Quilombo

Cuando se quiere señalar el fin del régimen de apartheid en Sudáfrica suelen citarse diversas fechas, según los gustos. El año pasado se conmemoró el discurso de Frederic de Klerk en el parlamento sudafricano y el vigésimo aniversario de la liberación de Nelson Mandela, coincidiendo con la celebración de la Copa Mundial de Fútbol. Otra día significativo fue el de las elecciones de 1994. Pero no menos importantes fueron las fechas en que se fueron derogando las principales leyes que sustentaron el régimen. Así, fue un 30 de junio de 1991 cuando entró en vigor la Abolition of Racially Based Land Measures Act No 108, aprobada el 5 de junio, que derogaba las leyes que discriminaban sobre el uso y ocupación de la tierra: la Black Land Act (1913), el Development Trust y la Land Act de 1936, the Group Areas Act (1966) y la Black Communities Development Act (1984), junto con otras secciones y leyes. Todas ellas institucionalizaron la discriminación racial en el acceso a la tierra, una de las bases del apartheid.

Lo que muestra la simple enumeración de estas leyes es que el apartheid constituyó un largo proceso que duró todo un siglo, un interminable work in progress. Entre 1920 y 1949 los negros fueron expulsados de los oficios cualificados (1922), más tarde de las listas electorales (1936, 1956). En 1949 la ley prohibió los matrimonios mixtos entre blancos y mestizos; finalmente, los mestizos (coloured people) fueron borrados a su vez de las listas electorales en la provincia de El Cabo. Frente al debilitamiento, a principios del siglo XX, de la compartimentación en las minas, el Estado sudafricano respondió con la segregación social y racial, lo que permitió la consolidación de una sociedad capitalista como en ningún otro lugar del África subsahariana.

Cada año que pasa, con cada nuevo cumpleaños del hoy celebrado Nelson Mandela, Israel aprueba nuevas leyes segregacionistas, en una dinámica no muy diferente, a pesar de las lógicas diferencias históricas, culturales y geográficas. El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel (Adalah) y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) realizan el seguimiento de las leyes discriminatorias e intentan contestarlas en los tribunales. Basándome en su trabajo, aquí expongo un pequeño recordatorio de las leyes más recientes que ha propuesto el gobierno o aprobado un parlamento israelí (Knesset) dominado por la extrema derecha:

Tierras

• La Ley sobre la Administración de la Tierra de Israel (3 de agosto de 2009): establece un amplio programa de privatizaciones de tierra considerada de dominio público o estatal. Básicamente, se trata de la tierra que perdieron los refugiados y desplazados internos palestinos (considerada "propiedad de los ausentes"), las tierras de los pueblos árabes que fueron evacuados y destruidos, y las que fueron confiscadas a los palestinos por diferentes vías. El Estado de Israel se convirtió de esta manera en el propietario del 93 % de la tierra, que luego arrienda a sus residentes. La ley permite ahora venderlas a las personas e instituciones judías, las tengan arrendadas o no. Se crea además un nuevo Consejo de la Autoridad de la Tierra, la mitad de cuyos representantes están en manos del Fondo Nacional Judío, organismo paraestatal que precedió a la creación del Estado de Israel y cuyas tierras están reservadas exclusivamente a los judíos. La ley afecta también negativamente a los beduinos del Neguev, que están siendo objeto del acoso y la expulsión por parte de las autoridades israelíes.

• Enmienda a la Ordenanza sobre la Tierra (Adquisición para usos públicos) de 1943 (10 de febrero de 2010): la ley confirma la propiedad estatal de la tierra que se ha venido confiscando a los palestinos desde la época del Mandato británico, aunque no haya cumplido los objetivos públicos para los que supuestamente se aprobó la confiscación. Esta ley impide que los árabes puedan reclamar sus tierras judicialmente.

• La Ley sobre los Comités de Aceptación (22 de marzo de 2011): legaliza los "comités de aceptación" que se crearon en setecientos pueblos y comunidades de pequeño tamaño. Estos comités tienen plena discrecionalidad para rechazar a una persona o familia que desee vivir o comprar una propuedad en dichas comunidades si consideran que "no se adapta a la vida social de la comunidad... o al tejido cultural y social del pueblo". Algunas comunidades podrán establecer otros criterios de acuerdo con sus características especiales, como las que proclaman tener una "visión sionista". De esta manera, la ley pretende denegar el acceso de los árabes y de otras minorías étnicas a las comunidades judías que se han asentado en tierras estatales.

• Enmienda no. 3 a la Ley de Tierras de Israel (marzo de 2011): la ley impide que una persona física o jurídica pueda vender tierras o alquilarlas por un período de más de cinco años, o transferir derechos de propiedad privada sobre las mismas, cuando el destinatario es "extranjero". Según la ley, los extranjeros son las personas que no sean residentes, ciudadanos de Israel, o judíos que tienen el derecho de emigrar a Israel en virtud de la Ley de Retorno (1950). De esta manera se impide que los refugiados palestinos -propietarios originales de dichas tierras- puedan comprarlas o alquilarlas, algo que hasta ahora era teóricamente posible al ser considerados "ausentes" mientras no se resolviera el conflicto israelo-palestino.

