ha sucedido con Herrira (en cuyo proceso todavía no ha sido dictada sentencia), como también lo es emplear la estigmatización resultante para extender redes de sospecha sobre la disidencia política. Y tercero, la desaparición de ETA no supone el fin del uso del concepto del terrorismo contra el disenso político, como muestra el desarrollo a nivel europeo de políticas "preventivas" contra la "radicalización". En este sentido, constituye un acierto que Podemos haya incluido en el programa de las pasadas elecciones el "fin de las políticas antiterroristas y de seguridad ciudadana que vulneren la libertad de expresión, los derechos de asociación, de manifestación y de protesta, y las garantías procesales que deben asegurarse para todas las personas".
Que el director de El País afirme sin recato en JotDown que Podemos "son antisistema democrático" es un anticipo de lo que vendrá en los próximos meses. Frente al éxito comunicativo de Podemos a la hora de presentar a "la casta" (política, económica, mediática) como una elite antidemocrática, los partidos y los medios que se sienten aludidos pretenden rescatar viejas líneas divisorias que antes de 2011 habían dado sus frutos: "nosotros somos los demócratas, ustedes los violentos". Signo de la transformación política en curso, hoy los crédulos son muchos menos y semejante aseveración solo merece nuestra burla. Un choteo que es necesario, pero no suficiente. Son recurrentes las detenciones por hacer cosas como manifestarse, mientras seguimos sintiéndonos obligados a dar explicaciones dentro del marco conceptual que ampara las pulsiones más represivas del régimen. La deconstrucción de dicho dispositivo ideológico será una tarea fundamental en la construcción constituyente de una sociedad más libre.
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