Quilombo

"Ceci n'est pas une révolution". Esto no es una revolución, sentenció una parte de la izquierda europea en relación con el ciclo de revueltas que se inició en 2011 al sur del Mediterráneo. Podrán congregarse millones en las plazas, multiplicarse reclamos constituyentes, replicarse insurrecciones, caer gobiernos, ciudadanos corrientes podrán convertirse en milicianos, pero no podrá emplearse ese término mientras los derrotistas que se constituyeron en vanguardia de los derrotados, a la espera de ocupar el lugar que todavía hoy ocupa la socialdemocracia, no tengan el protagonismo que creen merecer y alcancen un gobierno. Frente al deseo de revolución, expresado en las calles, anteponen la revolución como un acontecimiento histórico idealizado. Pero después de dos años de debates y polémicas, podemos confirmar que lo último que quiere esta izquierda es precisamente una revolución.

                                                    * * *

En Europa muchas voces pronto decretaron -pese a la simpatía inicial- que los movimientos que se produjeron en Túnez y Egipto no podían ser revolucionarios: o porque sus protagonistas eran considerados de clase media o porque no lograban cambiar las estructuras del Estado y del poder económico.

Tampoco otorgaron el certificado de idoneidad a quienes comenzaron a protestar en Bengasi, Libia (febrero de 2011) o en Daraa, Siria (marzo de 2011), por enfrentarse a gobiernos que solo en apariencia no eran aliados de Washington. Aquí la principal justificación, tanto en Europa como en América, fue un pensamiento geopolítico corto de miras que solo se activa en tanto que espejo del intervencionismo militar humanitario, principalmente de los Estados Unidos. Resultaba inconcebible que pudiera producirse una revolución en Estados que se proclamaban "revolucionarios" o "populares" (en Siria, hasta la reforma constitucional de 2012) y cuyos gobiernos, o sus padrinos, mantenían una retórica hostil (que no práctica) con los Estados Unidos o con Israel, por lo que cualquier insurrección tenía que formar parte de una conspiración necesariamente organizada y financiada desde el exterior, tal y como proclamaron tanto Gadafi como el propio Al Asad. La consecuencia de este razonamiento mecánico es la negación de la subjetividad y autonomía de las multitudes y la mera posibilidad de antagonismo bajo un régimen no pro-occidental.

El relato alternativo, el de un pueblo enfrentado a una dictadura cruel, con frecuencia sacrificó la complejidad de la situación para no ahuyentar a aquellos cuyo apoyo se reclamaba. Lo que se ganaba enfatizando la vulneración de los derechos humanos o la unidad del rechazo al régimen vigente -simplificación del mensaje, adhesión, acumulación de fuerzas- se perdía en el reconocimiento de la heterogeneidad intrínseca de las multitudes, de las diferentes líneas divisorias -ideológicas, sociales, etc- que a la postre han resultado determinantes. Pienso que esta complejidad no siempre se ha abordado claramente, lo que ha debilitado la respuesta a la narrativa geoestratégica. Entre los elementos más espinosos encontramos la violencia, la fractura identitaria y el apoyo que puede recibir el régimen político vigente por parte de un estimable sector de la población. Estos elementos destacan con especial intensidad en el caso sirio.

En Siria el factor más delicado fue el de la violencia, sobre la que cuesta reflexionar desde Europa. Ya en los inicios de la revuelta siria el gobierno justificó su represión extrema por algunos atentados cometidos contra las fuerzas de seguridad sirias por determinados grupos armados, esgrimiendo el lenguaje antiterrorista que nos es tan familiar. Cualquier oposición solo podía ser o terrorista o cómplice del terrorismo. El concepto del terrorismo está ya tan arraigado entre nosotros que la inmensa mayoría lo asume sin problemas, hasta el punto de que las posiciones más críticas a lo más que llegan es a aclarar que aquí los únicos terroristas son "los jihadistas" o "los de Al Qaeda", en referencia a los diversos islamismos suníes. El terrorismo es también el espantajo que los militares egipcios han sacado de la chistera.

Pero esta perspectiva niega la complejidad política de cualquier confrontación social y siempre termina por construir un enemigo deshumanizado. Lo que hay son diversas violencias, y por lo que se refiere a la violencia estrictamente física, diferentes usos con distinta intensidad, con una variedad métodos y de objetivos, con una mayor o menor crueldad.

Efectivamente, durante un tiempo los atentados fueron muy limitados y desde luego mucho menos relevantes que las multitudinarias manifestaciones de diversos pueblos y ciudades. La militarización de la rebelión no se produjo sino al cabo de varios meses de bombardeos sobre territorios urbanos, detenciones masivas y torturas llevadas a cabo por el gobierno de Al Asad. Obviamente, el hecho de elevar el grado de violencia de la respuesta a un Estado criminal tiene un riesgo importante. Para que sea eficiente, la lucha armada exige disciplina interna, la supresión del disenso, aterrorizar al enemigo y a sus bases de apoyo (con armas de por medio, la expresión "que el miedo cambie de bando" puede adquirir siniestras tonalidades). Las carencias de la oposición en este terreno se debe a la propia dinámica revolucionaria, que fragmenta y multiplica los centros de decisión, en ocasiones con carácter sectario. La militarización puede transformar negativamente a quienes se meten en ese camino, convertir a víctimas en verdugos (antes que en sujetos) y socavar aquello por lo que se lucha, esto es, la democracia. En fin, la violencia visible alejó también a movimientos del exterior sensibles con la "primavera" árabe, como el 15M, y ocultó las experiencias de la resistencia popular no violenta.

