Quilombo

Se veía venir. Tras el éxito literario de ¡Indignaos! de Stéphane Hessel -no tanto el de sus secuelas- tenía que llegar una clara respuesta desde arriba. No hay revolución sin su contrarrevolución. El ministro español del Interior Jorge Fernández Díaz, convencido de que la agitación que alteró a sus compatriotas se debe a malas influencias extranjeras, acaba de presentar, en nombre del gobierno, ¡Ofendeos!, una adaptación local del best seller represivo que está dando la vuelta al mundo. Su compañero José Manuel "Repsol" Soria promete una versión que se ajuste mejor a la sonoridad canaria (¡Oféndanse!). Si Hessel contaba en su pedigrí el haber formado parte de la Resistencia francesa al nazismo, Fernández Díaz contrapone su condición de miembro supernumerario de un movimiento que ha sabido perdurar mejor en el tiempo: el Opus Dei.

¿Quién debería ofenderse? El gobierno asegura que España, las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas. Es decir, el Estado, y en especial las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que no les gusta que le llamen por su verdadero nombre. No puede ser que el gentío les tome por el twitter del sereno. También, sin duda, las nuevas generaciones de españoles, hoy en manos de los que protestan. De ahí que en lugar de un panfleto, Fernández Díaz haya optado por lo seguro, un remake de la socialista ley Corcuera -gran éxito en su momento- que será publicado por la veterana editorial BOE. Al igual que con la Ley de Partidos, se trata de cubrir por la vía administrativa el vacío que deja el remendado Código Penal, ya que por una fastidiosa costumbre garantista, no todo puede ser delito sancionado con prisión.

Negar a España una vez tiene un pase (infracción grave), pero hacerlo tres veces antes de que cante el gallo tiene que ser infracción muy grave, con multas que pueden ir de 30.001 euros (suponemos que si solo se menta a Canarias, Ceuta o Melilla) o de hasta 600.000 euros (si hablamos de la "patria común e indivisible"), lo cual son cifras tamaño Bárcenas. En un país donde muchos se cagan en Dios y donde pocos pagan las multas la morosidad podría poner en jaque al Estado, como antes las hipotecas impagadas sacudieron al sistema financiero. Habrá a quien esto le parezca una barbaridad, y hasta es posible que el Tribunal Constitucional lo invalide, pero cuando esto suceda bien pudiera ser que otros artículos -los relativos a la reincidencia, las protestas no comunicadas o antes de la jornada electoral...- sean reafirmados como hechos consumados. Tal y como sucedió en 1993 con la retención policial para identificación, hoy convertida en un clásico. Es lo que tiene fijarse solo en el título.

En fin, en esta nueva obra no falta la solidaridad con el pueblo árabe, donde la tranquilidad ciudadana está tan alterada. Stéphane Hessel tuvo el detalle de acordarse de los palestinos; Fernández Díaz, del gobierno egipcio, que acaba de poner en práctica una nueva ley de protestas. Tanto ésta como la ley española -que contempla más cosas que las protestas- prohíben la violación del orden público (rebautizada aquí como perturbación de la seguridad ciudadana, concepto cuyo significado preciso continúa sujeto a la arbitrariedad estatal), sobre todo si se hace con el rostro cubierto, así como la convocatoria y organización de protestas no comunicadas. La ley egipcia, sin embargo, es más dura y prevé penas de cárcel, pero de esto ya se encarga el Código Gallardón, en una sofisticada división del trabajo propia de un Estado miembro de la Unión Europea.

Este es, sin lugar a dudas, el libro de estas navidades. No habrá que desembolsar un solo euro por él. Ya lo hemos pagado con creces.