En agosto de 2002, el refugiado filipino José María Sisón, ex presidente del Partido Comunista de Filipinas, que vive en los Países Bajos desde 1987, se entera de que el banco no ha cursado las órdenes de pago que había realizado para pagar determinados gastos (dentista, la cuenta del comercio donde suele hacer sus compras). Acude a su banco, que le comunica (su banco, no el juez) que sus fondos han sido congelados a petición del gobierno holandés, que lo ha incluido en una lista de personas y organizaciones sospechosas de estar vinculadas a actividades terroristas. Por el mismo motivo pierde la asistencia social que recibía. Recurre la resolución, pero en mitad del procedimiento, el gobierno quita su nombre de la lista y solicita al Consejo de Ministros de la Unión Europea que lo incluya en una lista similar de ámbito europeo. Una vez que el Consejo lo incluye en la lista, sólo le queda la opción de recurrir al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
Pues bien, hoy el TPI ha anulado la inclusión de J.M. Sisón en la lista del Reglamento 2580/2001 del Consejo, por haberse vulnerado claramente su derecho a la defensa mediante decisiones que no han sido motivadas ni notificadas. También ha anulado la inclusión en la misma lista de la asociación Stitching Al Aqsa, una fundación holandesa que apoya a las organizaciones palestinas en las situaciones de emergencia humanitaria. A Sisón se le acusa de dirigir la organización armada vinculada al PCF, pese a que hace más de veinte años que vive en los Países Bajos, y que no existe ninguna condena penal contra él en ningún país del mundo. A la fundación holandesa se le acusa de transferir fondos a Hamás, pero tampoco hay condena penal por ningún lado.
El Tribunal no entra, sin embargo, a cuestionar la legalidad del Reglamento 2580/2001, que sigue en vigor, por lo que en teoría el Consejo podría volver a incluir a J.M. Sisón en la lista, subsanando determinadas carencias procesales. De momento, Sisón mantiene una causa abierta contra los Países Bajos ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo, por lo que seguirá perdido en su particular laberinto judicial.
Y el tiempo corre a favor de los inquisidores.
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