Quilombo

Esta que ven es la torre de emisión de gases de la fábrica que construye la empresa finlandesa Metsa-Botnia en Fray Bentos (Uruguay), tal y como se ve desde la orilla argentina del río Uruguay.  Ciento veinte metros de altura de progreso y razón. En primer plano, ciudadanos del pueblo argentino de Gualeguaychú (90.000 habitantes), protestando contra su instalación, como llevan haciendo, incansablemente, desde hace tres años. Según la elite política y empresarial europea, uruguaya, pero también argentina, actúan "irracionalmente", movidos por emociones primarias, sin saber realmente de qué están hablando. Descalificaciones muy poco originales.

Este año la fábrica iniciará la producción de más de un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa, que será exportada a Europa y a China para la producción de papel. Constituye la mayor inversión extranjera en la historia de Uruguay (más de mil millones de dólares). Pero la fábrica verterá al agua nitratos, fósforo, y compuestos orgánicos (disruptores endocrinos), que ponen en grave riesgo la pesca artesanal y la salud humana, y de la chimenea saldrá sulfuro pestilente que afectará al turismo local, una de las principales actividades económicas de la región. Para la producción de pasta se cultivarán miles de hectáreas de plantaciones de eucaliptos. En Uruguay ya se dedica una significativa superficie al monocultivo de árboles (700,000 hectáreas) resultado de las políticas forestales de los últimos veinte años, en aplicación de las políticas del Banco Mundial, que a su vez financiará el proyecto finlandés. La sustitución de los pastizales naturales, que constituyen la base de la producción ganadera uruguaya, por grandes extensiones de cultivos forestales, ya ha provocado cambios drásticos en el ecosistema, por el fuerte consumo de agua y la acidificación de los suelos. Sin embargo, el gobierno uruguayo garantiza generosas exenciones fiscales, y la protección de la inversión (acuerdo de protección de inversiones con Finlandia, firmado en 2002 para proteger a Botnia de los riesgos políticos del proyecto).

Botnia asegura que su proyecto respeta la “exigente” legislación europea. Posiblemente, pero no mencionan que la misma es el producto de las luchas ecologistas y ciudadanas de los años 80. Las directivas europeas tampoco son garantía de nada, no sólo porque cabe exigirle mucho más a la industria papelera -también en Europa- sino porque los controles nunca serán lo suficientemente estrictos como para poner en peligro una inversión tan mimada.  Para empezar, las “mejores prácticas disponibles” en que se basa la legislación comunitaria datan de 2001, y la actualización que está en marcha no finalizará hasta el año que viene por lo menos. Y ahora se sabe mucho más sobre los efectos perniciosos de esta industria. Para más información sobre sus impactos negativos, recomiendo leer los comunicados e informes de las ONGs uruguayas World Rainforest Movement, Guayubira, o de la argentina CEDHA

Precisamente fueron las ONGs uruguayas, con experiencia en la lucha contra los monocultivos forestales, las que primero pusieron el grito en el cielo al conocerse un proyecto similar de la española ENCE en la misma localidad (finalmente se trasladará a otra región, por la magnitud de las protestas y por su deseo de producir más pasta de celulosa de lo inicialmente previsto), y el de Botnia. Sin embargo, sus preocupaciones sólo han encontrado eco en la orilla argentina. Los ciudadanos de Gualeguaychú poco a poco fueron movilizándose hasta que el 30 de abril de 2005, tras comprobar que el gobierno uruguayo de izquierdas de Tabaré Vázquez iba a respetar los acuerdos del anterior gobierno, más de 40.000 personas, argentinos y uruguayos, cortaron el puente internacional que une ambos países. Desde entonces la población de Gualeguaychú se ha organizado en la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, un movimiento social único que ha venido desarrollando una acción permanente y masiva de oposición ciudadana a la instalación de ambas plantas, incluyendo cortes prolongados, durante meses (en el verano austral de 2005-2006, y ahora en 2007), de las carreteras que unen Argentina con Uruguay.

Esta movilización ciudadana, producto de la acumulación de luchas que cristalizó en la revuelta argentina de 2001-2002, es la que llevó al Presidente Kirchner a denunciar a Uruguay ante el Tribunal Internacional de la Haya por violación del Estatuto del Río Uruguay, y a tratar de impedir (sin resultados) la financiación del Banco Mundial. Kirchner también ha intentado cooptar el movimiento social para terminar con una crisis diplomática que comienza a prolongarse en el tiempo, pero la autonomía de la asamblea se ha mantenido frente a todas las presiones.

La intervención gubernamental ha tenido, sin embargo, un daño colateral: la nacionalización del conflicto, que ha llevado a la mayoría de los uruguayos (incluyendo intelectuales como Mario Benedetti) a cerrar filas en torno a su gobierno, ante lo que consideran una injerencia argentina. Pocos en Uruguay cuestionan la inversión, que se supone que traerá progreso y empleo a un país empobrecido y devaluado. Esta falta de apoyos del lado uruguayo es la principal debilidad del movimiento social.

Pero el problema es global. Para Botnia, no es Uruguay, sino la región entera (norte de Argentina y Chile, Paraguay, Uruguay, sur de Brasil), lo que constituye una pieza más de su cadena de producción mundial. Otras empresas papeleras, como la sueca Stora Enso, tienen previsto invertir en la región. Es el modelo foresto-industrial lo que se ha puesto en discusión, y esta vez las protestas han llegado más lejos de lo esperado, aunque se hayan encontrado con el muro de contención de los intereses nacionales.

Por este motivo Botnia ha acelerado la construcción de la imponente fábrica. Frente a los “irracionales” cuentan con la razón de Estado: el gobierno uruguayo, el gobierno de Finlandia, el Banco Mundial y la Unión Europea. Amigos que, como sabemos, están preocupadísimos por el medio ambiente y el cambio climático.