En relación con lo anterior, cabe destacar la aún más problemática cuestión identitaria, que en Siria se agudizó con la proliferación de grupos insurgentes islamistas suníes, cuya agenda parece contraponerse a la noción misma de revolución tal y como la entendemos desde la Modernidad. La deficiente comprensión de los mismos es un problema que venimos arrastrando desde la guerra -inconclusa- de Iraq, debido al peso desproporcionado del análisis "antiterrorista" (sucesor de la sovietología de la época de la guerra fría). Las fundadas críticas que cabe hacer con respecto a las posiciones ideológicas, el sectarismo y las prácticas de ciertos grupos islamistas cedieron ante un planteamiento en el que toda expresión islámica -que hoy no puede entenderse sin referirse al pasado colonial- acaba por ser sospechosa o asimilada al terrorismo. Los prejuicios, cuando no directamente la islamofobia, sustituyen con frecuencia al análisis político. Es cierto que el nacionalismo del Estado sirio mantuvo a raya el sectarismo confesional y que existía una gran igualdad en la falta de libertad, pero no es correcto describirlo como laico. Cabe recordar que tanto la constitución siria de 2012 como la anterior establecen que el presidente tiene que ser musulmán y que la jurisprudencia islámica es la principal fuente de legislación, civil al menos. Al Asad no dudó desde el principio en atizar y manipular los miedos de la comunidad alauí (su base política y militar), de cristianos, drusos, etc. En fin, la importancia de los grupos islamistas armados fue aumentando con el transcurso de la guerra, por la recepción de dinero y armas de Arabia Saudí y de Qatar, por la mayor experiencia de algunos insurgentes suníes curtidos en Iraq y, como sucediera en aquel país, por la falta de una solidaridad internacional equivalente con las fuerzas no islamistas. 

En cuanto a los apoyos sociales con los que cuenta el régimen de Bachar Al Asad, no cabe duda de que los tiene, si bien está lejos de la mayoría que vende la propaganda. Además de su círculo más estrecho, la comunidad alauita, sobrerrepresentada en las fuerzas de seguridad, suele citarse el apoyo de miembros de otras minorías por los miedos -fundados, todo hay que decirlo- al conflicto sectario, a la guerra y al ajuste de cuentas (es decir, el espectro iraquí). Importantes sectores de la burguesía urbana suní también han recelado del desorden, la inseguridad y lo que contemplaron como una revuelta del lumpen de los pueblos rurales y de los suburbios donde se concentran sus migrantes, un factor de clase que nuestra izquierda ha ignorado o despreciado. Por otro lado, otros ciudadanos se ven menos afectados por los abusos del Estado que por los de los grupos armados, o se aferran a los servicios que todavía presta. Las motivaciones varían, en parte en función de los derroteros de la guerra. Lo que resulta políticamente difícil de admitir es que se esgrima estos apoyos como excusa para legitimar el régimen y negar la realidad de la rebelión popular. 

                                                  * * *

Siria simboliza el peor escenario posible, uno en el que todos los factores expuestos más arriba contribuyen a la prolongación de una destrucción y un desgaste que de momento parecen cerrar todas las salidas y acabar con todas las conquistas positivas. Sí, todo ello puede llegar a producirse en cualquier otro proceso radical de transformación, antagonista y conflictivo. Pero no tiene por qué producirse necesariamente, ni de la misma manera. Que abajo se recurra a la violencia y cómo, suele depender de la intensidad de la violencia y del terror que se recibe desde arriba, que puede llegar a desarticular cualquier intento de estrategia pacífica. La deslegitimación del poder establecido, el incremento de la violencia y del desorden suelen conducir a una lucha por reconfigurar nuevas/viejas identidades y a un enfrentamiento entre diferentes opciones ideológicas. Los aparatos de poder pueden llevar a cabo una estrategia más sofisticada de represión y cooptación, como en Egipto. Sea como fuere, la imagen armónica del pueblo revolucionario unido en progresión ascendente es una ilusión más propia de la propaganda soviética o maoísta, que poco tiene que ver con la experiencia histórica.

La izquierda europea, sin embargo, ha mostrado por lo general una escasa -o nula- voluntad de reflexión sobre el hecho insurreccional, especialmente sobre los elementos citados. Lo cual se traduce en muy poca fraternidad internacionalista y dice mucho acerca de su incapacidad para afrontar un proceso social desordenado de cambio en el que intervenga una multiplicidad de sujetos autónomos (y agentes externos), máxime si el establishment llega a resistirse fieramente al mismo con extrema violencia y si la oposición al mismo incluye grupos con propuestas nada democráticas.

El problema es que lo que se teme es la misma revolución, esto es, embarcarse en lo que se considera un caos incontrolable. Incontrolable, claro está, por quienes se creen llamados a dirigir. Empleo aquí la definición de revolución que hace Emmanuel Rodríguez en Hipótesis Democracia (Traficantes de sueños, 2013), un "proceso que lleva a una parte sustancial del cuerpo social a deponer las elites políticas y económicas que detentan el gobierno efectivo, produciendo una modificación completa de los principales ordenamientos institucionales". Una definición que se acerca y puede confundirse con la de proceso constituyente. Este proceso de transformación, que afecta también a las subjetividades, ya entraña en sí cierta violencia, pero esto no quiere decir que implique derramamiento de sangre o terror.

