La semana pasada ningún diario español informó de la muerte del general Smaïl Lamari, número dos de los servicios secretos argelinos y jefe de la dirección de contraespionaje (DCE) desde hacía 17 años. Tal vez por coincidir con otros decesos que nuestros medios han explotado hasta el aburrimiento.
O no. El azar ha querido que Lamari muriera justo un día después que lo hiciera el marroquí Driss Basri, Ministro del Interior durante el reinado de Hassan II, y responsable de la feroz represión contra la oposición al régimen y contra el movimiento saharaui. Podrían haber sido excelentes amigos de no ser por las diferencias que ambos países mantienen sobre el Sahara Occidental. Ambos compartieron la afición por la represión y por las tácticas de contrainsurgencia, un eufemismo que resume el repertorio de secuestros, ejecuciones extrajudiciales, tortura y propaganda que suelen emplear los gobiernos para erradicar opositores, pertenezcan a grupos armados o no, y sobre todo para extender el terror en la población, lo que facilita su sumisión. Ninguno de los dos llegó a septuagenario (Basri murió con 69 años, Lamari con 66), y ninguno fue juzgado jamás por crimen alguno.
Que el nombre de Smaïl Lamari apenas aparezca en los medios de comunicación occidentales nos indica que fue mucho más eficaz que su colega marroquí. El despacho del enviado de la agencia EFE en Argel nos muestra la versión oficial del gobierno argelino: Lamari fue el "hombre que negoció con los integristas". En cuanto a sus responsabilidades en el terrorismo de Estado de los 90, el corresponsal nos sorprende con lo siguiente:
"Sus enemigos le tildaron de todos los vicios, llegando a acusarlo de haber "manipulado" a varios cabecillas del Grupo Islámico Armado (GIA).
En el delicado puesto que ocupaba "era natural que fuera detestado o adulado por unos u otros, aunque no se le puede quitar el mérito de haber asumido personalmente negociaciones con los terroristas", afirmó hoy a Efe uno de los agregados militares occidentales en Argel, quien solicitó el anonimato."
Es como decir que Pinochet tuvo el mérito de "estabilizar" Chile y convocar un plebiscito en 1988. Las negociaciones a las que se refiere la nota se limitaron al Ejército Islámico de Salvación (EIS), brazo armado del FIS, el partido islamista ganador de la primera vuelta de las elecciones legislativas en diciembre de 1991. El EIS había declarado una tregua desde octubre de 1997. Los atentados que cometió el EIS se dirigieron fundamentalmente contra funcionarios de las instituciones del Estado e intelectuales afines. Sin embargo, fueron los grupos que se reclamaron del GIA (Grupos Islámicos Armados) los autores de las principales masacres en tierras argelinas durante el bienio trágico de 1997-1998 y que tanto recuerdan a las brutales carnicerías del Irak de hoy.
Lamari murió la víspera del décimo aniversario de una de las más terribles matanzas, la masacre del barrio de Errais en Sidi Moussa (Argel). El 28 de agosto de 1997 hombres fuertemente armados con Kalachnikov, puñales y hachas descendieron de camiones aparcados a unos cientos de metros de un cuartel militar y acabaron asesinando a más de 300 personas, e hiriendo a otras 200. Unos portaban pasamontañas y otros barbas falsas, según los testimonios concordantes de los supervivientes. Ningún militar salió del cuartel a proteger a la población. Un esquema que se repetiría bastantes veces, por lo general en zonas donde predominaba el apoyo al FIS antes de 1992. El inicio de las masacres coincidió con el ruido de sables en la cúpula militar, donde se enfrentaron partidarios de la negociación con el FIS/EIS (el general Mohamed Betchine, vinculado al presidente Liamin Zerual) con los erradicadores más intransigentes, entre los que se encontraba Lamari. Las matanzas en zonas de voto mayoritario islamista se dirigían contra la verdadera oposición armada (grupos escindidos del GIA, miembros del EIS) y su entorno familiar y social.
Y es que todo apunta a que, efectivamente, los GIA estuvieron infiltrados por los servicios secretos desde el principio. El GIA fue una nebulosa de grupos autónomos, algunos infiltrados, otros directamente creados por los servicios secretos, y otros que, con fanático entusiasmo, participaron del ideario takfirista del combate al impío. De este hecho, convenientemente ignorado, dan cuenta innumerables testimonios, tanto de los supervivientes de las masacres, de militares de diverso rango que acabaron por desertar (en España se ha publicado únicamente "La muerte en Bentalha", de Nesroulah Yous, y "La guerra sucia" de Habib Souaidia), e incluso algún ex primer ministro (Abdelhamid Brahimi, primer ministro de Argelia entre 1984-1988, denunció que fueron los servicios de seguridad argelinos los que asesinaron a 31 miembros de su familia en Medea). Destacan el informe de Salima Mellah, de Algeria Watch, "Les massacres en Algérie, 1992-2004", y el libro Françalgérie, de los periodistas Lounis Aggoun y Jean-Baptiste Rivoire. No sólo eso, en los últimos años, en los mismos periódicos argelinos se han ido sucediendo, a cuentagotas, las declaraciones de altos dirigentes comentando tal o cual suceso, e insinuando la participación de las fuerzas de seguridad.
Junto a las fuerzas del orden regulares, los "escuadrones de la muerte" paramilitares (incluyendo los que infiltraron grupúsculos islamistas), y los grupos islamistas verdaderamente autónomos, otro actor importante del conflicto lo constituyeron las milicias "civiles" impulsadas por el Estado para luchar contra el maquis islamista en el campo, un método típico de la contrainsurgencia, que alimentó la espiral de venganzas colectivas.
Aclarar la responsabilidad del Estado argelino en la "guerra sucia" de los 90 no significa ceder a una equidistancia moral que equipare a víctimas con verdugos, o caer en un "todos contra todos" que exima también de responsabilidades. Quiere decir que en el inventario de las atrocidades, en las que sin duda participaron grupos armados islamistas, no puede faltar gente como Smaïl Lamari. Ni se puede olvidar el golpe de estado de 1992 y la represión posterior contra todo lo que oliera a islamista, disfrazada de "guerra de la democracia contra el terrorismo islamista". El ex-coronel Mohamed Samraoui, miembro de la DCE en la época, cuenta en "Chronique des années de sang" cómo en fecha tan temprana como mayo de 1992 Smaïl Lamari se mostró "dispuesto y decidido a eliminar 3 millones de argelinos si hace falta para mantener el orden que los islamistas amenazan". Sea cierta o no esta aseveración, en Argelia no se han podido crear comisiones de la verdad, ni se han realizado procesos judiciales contra los principales sospechosos, algo que en todo caso no podrá llevarse a cabo en condiciones óptimas mientras responsables como Lamari o Mohammed Médiène sigan en el poder, mientras se aprueban leyes de amnistía que garantizan la impunidad y se mantiene en el país el "estado de urgencia", en vigor desde hace ya quince años.
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