Quilombo

Appalled by Lampedusa tragedy. Thoughts are with victims and families. We must redouble efforts to fight smugglers exploiting human despair.

— Cecilia Malmström (@MalmstromEU) October 3, 2013

Ho convocato il cdm alle 1730 per proclamare il lutto nazionale nella giornata di domani per la immane tragedia di #Lampedusa

— Enrico Letta (@EnricoLetta) October 3, 2013

Ci impegniamo a promuovere nel mondo assegnazione premio Nobel per la pace a isola di #Lampedusa. Faremo per questo una grande battaglia ST

— Angelino Alfano (@angealfa) October 4, 2013

Los lamentos que nuestros gobiernos y las autoridades europeas están expresando por las muertes de más de un centenar de personas de origen africano (Eritrea, Somalia, Ghana) cerca de la isla de Lampedusa constituyen un insulto que se añade al desprecio sistemático por la dignidad humana que representan las políticas migratorias europeas. Por no hablar del coro fascista habitual. Los seres humanos (no bestias, no mercancías) que viajaron "irregularmente" pagaron entre 1.200 y 2.000 euros por la barcaza que debía conducirles a la diminuta isla de Lampedusa, que ni siquiera era su destino final. Es decir, que podían haberse pagado un billete de avión de haber procedido del país adecuado.

La causa fundamental de esta tragedia no son, sin embargo, los traficantes de personas, que son a su vez otra consecuencia. La causa principal la expuso en abril con palabras diplomáticas el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau:

"el incremento de reglas cada vez más complejas y restrictivas sobre las condiciones de entrada, y las cada vez más estrictas políticas de gestión de fronteras (...) se han visto acompañadas por requisitos de entrada a la zona Schengen cada vez más estrictos. Antes de Schengen había requisitos de entrada relativamente flexibles o programas específicos de trabajadores invitados que permitían a migrantes de baja cualificación viajar a los Estados miembros de la Unión Europea en busca de oportunidades, y luego podían ajustar su estatus administrativo en consecuencia. En la actualidad, sin embargo, tales oportunidades son muy limitadas pues el sistema Schengen exige a la mayoría de los migrantes no europeos de baja cualificación, especialmente aquellos provenientes de países del Sur global, la obtención de un visado para poder entrar en la Unión Europea para buscar trabajo. Esto ha creado una realidad en la que los migrantes de países no europeos, y en particular aquellos procedentes de países en desarrollo sin programas de facilitación de visados con la UE, se ven imposibilitados cada vez más para poder entrar en la UE de manera legal con el fin de buscar trabajo en persona."

Asimismo, Crépeau observaba "una proliferación de regímenes de detención en Estados miembro fronterizos con apoyo de la UE" destinado a quienes solo dejan la alternativa de entrar de manera no legal, ya sean personas con derechos reconocidos a la protección (asilo) o migrantes.

Digámoslo una vez más sin rodeos: el objetivo no declarado de dichas políticas no es otro que el de consolidar sistemas dinámicos de segregación que permitan controlar y canalizar los movimientos de las personas para fijarlas en un trabajo servil. Contrariamente a lo que afirma sin rubor la comisaria europea de Interior Cecilia Malmström, el tráfico de personas y la servidumbre por deudas son en realidad una consecuencia lógica de las arbitrarias restricciones migratorias y de los controles fronterizos. La institucionalización y normalización del racismo -puestas de momento en práctica, desde los gobiernos, por liberales, conservadores y socialdemócratas, no por frentes nacionales ni por auroras doradas-, y las divisiones sociales que resultan del mismo, también. No obstante, habrá que reconocer a la comisaria que son los Estados los que se reservan las principales competencias en materia migratoria, en tanto que reafirmación de una soberanía ilusoria.

