Ya tenemos debate para las elecciones autonómicas canarias. Mientras el PSOE se centrará en los casos de corrupción urbanística que afectan fundamentalmente a Coalición Canaria y al Partido Popular, otros (sobre todo CC) van a apostar por denunciar la inmigración incontrolada, favorecida por el gobierno central. En realidad, ambos temas están profundamente relacionados, y tienen que ver con nuestro modelo económico de desarrollo.
El recién nombrado candidato de CC a la presidencia de la comunidad autónoma, el alcalde y diputado Paulino Rivero ha declarado en una entrevista, sin sonrojarse, que “si queremos mejorar la educación, si no queremos que se sigan colapsando las listas de espera, si queremos que nuestra gente pueda acceder a un puesto de trabajo, y si queremos que nuestra gente pueda acceder a una vivienda de protección oficial (…) hay que controlar el crecimiento de la población.”. Paulino ya ha encontrado el chivo expiatorio del pésimo gobierno de los de siempre: el inmigrante. Es más, reivindica una ley que imponga límites al crecimiento de la población.
Por su parte, el candidato a regañadientes Juan Fernando López Aguilar suele abordar la cuestión repitiendo la retahíla de la necesidad de la lucha contra la inmigración irregular y contra las mafias que trafican con personas, y la cooperación de los países de origen en las deportaciones mediante la firma de convenios de readmisión.
Sin embargo, pese a las apariencias, el discurso abiertamente demagógico de Rivero no difiere tanto del tecnicismo sosegado de Aguilar. El falso cosmopolitismo del que hace gala el PSOE parte de las mismas premisas nacionalistas que se pretenden denunciar.
El utilitarismo mezquino (la inmigración es buena para “nuestra” economía y para mantener “nuestro” estado del bienestar) coexiste con un formalismo jurídico basado en la farsa del concepto de “inmigrante ilegal”, que sirve de justificación para no reconocer libertades de las que sí disfrutan los nacionales o ciudadanos europeos. Las últimas iniciativas del gobierno español y de la Unión Europea, consistentes básicamente en reforzar los controles fronterizos y sentar las bases de una política migratoria común que mantenga inalterados el sistema de permisos de trabajo y de residencia (así como las diversas formas de ius sanguinis, las barreras contra el reagrupamiento familiar, la limitación del derecho de asilo, los tortuosos recorridos de naturalización) traducen el mismo mensaje: algunos extranjeros no son bienvenidos. El rechazo a que el carguero Marine I, con 400 inmigrantes asiáticos y africanos a bordo en penosas condiciones sanitarias, arribe a puertos canarios, es una muestra más de esta actitud miserable.
Lo mismo se deduce del chantaje que implica subordinar la ayuda oficial al desarrollo a la vulneración, por parte de países beneficiarios como Senegal, del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a emigrar. Se ha insistido mucho en reclamar más ayudas para los países africanos, pero siempre con la intención de reducir los flujos migratorios hacia Europa, reincidiendo en la percepción negativa de los mismos. Por lo demás, es discutible la eficacia de tales instrumentos de cooperación en la contención de la inmigración africana, no así en la emigración de expatriados europeos a países africanos, menos numerosa, claro, pero que nunca se va a cuestionar.
La ambigüedad de este discurso no es inocente, sirve para determinar quién debe ser considerado inmigrante y, por extensión, quién es ilegal, quién puede ser encerrado en los infames centros de internamiento para extranjeros, quién puede ser deportado o, por el contrario, quién puede acogerse a una cuota o acceder a una regularización, según convenga. Es la famosa gestión o control de los flujos migratorios que reclaman los expertos progresistas, como si se tratara de fluidos manipulables a voluntad, cuando de lo que hablamos es de seres humanos con múltiples proyectos de vida e insertos en redes sociales y comunitarias heterogéneas, que comparten el deseo de una vida mejor, pero que no necesariamente se traduce en la búsqueda del tipo de empleo al que nuestras administraciones, la patronal o los sindicatos pretenden asignarlos. En este caso, “controlar” implica jerarquizar y segmentar los mercados de trabajo, origen de futuros guetos y conflictos. Se exigen visados a unos países y no a otros, se permite la libre circulación a unos europeos pero no a otros, y así sucesivamente.
Con la crisis de los cayucos hemos pasado de la ambigüedad a la hipocresía. Pocos admiten que si los senegaleses pudieran entrar sin visado en el espacio europeo Schengen (por tanto, no sólo a Canarias), en avión (es decir, pagando menos dinero que a los especuladores que se aprovechan de nuestra política para inflar los precios), no estaríamos hablando de miles de muertos a pocos kilómetros de nuestras costas. Así de simple, como hacen la mayoría de los inmigrantes que llegan a España. Este es el vergonzoso precio que muchos están dispuestos a pagar, pues se muestran incapaces de explicar, sin caer en argumentos racistas, por qué los negros africanos no pueden hacer lo mismo que los peninsulares, sudamericanos, europeos comunitarios que vinieron y se instalaron en el archipiélago, atraídos por un crecimiento turístico e inmobiliario desmesurado. ¿Cómo contradecir las manipulaciones de nuestros lepenistas locales, si acabamos asumiendo la esencia de su pensamiento?.
Es muy triste que incluso los profesores universitarios agrupados en el Grupo Interuniversitario de Opinión, defensores del pueblo saharaui, argumenten que "un Sáhara independiente no tendría ningún interés en no colaborar con España en la lucha contra la emigración ilegal (sic), a diferencia de lo que ocurre con Marruecos." Flaco favor hacen a los saharauis, que sólo les faltaba convertirse en gendarmes a sueldo de Madrid.
Es cierto que Canarias ha incrementado fuertemente su población en la última década, a un ritmo más intenso que la media estatal. Pero las razones hay que buscarlas en el modelo económico centrado en el binomio turismo-construcción. Canarias lleva treinta años creciendo económicamente por encima de la media española, lo que no ha impedido que las tasas de desempleo se sitúen entre las más elevadas de España, o que los salarios sean los más bajos.
Ya es hora de romper con la lógica del apartheid migratorio, y poner en discusión la premisa mayor de nuestras limitadas democracias liberales, que consiste en el reconocimiento de la ciudadanía plena sólo a una parte de la población que reside, trabaja y vive en un territorio determinado, lo cual deriva a su vez del control estatal de la movilidad humana, que es lo que reclaman Rivero y Aguilar, cada uno a su manera. ¿Nos atreveremos a reivindicar por fin la igualdad incondicional de derechos civiles, políticos, sociales, de los inmigrantes que se instalen, y a proponer que su entrada no equivalga a un humillante calvario?
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