Quilombo

Este fin de semana se celebran en Canadá sendas cumbres del G-8 (en Muskoka) y del G-20 (en Toronto). En el marco de las negociaciones sobre la reforma del sistema financiero internacional, en esta ocasión la Unión Europea desea promover el debate fiscal, tras los duros ajustes que se han aprobado en la región para contentar a los inversores. Las arcas estatales de Estados Unidos pero sobre todo las de la UE han quedado afectadas por la reducción de ingresos debido a la menor actividad económica, una estructura fiscal obsoleta y la aplicación de planes nacionales de apoyo al sistema financiero y de estímulo económico. Pero el recurso al endeudamiento, como consecuencia de las fuertes necesidades de financiación de los Estados, combinado con la ausencia de voluntad política, ha allanado el terreno para que los neoliberales más recalcitrantes (los "halcones del déficit", en la definición de Paul Krugman, que son legión en Europa) hagan bueno aquello de que "la mejor defensa es un ataque", materializado en forma de fuerte ajuste presupuestario. ¿Defensa de qué? De privilegios de clase, de estatus político y social. El miedo que impregna el ambiente también viene de arriba. Si el problema se limitara a unos pocos especuladores todo sería mucho más sencillo.

Con este panorama, en el comunicado final de la reunión de ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros del G-20 celebrada en Busan (Corea del Sur), se acordó de pasada que: "el sector financiero debe hacer una contribución justa y sustancial dirigida al pago de la carga asociada a las intervenciones de los gobiernos, allí donde se produzcan, para reparar el sistema bancario o para aportar fondos. (...) El FMI entregará su informe final en la Cumbre de Toronto." Tanto el FMI como la Comisión Europea han elaborado documentos de trabajo para explorar en qué puede consistir esta "contribución justa y sustancial" del sector financiero, aunque ni el país anfitrión ni los Estados Unidos deseen profundizar mucho en la cuestión.

El FMI se puso manos a la obra y, como se filtró en abril de este año, estudió dos tipos de impuestos, sobre los que a veces reina cierta confusión. El principio es el de que los bancos contribuyan a la "solución" de las crisis financieras, sin que se distorsione demasiado el funcionamiento de los mercados financieros.

En primer lugar, nos presentan un tributo que se aplicaría a las entidades financieras, que el FMI basa en los pasivos de dichas entidades, y al que denomina contribución financiera a la estabilidad (FSC en sus siglas en inglés). La Comisión Europea emplea por su parte el término "fondo de resolución bancaria", mientras que Suecia ya aprobó un tributo nacional bancario con el nombre de "fondo de estabilidad". Estados Unidos acaba de aprobar una reforma del sistema financiero, pero la idea de un fondo equivalente se ha quedado por el camino, lo que dificultará la negociación en el G-20. En todos estos casos, los ingresos obtenidos se destinarían a cubrir el coste de futuros rescates o reestructuraciones de instituciones financieras. Su alcance es, pues, muy limitado y supeditado a una regulación más amplia del sistema financiero. Según la Comisión, "los fondos de resolución bancaria deberían mantenerse al margen del presupuesto nacional [lo que Francia discute] y destinarse solo a sufragar los costes de resolución." En la propuesta del FMI, se aplicaría un tipo único (flat rate) aunque más tarde podría ajustarse para reflejar el riesgo institucional o la contribución al riesgo sistémico. Esta idea de una exacción bancaria con el único objetivo de salvar las instituciones financieras es la que reúne un mayor consenso, y podría ser aprobado por la Unión Europea con independencia de lo que se decida en el G-20.

El segundo tributo que analiza el FMI es un impuesto a las actividades financieras (FAT, en inglés), de nuevo para cubrir solamente los costes asociados a las crisis bancarias. Este tributo se aplicaría a los beneficios brutos y las remuneraciones de los bancos y entidades financieras, y probablemente se añadiría al anterior tipo de impuestos con el fin de obtener fondos suficientes. Por su concepción, equivale a una especie de IVA para los productos financieros.Los liberal demócratas ingleses propusieron un impuesto de este tipo en su manifiesto electoral.

Ni el FAT ni el FSC tienen nada que ver con un impuesto a las transacciones financieras (FTT, en inglés), cuyas versiones más conocidas son la Tasa Tobin (que sólo se aplicaría a las operaciones de intercambio de divisas) y la Tasa Robin Hood (aplicable a un conjunto de operaciones financieras más amplio que la Tasa Tobin). Hay también quien aboga por un impuesto que se aplique a todas las transacciones. A diferencia de los impuestos citados, un FTT:

a) se aplica no a los activos o pasivos de la entidad bancaria, sino a las transacciones financieras que se realicen (a una clase determinada o a diversos tipos de transacciones);
b) generaría ingresos mucho mayores (una tasa de 0,5 % permitiría recaudar cientos de miles de millones de euros), mientras que los impuestos bancarios sólo recaudan fondos suficientes, y de mucha menor cuantía, en aquellos países con importantes sectores financieros; y
c) está vinculado a la realización de políticas públicas de manera estable y no coyuntural (es decir, no a reflotar bancos en caso de crisis).

Este último aspecto es decisivo, y pone de manifiesto cómo el problema del déficit y del ajuste es principalmente político, no económico. El propio FMI admite en el informe intermedio que ha preparado para el G-20 que no existen razones prácticas que impidan instaurar un impuesto global sobre las transacciones financieras. De hecho, a escala nacional ya existen impuestos sobre transacciones específicas, aunque tal y como están concebidos recaudan pequeños montos en comparación con un FTT.Significativamente, el país del G-20 con una mayor cobertura en este tipo de tributos es Argentina, país que acabó escarmentado tras aplicar políticas de ajuste como las que continúa recomendando el FMI.No obstante, acto seguido el FMI se dedica a criticar el FTT, entre otras cosas porque según sus expertos "no se centra en las principales fuentes de la inestabilidad financiera" y porque "se distorsionan las decisiones empresariales, reduciendo el rendimiento total".Esta opinión la comparten gobiernos como los de Estados Unidos, Suecia o el Reino Unido. Una lectura cargada de ideología y que ilustra muy bien una interpretación de la crisis según la cual el crack financiero de 2007-2008 es la causa y no la consecuencia de males más profundos.