Esta dinámica, cuando se desencadena nunca se reduce a un acto único y catártico, ni es lineal. No puede partir de sujetos y resultados predefinidos de antemano y desde fuera porque es el propio conflicto y la manera en que se desarrolle el que producirá los sujetos y las nuevas relaciones sociales. Lo que provoca inquietud es que este proceso está forzosamente cargado de incertidumbres, bifurcaciones, efectos y consecuencias imprevisibles en el largo plazo, y algunas de ellas pueden ser negativas. No hay garantía de que las relaciones políticas, económicas y sociales resultantes sean más justas. Pueden llegar a serlo en algunos ámbitos y no en otros. El rechazo al cambio puede conducir -de manera provisional o más duradera- a una involución, como vemos en el Egipto de estos días oscuros. Porque imprevisibles son las interacciones que se dan entre una heterogeneidad de protagonistas, internos y externos (¿en qué revolución las potencias del momento no han intervenido e intentado encauzar la situación a su favor?).

Los cambios posibles y deseables exigen un pensamiento político, un razonamiento estratégico, y arriesgarse a cometer errores haciendo. Lo que no quiere reconocer nuestra izquierda de orden es que hace tiempo que renunció a la revolución, al análisis de la realidad concreta desde abajo, a la autogestión y a la autonomía con respecto a la razón de Estado. Una opción respetable, pero que igualmente exige respeto para quienes asumieron el caos, poniendo en juego sus propias vidas, frente a la servidumbre.

La exposición de motivos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que ha presentado el gobierno presenta dicha seguridad como "condición del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas". En términos similares, el preámbulo del proyecto de Ley de Seguridad Privada, por su parte, asegura que la seguridad -a secas- "se encuentra en la base de la libertad e igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos." Ya sea condición necesaria o base, la seguridad como tal no aparece definida con mucha precisión. En otro lado de la Ley de Seguridad Ciudadana la seguridad se define como un "un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquéllos." Dicho de otro modo, tanto los derechos y libertades, como la igualdad, solo pueden materializarse si previamente existe la paz social que solo el Estado puede garantizar con el monopolio de la violencia.

En una democracia, en cambio, la primera premisa debería ser la de que todos los seres humanos somos libres e iguales. La convivencia debería basarse en la menospreciada fraternidad, no en el miedo o en el desprecio. Es la seguridad -en última instancia, una percepción- la que deriva de todo lo anterior, y no al revés. Me siento seguro porque me siento reconocido en la humanidad común: esto es, porque soy libre, porque vivo entre iguales con los mismos derechos para decidir sobre lo que nos concierne a todas, porque las pasiones alegres predominan sobre las tristes, y porque entre todas podemos asegurar las necesidades básicas que hacen que todo lo anterior sea posible.

Sin embargo, resulta que quienes promueven la seguridad del Estado al mismo tiempo hacen todo lo posible por minar la seguridad de las personas. Con nuestra inseguridad buscan garantizar nuestra sumisión. Mi libertad se ve amenazada por la libertad de los demás, la desigualdad se nos presenta como el estado natural de las cosas y la fraternidad se convierte en el objeto preferido de burla de los cínicos. La inseguridad del sustento y del techo es el principal incentivo del mercado laboral que construye el Estado neoliberal. Sus ideólogos y gestores predican que dicho incentivo resulta imprescindible para que los trabajadores puedan "mejorar su desempeño más allá de la pura motivación altruista" (Javier Fernández Lasquetty). Es decir, para aceptar condiciones que de otro modo resultarían intolerables.

Desde esta perspectiva se entiende mejor por qué la función pública constituye un enemigo a batir. La garantía de la obtención de un ingreso básico vitalicio reduce notablemente el grado de coacción salarial entre quienes carecen a priori de propiedades o de patrimonio. No es cierto que aquélla sea la razón por la que se puede llegar a reducir también la motivación o la eficiencia: si esto se produce se debe más bien a que dicha garantía sigue atada a un puesto de trabajo que con frecuencia no es deseado, sino aceptado como mal menor. La solución es en realidad la contraria: la universalización de las condiciones que contribuyen a la seguridad humana.

No es este el punto de vista de los medios que se apoyan en buena medida en el trabajo precarizado. Según El País, "algunas profesiones requieren esa seguridad, pero no es necesaria en todas". ¿Y cuáles son estas profesiones?: "aquellas que requieren ejercer “la autoridad administrativa”, por ejemplo, un policía, un inspector de Hacienda, un juez…". Volvemos así al punto de partida de este texto. Seguridad, sí, para los que aseguran a los asegurados con redes que nos han expoliado. Se cierra el círculo.

En la muerte de Nelson Rolihlahla Mandela, hablemos del apartheid sudafricano y de su economía política. Yann Moulier Boutang, en su monumental De la esclavitud al trabajo asalariado (PUF, 1998; ed. española Akal, 2006) ya citado varias veces en este blog, dedica un centenar de páginas a analizar la evolución del sistema segregacionista sudafricano que combatieron y boicotearon Mandela y tantos otros, con sus luchas y también con sus fugas. Transcribo aquí -con subrayados míos- sus importantes conclusiones, porque ponen en evidencia las similitudes del justamente denostado apartheid sudafricano -que ante todo fue un régimen de control del movimiento de la mano de obra- con las políticas migratorias que los gobiernos que hoy honran a Mandela imponen en Europa y en muchas otras partes del mundo.

