Quilombo

La propuesta del ministro de justicia español Mariano Bermejo, de reformar las vías de acceso a la judicatura, ha provocado un enorme (y esperado) revuelo. Bermejo propone sustituir las duras oposiciones por una formación de cuatro o cinco años a la que se accedería en función del expediente académico. Las voces más críticas (muchas provenientes del PP, verdadera cantera de opositores) denuncian que semejante reforma pretende sustituir el acceso por méritos objetivos por el puro enchufismo, sobre la base de la pura arbitrariedad. Pudiera ser, aunque las mismas voces críticas nunca han cuestionado seriamente la existencia de cientos de jueces sustitutos que no han pasado por prueba selectiva alguna. Al menos cuando han ocupado puestos en el gobierno. Que domine o no la discrecionalidad depende de otros factores. Uno decisivo es el incremento del número de plazas, una de las causas principales del atasco judicial. España posee uno de los ratios juez/habitante más bajos de Europa.

No todos los argumentos que ha aportado el ministro para justificar la reforma tienen el mismo peso. El descenso de opositores no es tan alarmante como alega: 3.700 para 200 plazas, una proporción de 18 a 1 más o menos. La proporción en otras oposiciones es menor, y en otras, mucho mayor: por ejemplo, las oposiciones generales a funcionario europeo pueden llegar a tener una proporción de 75 a 1. Sin embargo, entre ambos procedimientos selectivos hay una diferencia fundamental, a la que apunta otro de los argumentos que aporta Bermejo, mucho más interesante. Si para una oposición a juez es preciso pasar no menos de dos años literalmente recluido (¡cinco años de media!), en casa o en un colegio mayor, memorizando códigos y reglamentaciones para exponerlo como una máquina ante un tribunal, en concursos como los de las instituciones europeas o de otros países no se exige tanta memorización, por lo que las pruebas son bien distintas: tests, redacción de textos, entrevistas. Bermejo alega que no es bueno que alguien pase cinco años en semejante arresto domiciliario. Y en este punto he de darle la razón.  

Probablemente no se haya estudiado lo suficiente las consecuencias psicológicas de estos encierros, por más que sean voluntarios. Sobre todo cuando son tan prolongados. A partir de cuatro años, un opositor u opositora (la mayoría de quienes se presentan son mujeres) ha acabado perdiendo prácticamente todo vínculo social, limitándose a relacionarse con su familia más cercana. No es fácil mantener amistades en esas circunstancias. Muchos acaban teniendo una relación patológica de dependencia con el preparador (normalmente, otro juez), pues su vida acaba girando en torno al parecer de una sola persona. Y su única conexión con el resto del mundo suelen ser los medios de comunicación, si es que les quedan ganas después de pasar diez horas delante de la Ley de Procedimiento Civil. Su forma de ver la realidad termina siendo muy distinta de la del resto de los mortales. No necesariamente mejor.

En realidad, el sistema no fomenta el conocimiento de una materia cuyos detalles se acaban olvidando después de las oposiciones, sino técnicas de memorización de esquemas y de exposición ante un tribunal. Y sobre todo la anulación de todo espasmo de pensamiento crítico. Aquí reside, en mi parecer, la causa del mantenimiento de este tipo de pruebas.   

Tras cinco, seis o siete años (y probablemente algunos fracasos), alguien que llega a la Escuela Judicial está mentalmente preparado para la siguiente fase: la del adoctrinamiento, por si no bastara con la universidad. En la Escuela Judicial de Barcelona, tan importante como la enseñanza práctica es la ideológica, y sobre todo la corporativa: saber a quién poder arrimarse es una de las lecciones más importantes, y las querellas de los clanes de la cúpula judicial suelen reproducirse en el profesorado. En ese momento, un juez piensa antes en su primer destino, que en cambiar las cosas.  

Se dirá que el juez debe limitarse a aplicar la ley, y punto. Pero esto no es así. La ley no puede dar cuenta de la complejidad de la vida, de ahí la importancia del juez en la interpretación y aplicación de las leyes. De este modo, la nueva batalla político-judicial se lleva al terreno de las subjetividades de los jueces. No sé si Bermejo quiere jueces menos conservadores o simplemente de su cuerda (que un juez pertenezca a una determinada asociación o partido no lo hace más progresista). Sabe, eso sí, que según cómo se moldeen las cabecitas de nuestros futuros jueces, determinados proyectos políticos se llevarán a cabo o no.   

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P.D.: pido disculpas a quienes no hayan podido enviar mensajes al blog. En principio, el problema debería estar resuelto ya.