La victoria de Evo Morales en el referendo revocatorio no ha impedido la ratificación de casi todos los prefectos de la oposición (los de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando). El panorama político dista de haberse resuelto, y son muchas las voces que reclaman una negociación entre el gobierno y los prefectos rebeldes. Yo creo que lo que hace falta es que el gobierno boliviano tome la iniciativa política y pase a la ofensiva, sin dejar de cerrar el paso a una negociación, pero desde una posición de fuerza.
Resulta difícil negociar con quien no te reconoce como sujeto político, de igual a igual. La estrategia ofensiva que adoptaron las élites bolivianas, y singularmente la de Santa Cruz, desde que perdieron posiciones en el gobierno central (y aún antes, bajo el gobierno de Carlos Mesa) no ha consistido en otra cosa que en el obstruccionismo sistemático y en la consolidación de su poder político a nivel regional, incluyendo acciones de intimidación por parte de grupos de choque racistas como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) o Nación Camba.
Evo Morales ha tenido que revalidar su gobierno con un referendo, del mismo modo que Hugo Chávez tuvo que pasar por las urnas una y otra vez hasta que se despejaron las dudas sobre su condición de gobernante electo. Hasta ahora las élites han logrado obstaculizar la acción del gobierno con una estrategia de la tensión que no ha necesitado recurrir a golpes militares. Como en otras partes, la derecha se reapropia de tácticas y estrategias propias de los movimientos sociales: movilización de masas, manifestaciones, el recurso a las tecnologías de la información y de internet, empleo del mismo vocabulario (con inversión de su sentido: libertad, democracia, identidad, denuncia del "racismo a la inversa" para combatir el indigenismo), defección, etc. El mismo apoyo estadounidense se ha adaptado a una situación que ya no controlaban: ahora las principales herramientas son la cooperación del USAID que permite desmovilizar indígenas y el dinero del National Endowment for Democracy que refuerza a los partidos opositores.
El permanente hostigamiento de las oligarquías ha favorecido la fuerte movilización de los partidarios del gobierno de Evo Morales. Pero hasta ahora le habían situado continuamente a la defensiva, facilitando la concentración de poder en el ejecutivo y en la figura de Evo. Lo que enturbia la relación con los movimientos populares que lo llevaron al poder. La tentación clientelar y corporativa es evidente. Hasta ahora el gobierno de Evo Morales ha permitido una fuerte renovación de las elites políticas, con la entrada masiva de dirigentes de los movimientos sociales en las instituciones, pero también de arribistas de última hora. Pero los movimientos bolivianos, en particular los indígenas del altiplano, se han caracterizado por una fuerte autonomía frente al Estado y el propio gobierno de Evo.
De ahí el interés de Evo Morales y los cuadros del MAS por relegitimar el Estado, fortaleciéndolo para que intervenga en los sectores productivos y lidere una alianza de clases que incluya las clases medias urbanas y el ejército en una especie de reformulación del nacionalismo popular de la revolución de 1952. Este proyecto y el enrocamiento en torno a las instituciones centrales de gobierno ante la rebelión de las elites ya ha transformado el papel de los movimientos, pero aún no ha minado su autonomía. Deberá apoyarse en ellos, antes que cooptarlos, si quiere enfrentarse con éxito a la oligarquía cruceña, cuyo poder se basa en las 50 millones de hectáreas que obtuvo ilegalmente desde la reforma agraria de 1953.
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