                                                          * * *

La lección sudafricana

El estudio atento de la edificación del sistema sudafricano en vigor hasta 1994 confirma lo que el ejemplo brasileño y norteamericano ya nos había mostrado. La acumulación del capital tiene por condición necesaria la existencia del trabajo dependiente, y no su forma libre. Ni la remuneración asalariada, ni la libertad de circulación, ni la libertad política quedan contenidas en el concepto de capital mercantil o de capital industrial. El núcleo de la política de mano de obra, de la acumulación de trabajo dependiente, está constituido por las modalidades que se ponen en marcha para controlar la movilidad del trabajo dependiente. La forma que reviste el intercambio de dinero/trabajo dependiente en la acumulación tiende a organizarse en torno a una regularización, una estabilización de la prestación de trabajo. En el fondo se trata de la constitución de un mercado de trabajo interno a la escala de las unidades nacionales y no solamente de las empresas. A largo plazo se impone esta pesada tendencia, que guía las inversiones públicas, así como la organización del sistema político y del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, este resultado solo puede obtenerse mediante dos vías igualmente económicas y políticas. La primera vía, históricamente dominante si razonamos a una escala de larga duración desde 1400, que es la adoptada espontáneamente por el capital mercantil, el de la plantación, el minero o el industrial, consiste en reaccionar ante el rechazo y la fuga del trabajo dependiente por medio de la inclusión creciente en el campo de las transacciones del mercado de trabajo de la duración de la prestación del trabajo y de la movilidad o de la capacidad de ruptura unilateral del compromiso de trabajo y, por lo tanto, por una intervención de embridado y de control sistemático sobre el conjunto de los derechos de propiedad y de los derechos cívicos y políticos. La progresión del intercambio dinero/trabajo dependiente y su acumulación no se traducen entonces por la realización de la libertad, sino más bien por una regresión duradera del conjunto de los derechos de la persona humana. Esta involución no constituye una simple reacción pasajera a una crisis social aguda, que terminaría rápidamente: al contrario, pone de manifiesto una vitalidad y una capacidad de adaptación asombrosas mientras el campo de la transaccción dinero/trabajo pueda movilizar una gama muy extensa de activos que permitan redefinir continuamente los derechos de propiedad y sobre todo de exclusión de la propiedad y de los derechos cívicos y políticos. Puede incluso aparecer dotada de un elevado poder de socialización, ya que su tendencia a ampliar continuamente el campo de intervención sobre los activos con el objeto de controlar la fuga del trabajo dependiente le permite realizar economías de escala en los costes de transacción y en la organización centralizada del mercado embridado. De este modo se explica que no haya incompatibilidad entre acumulación económica de trabajo dependiente y este tipo de régimen que contenía una lógica "totalitaria" 373. El único límite que encuentran sus distintas formas -esclavitud, indenture, peonaje, la segregación, las migraciones internacionales bajo contrato- es el comportamiento social del trabajo dependiente cuyo mayor vector de expresión fue y sigue siendo la defección o la ruptura del contrato de trabajo. La vía exit (la defección) se ha mostrado históricamente como la vía real de la transformación social y jurídica cuando la vía voice (toma de palabra reconocida) estaba prohibida. En la transformación de las relaciones jurídicas que rigen las relaciones económicas, la fuga política del trabajo dependiente constituye a la vez la vía de acceso a la libertad, y acelera la movilidad intersectorial de la mano de obra. Ella hace nacer el sistema salarial en los hechos antes de que se dote por medio del Derecho del Trabajo de las reglas de su funcionamiento libre. Crea también una de las condiciones cruciales de la acumulación, es decir, la competencia entre los distintos capitales, que más allá de su soporte tecnológico, de sus productos y de los mercados financieros constituyen formas de organización de las relaciones sociales. Favorece, en fin, un mecanismo de endogeneización de las externalidades positivas y negativas del mercado de trabajo, porque el control de la fuga, y luego de la movilidad de la mano de obra, conduce a la constitución de reglas generales, de sistemas públicos de aplicación de dichas reglas, y de los gastos sociales que son los únicos de resolver a escala social lo que la empresa no es capaz de hacer con su trabajo dependiente: fijarlo durablemente a un coste tolerable para las empresas en el corto plazo e inmovilizable en un ciclo de productividad para el gasto público. La vía regresiva o autoritaria que rechaza excluir de la transacción la movilidad personal del dependiente, de la cual Sudáfrica constituyó el tipo ideal más evidente, no escapa a esta ley. El mercado agrícola esclavista, el de la contratación y el asalariado minero separado de la ciudad, fueron continuamente contestados desde el interior y alimentaron el mercado de trabajo urbano. Son las ocupaciones de tierras y de las ciudades lo que condujo a las autoridades a edificar la barrera del color, el compound, la segregación espacial, étnica, sexual, y también a tener que financiar la construcción de viviendas de alquiler o el desarrollo tardío de los bantustanes para controlar Soweto.

La segunda vía es mucho más complicada en el plano institucional; consiste en endosar mediante la construcción institucional del mercado la endogeneización de una obligación muy fuerte: la reducción drástica del número de activos que entran en la transacción dinero/trabajo dependiente. La duración del trabajo dependiente ya no es negociable; se excluye igualmente todo activo susceptible de limitar la ruptura unilateral del contrato. El campo de la transacción económica del mercado de trabajo se reduce y se remite a una transacción instantánea (spot market) garantizando así que se elimine la solución que incluye en la transacción el precio de la duración. Esta reducción no tiene nada de automática o de espontánea, como sería el caso del mecanismo de oscilación en torno al equilibrio económico. En períodos de penuria de mano de obra, es decir, de fuerte crecimiento de la demanda de trabajo, la necesidad de fijar y de prevenir los abandonos tiende constantemente a hacer que el empleador individual y los poderes públicos recurran a técnicas de constitución de un mercado interno por medio de limitaciones de la libertad de ruptura del contrato 374. En los períodos de depresión económica, en los que el trabajo deviene abundante, la ruptura unilateral de la relación laboral por parte del empleador se opera con mayor facilidad sobre las capas inferiorizadas cívicamente, lo que conduce a una limitación de las libertades. De hecho, la invención de la relación salarial no embridada y libre sólo aparecería a partir del momento en que el trabajo dependiente intentó escapar de las diversas formas asumidas por el trabajo forzado.