Derechos sociales, civiles y políticos

• La Ley de Eficiencia Económica (2009): una parte de la ley se refiere a las "áreas prioritarias nacionales", categoría que el gobierno atribuye discrecionalmente a ciudades, pueblos y comunidades para justificar la transferencia de ingentes cantidades de dinero público. La reforma legal busca sortear una sentencia del Tribunal Supremo de 2006, que había demostrado que el gobierno había aplicado este concepto de manera discriminatoria: sólo cuatro comunidades árabes eran consideradas "áreas prioritarias nacionales" frente a 553 comunidades judías. Otra sección de la ley discrimina a las familias beduinas a la hora de atribuir las ayudas familiares por niño.

• Enmienda No. 40 a la Ley Presupuestaria (conocida como la "Ley Nakba"): Esta reforma de la ley presupuestaria afirma que las organizaciones e instituciones que conmemoren la Nakba como un día de duelo, aunque sean escuelas árabes-palestinas, o rechacen "el carácter judío y democrático del Estado", no podrán recibir fondos públicos. Semejante norma viola claramente el principio de igualdad y el derecho a la libertad de expresión.
 
• Diversas leyes otorgan preferencias a quienes han prestado el servicio militar a la hora de obtener ayudas para la educación, la compra de la primera vivienda o para acceder a la función pública civil. Otra manera sutil de discriminar a los árabes, que no realizan el servicio militar por razones históricas y políticas.

• Proposición de ley de protección de los valores del Estado de Israel (2009): esta propuesta legislativa pendiente de aprobación prevé el cierre de asociaciones o compañías si sus objetivos ponen en peligro al Estado en tanto que "judío y democrático", lo que implica una investigación ideológica desde presupuestos ultranacionalistas. Esta disposición se parece a la sección 7A de la Ley Básica sobre la Knesset (1985), que obliga a los partidos políticos árabes a aceptar el carácter judío del Estado.

• Ley contra la imposición de un boicot (11 de julio de 2011): esta ley castiga a quienes inicien, promuevan o publiquen material que instigue el boicot económico contra Israel. La ley considera estas acciones como delito e impone una compensación económica a las partes supuestamente afectadas por el boicot. No importa si los demandantes no prueban los daños: en este caso se impone una indemnización de base de 30.000 nuevos shéquels (8.700 dólares). Las organizaciones que promuevan el boicot no podrán presentarse a licitaciones o a convocatorias de subvenciones.

• Ley relativa al deber de revelación de los receptores de ayuda de una entidad política extranjera (febrero de 2011): la ley obliga a las organizaciones no gubernamentales a que declaren trimestralmente al gobierno toda financiación recibida por gobiernos o donantes públicos extranjeros. Esta exigencia superflua de transparencia (las organizaciones ya realizaban una declaración anual) impone cargas administrativas añadidas y disuade la financiación desde el exterior a las organizaciones palestinas y de defensa de los derechos humanos que son muy dependientes de las mismas. En cambio, los colonos judíos, los grupos de extrema derecha que reciben financiación privada quedan exentos de este deber de "transparencia" y la ley exime explícitamente de esta obligación a la Organización Sionista Mundial, la Agencia Judía para Israel, la United Israel Appeal o el citado Fondo Nacional Judío.

Ciudadanía

• Enmienda No. 10 a la Ley de Ciudadanía de 1952, para revocar la ciudadanía por actos considerados de espionaje y terrorismo (28 de marzo de 2011): permite que los tribunales revoquen la ciudadanía de personas condenadas por traición, espionaje, colaboración con el enemigo en tiempos de guerra, y actos de terrorismo, si así lo solicita el Ministerio del Interior, como parte de la sentencia que pronuncien.  La revocación total se da cuando la persona condenada tiene doble ciudadanía; si no es así, se rebaja su estatus, de "ciudadano" a "residente". La ley apunta evidentemente a los árabes israelíes, a quienes la extrema derecha israelí exige una demostración especial de lealtad, y sucede a la condena del activista Ameer Makhoul.

• Enmienda a la Ley de Ciudadanía de 1952: el gobierno aprobó el 10 de octubre de 2010 otro proyecto de enmienda de la ley de ciudadanía que exige a quienes se naturalicen como ciudadanos israelíes o a quienes soliciten por primera vez un carnet de identidad israelí jurar lealtad a Israel en tanto que Estado "judío, sionista y democrático". La enmienda denigra e inferioriza a los árabes israelíes y afecta especialmente a sus cónyuges provenientes de los territorios ocupados o de otros países árabes. Todavía no ha conseguido aprobación parlamentaria.

