Quilombo

A principios de septiembre de 2007 la compañía estatal de hidrocarburos Sonatrach anunció la rescisión unilateral del contrato suscrito con Repsol YPF y Gas Natural para explorar, producir y comercializar gas natural licuado (GNL) en Gassi Touil. La rescisión formaba parte del viraje de la política gasística y petrolera de Buteflika, desde que el inicio de su enfermedad desestabilizara los equilibrios políticos existentes en el seno del régimen argelino. En julio de 2006 Buteflika había anulado las disposiciones de la ley de hidrocarburos de febrero de 2005. Esta ley había otorgado a las compañías extranjeras concesiones extremadamente generosas, entre ellas  el derecho a poseer entre 70% y 100% de las reservas y de la producción de todo yacimiento que explotara en asociación con la compañía nacional Sonatrach. Mientras los medios españoles leyeron la rescisión del contrato de Gassi Touil en clave localista, lo cierto es que el cambio de política afectó sobre todo a los intereses de Estados Unidos.

Se ponía fin de este modo a una luna de miel con los estadounidenses que había comenzado tímidamente en 1999 y que había cobrado un renovado impulso tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Junto con la anulación de una ley que apenas contaba con año y medio de vida se sucedieron hechos como el escándalo de corrupción en Brown Root & Condor, filial de Halliburton, y principal compañía inversora en el país; el incremento del canon que deben pagar las compañías de hidrocarburos al Estado argelino en un contexto de incremento general de precios, siguiendo el ejemplo de países como Venezuela o Bolivia; o el rechazo a que Argelia acogiera la sede de Africom, el nuevo mando militar unificado del departamento de defensa norteamericano, encargado de las operaciones militares en África.

Sin embargo, los generales janvieristes (por el golpe de estado de enero de 1992) vinculados al jefe de los servicios secretos (DRS) Mohammed Médiène "Tewfik", que detentan las riendas del núcleo duro del poder, no parece que hayan visto con buenos ojos este cambio radical de política, que ha llevado a Argelia a alejarse del "amigo americano". El surgimiento de un "Al Qaeda del Maghreb Islámico" de contornos difusos y la multiplicación de los atentados en el periodo reseñado podría no ser casual. A ojos de los críticos del poder argelino, estaríamos ante una nueva guerra de clanes.

Un mes después de la rescisión del contrato de Repsol y Gas Natural, que han llevado el asunto a un arbitraje internacional, el gobierno argelino tensaba de nuevo la cuerda, amenazando con anular el contrato con la empresa española OHL (sí, los del AVE en Cataluña) para la construcción de una línea férrea entre Annaba y Ramdane-Djamel. Argelia denuncia retrasos injustificados en el inicio de las obras. OHL se arriesga a perder otros proyectos de obras públicas, bajo la acusación de recurrir de forma abusiva a la subcontratación. Al día siguiente de que se publicara esta noticia, el 17 de octubre el ministro de industria Joan Clos aseguraba, en su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, que el gobierno estaba "buscando todas las medidas posibles para que [el contencioso entre Sonatrach y Repsol/Gas Natural] se resuelva de la mejor forma para las dos partes y los dos países". Destacó que las perspectivas de solución eran "favorables".
 
Y tan favorables. Cuatro días después de estas declaraciones, el 22 de octubre, la policía española detenía en Benalmádena a Mohammed Samraoui, antiguo coronel y número 2 del DRS, conocido por sus confesiones y denuncias de la "guerra sucia" de los años noventa en su libro "Crónicas de los años de sangre". Refugiado en Alemania, donde obtuvo asilo político en 1996, Samraoui es el oficial de más alto rango dentro del grupo de militares que desertaron del ejército en aquellos años. No existía un mandato de Interpol de búsqueda y captura, por lo que la detención se debe a una petición directa del gobierno argelino, como insinúa el diario argelino Liberté. Teniendo en cuenta la importancia del detenido, lo más probable es que el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba haya estado directamente implicado en el arresto.

No sabemos de qué delitos se le acusa. Probablemente el gobierno argelino solicitará la extradición, que vendría facilitada por el convenio de extradición con Argelia que firmó Juan Fernández López Aguilar en diciembre de 2006, lo que no deja de ser lamentable teniendo en cuenta que el estado de emergencia declarado en febrero de 1992 sigue vigente y que se siguen produciendo importantes violaciones a los derechos humanos, sobre todo torturas (ver los informes que organismos no gubernamentales han remitido recientemente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas).

¿Dependerá la suerte de Samraoui de otras negociaciones entre bastidores? Para salir de dudas, habrá que estar pendiente también de las páginas que los diarios dedican a la economía.