El caso de Sudáfrica hace que aparezca con mayor claridad que en los demás ejemplos que hemos examinado que la fijación de la población en el trabajo dependiente -que en la historia ha recibido diversos nombres: cuestión de los pobres, después política de la mano de obra, que implica el bloqueo de las fugas hacia el campesinado, hacia el trabajo independiente urbano- depende estrechamente del grado de libertad política y cívica, que no puede ser definido como una cuestión externa a la esfera económica. El impulso del trabajo dependiente negro hacia la conquista de la libertad mediante la ocupación de tierras, de ciudades, de las cualificaciones o del aprendizaje de la lengua inglesa sólo puede contenerse durante un siglo mediante la pérdida progresiva de los derechos de representación política, lo que permitió una indenture racialmente estratificada. Este proceso en inglés se llama alegremente disenfranchisement 375, lo contrario de la emancipación electoral (es decir, el movimiento hacia el sufragio universal).

Terminemos con una última observación, que hace referencia al interés actual de la experiencia sudafricana, por la comprensión de la combinación progresiva de formas de segmentación del mercado de trabajo a partir de criterios de "raza", con la división del trabajo extranjero o nacional. Si nos abstraemos del marco general del apartheid, que se tradujo por la atribución del estatuto de extranjero a los nativos y a los no blancos, resulta difícil no sorprenderse por los parecidos que existen entre la reglamentación del derecho de residencia y de trabajo tanto de los africanos que provienen de otros países del África austral como de los negros sudafricanos, con el sistema que adoptó Europa occidental en el siglo XX. El parecido es simplemente de carácter analógico, en materia de limitación al acceso a la ciudadanía, al acceso a la naturalización, porque si bien se puede hablar de tendencia segregacionista y de prácticas que conciernen la discriminación y el racismo implícito en la sociedad blanca europea, y por tanto de democracia "ostracista" 376, la base jurídica e institucional del derecho común se opone a todo ello.

En materia del derecho particular de extranjería y de la reglamentación de su movilidad social, profesional, sectorial, de su embridamiento por el régimen de los permisos de trabajo y de residencia, vinculados entre ellos, el parecido es en cambio mucho más directo. Hay homología y ya no simplemente analogía. Los enunciados de un H.J. Verwoerd sobre la función económica de los pases (pass) para canalizar la mano de obra, y repartir mejor la población pobre, son entonces intercambiables con los de los responsables y defensores de las políticas migratorias europeas, subordinadas a las necesidades del mercado de trabajo, en particular en materia de oponibilidad del empleo al reagrupamiento familiar, de relación estrecha de los derechos de residencia y de vivienda con el ejercicio continuo de un trabajo dependiente. Habrá quien responda que se trata de una homología "ideológica". Pero es precisamente el funcionamiento real del mercado de trabajo sudafricano durante la segregación lo que se revela idéntico al de las democracias industriales: el régimen legal de asignación del trabajo sometido a limitaciones a su libertad de movimiento, cualquiera que fuera su severidad, solo controlaba de manera parcial los movimientos de la mano de obra. La evolución incesante de la reglamentación de los pases o de los permisos de residencia y de trabajo se ve en ambos casos obligada a seguir en gran medida sus contornos si quiere frenar el acceso de los trabajadores a la libertad plena y entera.


373. El movimiento de ampliación de la transacción económica a todos los activos o derechos de propiedad, que se tornan en vectores de la conquista de la libertad del trabajo dependiente, permite en un primer tiempo a este tipo de sistema de beneficiase en el estricto plano económico de una eficacia superior a un sistema descentralizado, encastrado por reglas limitativas que prohíben a la transacción económica de desbordarse sobre activos tales como la libertad personal, la movilidad. En el corto plazo los regímenes totalitarios, entendidos en este sentido preciso, muestran una eficacia espectacular, contrariamente a lo que sostenían los "liberales". El capitalismo agrario de plantación, el complejo minero-industrial, la planificación autoritaria de tipo socialista son capaces de obtener un grado elevado de acumulación. Es la calidad de esta acumulación y su viabilidad a largo plazo lo que plantea problemas.

374. La exaltación unilateral de las virtudes de los mercados internos olvida con excesiva rapidez los múltiples perjuicios causados -históricamente y en la actualidad- a la libertad del trabajo dependiente, asalariado o no, por el alargamiento de la duración de la transacción.

375. Sobre este fenómeno que sirve de contrapunto a la ampliación progresiva del censo electoral de los blancos, véase G.M. Frederickson, White supremacy. A comparative study in America and South Africa History, cit., pp. 272-280.

376. Sobre la aplicación de este término de ostracismo a la empresa japonesa, véase B.J. Coriat, Penser à l'envers, cit., pp. 167-168.

Se veía venir. Tras el éxito literario de ¡Indignaos! de Stéphane Hessel -no tanto el de sus secuelas- tenía que llegar una clara respuesta desde arriba. No hay revolución sin su contrarrevolución. El ministro español del Interior Jorge Fernández Díaz, convencido de que la agitación que alteró a sus compatriotas se debe a malas influencias extranjeras, acaba de presentar, en nombre del gobierno, ¡Ofendeos!, una adaptación local del best seller represivo que está dando la vuelta al mundo. Su compañero José Manuel "Repsol" Soria promete una versión que se ajuste mejor a la sonoridad canaria (¡Oféndanse!). Si Hessel contaba en su pedigrí el haber formado parte de la Resistencia francesa al nazismo, Fernández Díaz contrapone su condición de miembro supernumerario de un movimiento que ha sabido perdurar mejor en el tiempo: el Opus Dei.