Procedimiento penal, prisiones y presos

• Enmienda No. 2 (Orden Temporal) a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (2010): la ley extiende la vigencia de los procedimientos especiales de detención de los "sospechosos por delitos contra la seguridad". Dichos procedimientos especiales prevén la detención de un sospechoso antes de su comparecencia ante el juez durante 96 horas (frente a las 48 horas del régimen común) y permiten que los tribunales prolonguen dicha detención e interrogatorios sin presencia judicial o de abogado durante 20 días, lo que incrementa seriamente el riesgo de tortura. Prácticamente todos los sospechosos a los que se aplica la ley son palestinos de los territorios ocupados o residentes en Israel.

• Proyecto de Ley no. P/18/558 (2011): la propuesta del gobierno israelí permite al Servicio de Prisiones prohibir el contacto entre los presos condenados por delitos contra la seguridad y sus abogados, supuestamente para evitar que pasen información a "organizaciones terroristas". El objetivo de la ley son 4.700 palestinos encarcelados como "presos de seguridad" y sus abogados, en su mayoría también palestinos.

• Las “Leyes Shalit”: se trata de un paquete de leyes que se encuentran en vías de aprobación en la Knesset que imponen severas restricciones en el régimen penitenciario de los palestinos presos por delitos contra la seguridad como medio de presión para obtener la liberación del soldado Gilad Shalit.

• Ley para despojar del salario a un miembro actual o pasado de la Knesset por la comisión de un delito (2011):  esta ley elimina el salario y las pensiones a los miembros de la Knesset que hayan sido acusados por el Fiscal General como sospechosos de delitos castigados con penas de 10 o más años en prisión, y/o quienes no comparecen en los procesos judiciales que les afectan. Se trata de una ley destinada específicamente para el ex diputado árabe Dr. Azmi Bishara, que se exilió después de que la policía israelí abriera una investigación contra él, aunque luego el Estado nunca lo llevó a juicio ni pudo demostrar delito alguno.

La lista es larga, aunque no exhaustiva, y no incluye las políticas coloniales en Cisjordania y Gaza. Se refiere principalmente a la ofensiva legislativa más reciente, la que se aplica a los palestinos residentes en Israel, o a quienes sobreviven en las prisiones israelíes. Una ofensiva que confirma lo que el geógrafo crítico Oren Yiftachel califica como la "consolidación opresiva" de la "etnocracia" israelí: un Estado articulado en torno a un grupo étnico que impone un proyecto colonial mediante un arsenal de dispositivos de control político, económico y espacial. En un artículo publicado en 2005 Yiftachel decía que la llamada desconexión de Gaza, con la progresiva absorción en los hechos de Cisjordania y Jerusalén Este, abrió las puertas al desarrollo de un "apartheid sigiloso":

Bajo este orden, una jerarquía de derechos se institucionaliza y se legaliza gradualmente, sobre la base de la etnicidad y de la ubicación.  Este orden es "sigiloso" porque nunca ha sido declarado abiertamente, ni apoyado por ningún movimiento político. En un juego de engaños, todos los actores hacen la vista gorda y continúan apoyando la ilusión de una paz inminente.

El intento de Mahmud Abbás de que la Organización de Naciones Unidas reconozca a Palestina como Estado independiente, aunque pueda abrir vías inéditas de presión, es el último capítulo de un juego que las revoluciones árabes han vuelto completamente obsoleto. La declaración de un Estado palestino no puede resolver la cuestión palestina, porque ésta es en realidad la de la etnocracia israelí. El Estado de Israel solo parece aceptar dos opciones en relación con los palestinos: la limpieza étnica (que podría derivar en genocidio abierto) que promueve gente como el Ministro de Asuntos Exteriores Avigdor Lieberman, con una Israel habitada casi exclusivamente por judíos y una Palestina convertida en una multiplicidad de "reservas indias"; o la gestión discriminatoria de la población palestina, dentro y fuera de las fronteras de 1967, mediante un apartheid sigiloso y cada vez menos sutil. Una gestión que no sólo afecta a los árabes.

No podrá haber una paz justa y duradera en los territorios que conocemos como Israel y Palestina sin una democracia real, en la que el bienestar, la seguridad y la misma identidad de un grupo étnico o social se construya a expensas del sometimiento, la humillación y la degradación de los demás. Los gobiernos occidentales que sostuvieron las dictaduras árabes y promueven la segregación en el espacio euromediterráneo sostienen hoy el apartheid de los palestinos, que deben "reformarse" y "adaptarse" a dicha forma de dominio. Las recientes protestas sociales en Israel muestran cómo la etnocracia genera nuevas desigualdades y fracturas en el seno del grupo teóricamente beneficiario de la ocupación y el apartheid. Pero también ponen de manifiesto cómo estos constituyen todavía una barrera mental que bloquea la marcha hacia la democracia. "La corriente mayoritaria de la opinión pública judía decidió por su cuenta, y sin mucha reflexión interna, que la justicia social podía coexistir con un sistema de exclusivismo étnico", escriben Max Blumenthal y Joseph Dana a propósito del movimiento de 14 de julio. Ese sistema, como antes el sudafricano, es el que hay que desmontar.

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