Hoy se celebra el día internacional de los derechos humanos. La elección de esta fecha se debe a que fue un 10 de diciembre cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución por la que se aprobaba la Declaración Universal de Derechos Humanos, allá por 1948.
No voy a enumerar la lista cotidiana de infracciones a este catálogo mínimo de derechos, aunque jurídicamente vinculante. Pero sí me gustaría recordar, a propósito del pacto euroafricano sobre la inmigración que ha propuesto José Luis Rodríguez Zapatero, dos artículos cada vez más vulnerados por los propios gobiernos europeos, incluyendo el español.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
Estos artículos no garantizan por sí solos el libre movimiento de las personas, cuyo acceso a otros países sigue estando sujeta a las decisiones soberanas de los Estados. Pero implican una interpretación muy restrictiva de todas aquellas medidas relativas a expulsiones o deportaciones de nacionales de terceros países, y desde luego no ampara la externalización de la política de internamientos y de expulsiones practicada con cargo a la ayuda oficial al desarrollo.
En Europa, cabe añadir además el artículo 4 del Protocolo 4 al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Artículo 4 - Prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros
Se prohíben las expulsiones colectivas de extranjeros.
Curiosamente, el protocolo 4 fue firmado por el gobierno español ...el 23 de febrero de 1978. Pero nunca fue ratificado, tampoco en la era del talante. De los cuarenta y siete Estados miembros del Consejo de Europa, falta que entre en vigor en Andorra, Grecia, Reino Unido, Suiza, Turquía y España. Estados que se reservan, pues, no ya el derecho de admisión sino el de expulsión. De todas formas, la vigencia no garantiza su aplicación, como ha demostrado Francia, o recientemente Italia con la expulsión expeditiva de nacionales rumanos, claramente ilegal.
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Dentro del arsenal legislativo que se está preparando para poner los cimientos de una política migratoria común, regresiva en derechos, destaca la futura aprobación de una Directiva relativa a procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio ("Directiva de Retorno"), presentada por la Comisión Europea en 2005. La propuesta de directiva pretende armonizar las normas existentes en cuanto al retorno, la expulsión, el uso de medidas coercitivas, el internamiento temporal y el reingreso.
Pero no se trata solamente de "poner orden en casa", y mucho menos de reforzar las garantías de las personas sujetas a procedimientos de expulsión, a pesar de las declaraciones. La propuesta actual consolida a nivel europeo algunas prácticas estatales, y muy especialmente la política de internamiento de los migrantes y la consiguiente estigmatización y segregación de los mal llamados "inmigrantes ilegales".
En efecto, las discusiones en los grupos de trabajo creados tanto en el seno del Consejo como en el Parlamento Europeo (PE) han dado lugar a versiones muy restrictivas de la directiva. Así, la propuesta modificada por la Comisión de Libertades Civiles (sic) del Parlamento Europeo (PE) prevé detenciones de hasta 18 meses para personas que no han cometido delito alguno y establece una prohibición general de retorno a Europa durante un período de 5 años para las personas expulsadas. Es posible que durante la tramitación del proyecto, que por primera vez deberán aprobar el PE y el Consejo en codecisión, se reduzcan un poco estos tiempos. Pero ello no cambiaría en nada la lógica de fondo, y no puede descartarse incluso un endurecimiento de las medidas previstas, visto como han ido las negociaciones hasta ahora.
Por este motivo, numerosas organizaciones (bajo el impulso sobre todo de Cimade, Statewatch y la red Migreurop) están llevando a cabo una campaña en contra de la aprobación de la Directiva en sus términos actuales. En enero de 2008 está previsto que el Parlamento Europeo la apruebe en primera lectura, de modo que se ha organizado una recogida de firmas para enviarlas a los europarlamentarios. Para firmar y obtener más información sobre la propuesta de directiva, pueden acudir a la siguiente dirección:
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