¿Quién debería ofenderse? El gobierno asegura que España, las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas. Es decir, el Estado, y en especial las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que no les gusta que le llamen por su verdadero nombre. No puede ser que el gentío les tome por el twitter del sereno. También, sin duda, las nuevas generaciones de españoles, hoy en manos de los que protestan. De ahí que en lugar de un panfleto, Fernández Díaz haya optado por lo seguro, un remake de la socialista ley Corcuera -gran éxito en su momento- que será publicado por la veterana editorial BOE. Al igual que con la Ley de Partidos, se trata de cubrir por la vía administrativa el vacío que deja el remendado Código Penal, ya que por una fastidiosa costumbre garantista, no todo puede ser delito sancionado con prisión.

Negar a España una vez tiene un pase (infracción grave), pero hacerlo tres veces antes de que cante el gallo tiene que ser infracción muy grave, con multas que pueden ir de 30.001 euros (suponemos que si solo se menta a Canarias, Ceuta o Melilla) o de hasta 600.000 euros (si hablamos de la "patria común e indivisible"), lo cual son cifras tamaño Bárcenas. En un país donde muchos se cagan en Dios y donde pocos pagan las multas la morosidad podría poner en jaque al Estado, como antes las hipotecas impagadas sacudieron al sistema financiero. Habrá a quien esto le parezca una barbaridad, y hasta es posible que el Tribunal Constitucional lo invalide, pero cuando esto suceda bien pudiera ser que otros artículos -los relativos a la reincidencia, las protestas no comunicadas o antes de la jornada electoral...- sean reafirmados como hechos consumados. Tal y como sucedió en 1993 con la retención policial para identificación, hoy convertida en un clásico. Es lo que tiene fijarse solo en el título.

En fin, en esta nueva obra no falta la solidaridad con el pueblo árabe, donde la tranquilidad ciudadana está tan alterada. Stéphane Hessel tuvo el detalle de acordarse de los palestinos; Fernández Díaz, del gobierno egipcio, que acaba de poner en práctica una nueva ley de protestas. Tanto ésta como la ley española -que contempla más cosas que las protestas- prohíben la violación del orden público (rebautizada aquí como perturbación de la seguridad ciudadana, concepto cuyo significado preciso continúa sujeto a la arbitrariedad estatal), sobre todo si se hace con el rostro cubierto, así como la convocatoria y organización de protestas no comunicadas. La ley egipcia, sin embargo, es más dura y prevé penas de cárcel, pero de esto ya se encarga el Código Gallardón, en una sofisticada división del trabajo propia de un Estado miembro de la Unión Europea.

Este es, sin lugar a dudas, el libro de estas navidades. No habrá que desembolsar un solo euro por él. Ya lo hemos pagado con creces.

Manifestación en Bruselas a favor de la rebelión siria, 29 de abril de 2012. Fotografía: Samuel

"Aunque a veces no tienes comida, ni techo, y duermes bajo los árboles o sobre cemento, el mujahidin siente alegría y satisfacción. Compara esto con la vida en Occidente donde, pese a tener todo lo que necesitan, la gente vive con pena y depresión." Testimonios del frente sirio: la historia de Chokri Massali – Abu Walae

Durante los últimos meses de 2011 y los primeros de 2012, los domingos podía escucharse un rugido en el turístico centro de Bruselas. Decenas de manifestantes, la mayoría de origen sirio, copaban las escalinatas del edificio de la antigua Bolsa de comercio y ondeaban la bandera siria de la independencia (1932) en rechazo al gobierno de Bachar Al Asad y del partido Baath. Era la época en la que el levantamiento popular y la desmesurada represión armada se estaban transformando en un conflicto bélico de gran escala.

Nunca vi a los militantes de izquierdas habituales de otras manifestaciones. Pese a que muchos carteles que portaban estaban escritos en inglés y recibían con los brazos abiertos a quien se uniera a la protesta, la reunión no dejaba de tener un marcado carácter "comunitario". Las crudas imágenes diseminadas por internet no lograban romper una barrera social, mental. Los partidarios de Al Asad, en cambio, solían mostrar su apoyo de manera más esporádica y congregaban a bastante menos gente, sobre todo si descontábamos a los de la embajada. Con el tiempo, las manifestaciones a favor de la rebelión se hicieron cada vez más raras, hasta que prácticamente desaparecieron. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer en la prensa noticias sobre jóvenes belgas de ascendencia árabe que viajaban a Siria para combatir al gobierno.

                                                 * * *

Se desconoce la cifra exacta de europeos (nacidos en Europa o residentes en el continente) que han viajado a Siria para luchar contra El Asad. Pero se cuentan por centenares. Son pocos en relación con el número de rebeldes sirios, pero son más que los que viajaron desde Europa a luchar en Afganistán o a Iraq. Y no solo son jóvenes varones, también hay mujeres y hasta familias enteras.