"Existen, de acuerdo con el derecho vigente en la Unión Europea, unas 20 categorías diferentes de nacionales de terceros países, cada uno con derechos diferentes que varían según los vínculos que tienen con los Estados miembros de la UE o que resultan de su necesidad para una protección especial." Es lo que admite el Manual de Derecho Europeo relacionado con el asilo, las fronteras y la inmigración, que publicó este año la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA, por sus siglas en inglés). Una maraña legislativa que combina la legislación nacional y comunitaria, y diversos instrumentos internacionales que clasifican a los seres humanos en diferentes categorías, en función del grado de movilidad que le reconocen o no los Estados. Es decir, en un territorio dado no todas ellas -y me refiero especialmente a quienes residen, viven y trabajan en el mismo durante un cierto tiempo- gozarán de los mismos derechos políticos, sociales y económicos y ello en gran parte por la forma en que se ha accedido al mismo. Tal es la función de la frontera y del visado como plácet del soberano: no evitar la circulación, que los humanos practican sin permiso desde hace millones de años, sino consagrar un multiforme régimen discriminatorio que favorezca el encauzamiento de una parte no desdeñable de la población en movimiento hacia determinadas actividades económicas con un grado elevado de explotación, vulnerabilidad y servidumbre. Esto va mucho más allá del drama de los cementerios marinos, pues la mayoría de las personas migrantes en situación irregular no entran en Schengen por vía marítima.

Estas son las veinte categorías (en inglés) que FRA ha identificado:

La gama de posibilidades es amplia, y una misma persona puede pasar por una o varias de estas situaciones, sin garantías de progreso social. Arriba están quienes gozan de más libertad de movimiento, los denominados ciudadanos comunitarios, son los que a su vez gozan de más derechos (incluso políticos) y libertades en el denominado espacio Schengen, que tampoco es completamente liso. Y dentro de éstos, empresarios y trabajadores asalariados, pues en las primeras comunidades europeas la libertad de movimiento y residencia se reservó exclusivamente a los sujetos de la relación salarial fordista. La jurisprudencia y el concepto de ciudadanía europea que consagró más tarde el Tratado de Maastricht ha venido suavizando algo este vínculo tan estrecho entre movimiento, residencia, sistema salarial y derechos cívicos, pero sin superar nunca el filtro de la nacionalidad. Europeo es antes que nada el nacional de un Estado europeo.

Y abajo del todo, los que ven su libertad de movimiento más restringida y son "vulnerabilizados" (más que vulnerables), los nacionales de determinados estados no europeos que no han querido someterse a las arbitrarias y abusivas políticas de visado: son los llamados irregulares o ilegales, o aquellas personas con derecho a una protección (refugiados, asilados políticos) cuando no se ve reconocida (lo que se produce cada vez con más frecuencia). Ellos pueden ser humillados, perseguidos, amenazados, identificados, abusados, detenidos, expulsados, según su procedencia y, para qué engañarnos, el color de su piel. El impacto de todo ello no se resuelve con las sucesivas regularizaciones o con la adquisición de nacionalidad, como se ha comprobado en Francia: la estigmatización y la discriminación permanecen en el tejido social aún cuando los migrantes o sus familiares y descendientes obtienen o transmiten la nueva nacionalidad.

Este sistema segregacionista (que se articula en torno a visados, permisos de trabajo y residencia), y que tanto debe al régimen de pases (visados internos) que se desarrolló durante el apartheid sudafricano, no es exclusivo de Europa. Hoy constituye una tendencia dominante, aún en países tradicionalmente receptores de inmigrantes internacionales, como Estados Unidos o Australia. Las variantes más extremas, en cuanto a la discriminación y la ulterior servidumbre (política o laboral), se encuentran en países donde la población considerada "extranjera" son mayoría: en el área Israel/Palestina (incluyendo por tanto los territorios ocupados) y en los países del Golfo Pérsico, como Baréin o Qatar, de los que nos separa una cuestión de grado.

Si no se reconoce y se denuncia esto, es decir, el papel que cumple el segregacionismo y el apartheid en la configuración de los mercados laborales nacionales, quienes manifiestan su compasión desde el segmento más favorecido -un estatus por otro lado cada vez más fragmentado y precarizado- seguirán vertiendo lágrimas de cocodrilo o indignándose de boquilla. Y semejante hipocresía continuará siendo un blanco fácil para la derecha, que bajo la denuncia mezquina del "buenismo" critican que no se lleve hasta sus consecuencias más liberticidas la lógica perversa del sistema.

Los migrantes que no disfrutan de la consideración de "expatriado" no necesitan por tanto nuestra compasión ni nosotros su agradecimiento. Lo que unos y otros necesitamos es una sociedad más democrática y justa para todos. Lo cual pasa necesariamente por exigir libertad de movimiento en igualdad y por un nuevo abolicionismo: el que conduzca al fin de la segregación.