No es la primera vez que unas personas viajan a luchar a un país que no es el suyo por una causa que en principio no les implica directamente. David Malet ha documentado la presencia de combatientes extranjeros -no mercenarios- en al menos setenta de trescientos treinta y un conflictos civiles en los últimos doscientos años, uno de cada cinco. En su estudio comprueba cómo las insurgencias transnacionales -que Europa occidental experimentó hasta no hace tanto- se producen sobre todo en conflictos en los que el factor étnico no es el más relevante y demuestra cómo han ido aumentando en todo el mundo términos absolutos y relativos. Es solo en tiempos recientes que los gobiernos han subsumido la diversidad de rebeliones armadas bajo el concepto de terrorismo, criminalizando por ejemplo a quienes viajaron para combatir al ejército ocupante en Iraq.

Las motivaciones difieren según la comunidad de procedencia y las circunstancias personales de cada uno. Así, el contexto vital de los brigadistas belgas, holandeses, franceses y españoles, no es el mismo que el de sus ocasionales compañeros de armas bosnios, ni el de estos es equivalente al de los libios, tunecinos o al de los insurgentes suníes de Iraq. Se sabe que muchos de los combatientes belgas han alimentado las filas del Frente Al Nusra o de alguna de las facciones del Estado Islámico en Irak y el Levante (Da'esh o ISI), que algunos están vinculados al grupo salafista Sharia4Belgium, pero de muchos otros se sabe más bien poco. El Alto Consejo Militar del Ejército Sirio Libre expresó públicamente sus recelos con respecto a los milicianos extranjeros. Aunque la prensa europea, a partir de información suministrada por los respectivos servicios secretos (que parece que en esto colaboran con Damasco), solo haga referencia a los suicidas, la mayoría de guerrilleros no necesariamente entran en esa categoría. Y entre los europeos parece que hay más inspirados por una causa que mercenarios propiamente dichos (en comparación con otras regiones). De algunas de las declaraciones que se han traducido podemos observar algunos puntos en común: una fuerte indignación por la suerte de los sirios y la necesidad de mostrar su solidaridad como miembros de la umma. 

                                                 * * *

Los gobiernos europeos andan inquietos con este fenómeno, ahora que se había contenido el contagio revolucionario entre ambas orillas del Mediterráneo, y entre identidades preestablecidas, tras la efímera reverberación de acampadas, memes e intercambios de experiencias. A ello habían contribuido el miedo a la guerra (Libia, Siria), políticas migratorias cada vez más restrictivas y racistas,  y el acceso de diversos islamismos a los gobiernos de Túnez y Egipto. Con su acción los brigadistas cuestionan la legitimidad de los Estados y su monopolio de la violencia al tiempo que ponen de manifiesto una permeabilidad diferente, una filtración que se canaliza por los más estrechos canales identitarios.

El Consejo de la Unión Europea acordó recientemente, a propuesta del Coordinador Antiterrorista y con fuerte apoyo británico, la creación de grupos de trabajo sobre "combatientes extranjeros" (europeos en realidad; solo son extranjeros para el país de destino). El objetivo es analizar el proceso por el que una persona toma la decisión de ir a luchar a otro país, sus diferentes motivaciones, los itinerarios y rutas que toman luego y la potencial "amenaza" que representan si regresan vivos a Europa. Los gobiernos europeos están buscando medidas para disuadir la partida de brigadistas desde el territorio de sus respectivos países y se están planteando cambios en la legislación que permitan su control y eventual detención.

Como la participación en un conflicto armado foráneo en principio resulta difícil de encuadrar en la legislación penal (salvo por lo que se refiere a la comisión de crímenes de guerra o contra la humanidad), el marco antiterrorista se estira para incluir la "prevención", con dos conceptos policiales igualmente discutibles: radicalización y peligrosidad. Al desarrollo de estos conceptos contribuyen centros de investigación vinculados a los gobiernos como el Real Instituto Elcano, con argumentos circulares que se justifican a sí mismos y que ante todo buscan descontextualizar. Radical es el que justifica el terrorismo y la violencia, que son lo que los gobiernos quieren que sean. El salafismo se despolitiza y el jihadismo se reduce a una manera "belicosa" de entender el Islam. De esta manera, nos vamos acercando a la islamofobia: en última instancia, es en la propia religión y en la comunidad que la profesa donde se encuentra el germen de una violencia y un odio abstractos.

                                                   * * *

Lo que nos escandaliza de la decisión de partir a combatir en Siria es que personas que viven entre nosotros decidan tomar las armas para hacer lo que otros piden a sus gobiernos que hagan. Semejante decisión no se produce simplemente por un lavado de cerebro de jóvenes empujados por un entorno familiar y social fanáticos. Se produce en un lugar y en una temporalidad. La de una Europa en crisis que los considera extranjeros y en la que continuamente deben justificar cómo son, y que desea que por su ascendencia, lengua o religión queden relegados en los guetos y en los empleos más bajos. Los mismos motivos por los que cierra las puertas a los refugiados sirios. Una Europa en la que la única respuesta solidaria con la tragedia siria que encuentran es la que se expresa con el lenguaje del salafismo reaccionario.

El humorista belga François Pirette lo explicó con un controvertido sketch televisivo que solo cobraba sentido hacia el final. Comienza entonando varias veces:

Bélgica yo te quiero, Bélgica yo te adoro
aunque la policía a veces pegue un poco fuerte.
Yo no me muevo de aquí
Nací aquí, no nací allá

Y acaba coreando en un tono más dramático:

A fuerza de escuchar hablar de integración,
cuando son belgas de tercera generación,
por desesperación, cólera o desatino,
a veces nuestros hijos cambian la letra de esta canción:

Siria yo te quiero, Siria yo te adoro,
porque tú no me ves como una mancha en tu decorado,
Siria yo te quiero, Siria yo te adoro,
al menos para tí mi vida tiene sentido y vale oro.

No lo hagas, no lo hagas
por favor, no partan para allá
perdónennos por haberlos traicionado
vuelvan, porque su casa está acá.

Este ejercicio de instrospección colectiva es más valioso que cualquier análisis policial. Parte de un nosotros problemático porque político, no de una escisión insuperable entre sanos y enfermos. Que combatientes retornados puedan retomar las armas en Europa dependerá de muchos factores. Los que suelen privilegiarse son los que se refieren a la formación ideológica, la experiencia bélica o el grupo armado al que presuntamente se adhirieron. No parece, sin embargo, que la construcción de una Europa cada vez más desigual, racista y autoritaria sea la mejor manera de evitarlo.

Empiezo este texto con el partido amistoso de fútbol Guinea Ecuatorial-España bastante avanzado. El logo de Iberdrola, omnipresente. Mucho se ha escrito sobre la dictadura de Teodoro Obiang. Poco sobre su condición de ex colonia española y sobre el hecho de que su vigente sistema político tanto deba al nacionalcatolicismo franquista. En tanto que colonia, Guinea Ecuatorial había sido objeto, por un lado, de una mediocre misión civilizadora, reducida a la imposición del castellano y de la religión católica y, por otro, de los frustrados intentos por instaurar diversas formas de trabajo forzado.

La "transición" ecuatoguineana a la independencia, desde la legalidad española, falló al no cuajar ninguno de los contradictorios proyectos que compitieron en el accidentado proceso "constituyente" pergeñado desde la metrópoli. Dichos proyectos estuvieron personificados en el enfrentamiento entre el almirante Carrero Blanco, principal accionista de la Compañía Nacional de Colonización Africana (Alena S.A.) y propietario de otras empresas coloniales en Bioko (confusión entre lo público y lo privado típica de todo régimen colonial), y el ministro de asuntos exteriores Fernando Castiella, con Miguel Herrero de Miñón de por medio, a lo que luego se añadió la tercera vía impulsada por Antonio García Trevijano, que apoyó a Francisco Macías Nguema. Macías había sido consejero de Obras Públicas en la administración colonial y era un gran terrateniente de la etnia fang en Río Muni (el territorio continental de Guinea Ecuatorial). Para sorpresa de las autoridades españolas (Carrero Blanco y Castiella apostaba cada uno por un candidato opositor diferente), Macías resultó ganador en las elecciones generales de 1968.

La transición se truncó con el golpe de estado de Macías en marzo de 1969, que pronto se reveló como un dictador sanguinario. Aunque luego se proclamó marxista para mostrar pedigrí antiimperialista y promovió una africanización al estilo de Mobutu Sesé Seko, su mayor influencia fue la de Francisco Franco. En el enfrentamiento con los colonos españoles que precedió al golpe, declaró: "y por ser educados por España seguiremos la política de treinta años de paz del Generalísimo Franco". En España esa paz había sido la de las fosas comunes y el terror. En Guinea el terror de Macías comenzó con la eliminación física de la oposición política, tras la que se sucedieron las ejecuciones, las torturas y una represión que alcanzó hasta la propia familia del dictador. En 1975 Macías ordenó la deportación masiva de cuarenta mil inmigrantes nigerianos (en su mayoría igbos de Biafra), trabajadores que la administración colonial española había traído para trabajar en penosas condiciones en las plantaciones de cacao en la isla de Fernando Poo (actual Bioko). A Francisco Macías le siguió su sobrino Teodoro Obiang, formado en la Academia Militar de Zaragoza y ex director de la prisión de Playa Negra. Obiang ejecutó a Macías y, frente a su predecesor, volvió a restablecer relaciones con la Iglesia Católica. Sería Obiang quien, con una crueldad más selectiva que la del sádico Macías, y gracias al pillaje de la renta petrolera, finalmente impusiera más de treinta años "de paz", hasta hoy día. Para muchos bubis en la isla de Bioko la dictadura de Macías primero, de Obiang después, representa la dominación arbitraria de una familia fang foránea, del continente.

Este régimen despótico, como el franquista, parece responder fielmente al concepto de necropolítica desarrollado por Achille Mbembe, esto es, un orden soberano basado en el control y uso del poder de dar muerte. La especificidad colonial estriba en "dos movimientos (la privatización de las prerrogativas públicas y la socialización de la arbitrariedad) que se convirtieron en este proceso en el cemento de los regímenes autoritarios africanos postcoloniales". La forma Estado pero también "la racionalidad colonial fue reapropiada rápidamente por los africanos", incluyendo la ausencia, en el imaginario, de la idea de contrato social (inaplicable para los súbditos coloniales). Así, "el acto de establecer la autoridad soberana no implicaba ningua reciprocidad de obligaciones legalmente codificadas entre el Estado, quienes detentaban el poder, la sociedad y los individuos".

El experimento de la transición no funcionó en Guinea Ecuatorial. Pero los reformistas de la metrópoli, como Herrero de Miñón, Rodolfo Martín Villa (que formó parte de la delegación española en la conferencia constitucional de 1967), o Manuel Fraga, que firmó en Malabo un doce de octubre el acta de independencia, tomaron nota de lo sucedido. Algunos elementos -no todos, como la forma republicana de gobierno- del debate constitucional sobre Guinea Ecuatorial, especialmente en lo referente al sistema electoral y su impacto territorial, serían retomados más tarde en España. Así lo explica Herrero de Miñón en sus memorias:

"el sistema proporcional permitía la representación de diversas minorías territoriales o étnicas, sin necesidad de acudir a la tosca fórmula de reserva de escaños, y si se exigía listas electorales completas, cerradas y bloqueadas, simplificaba extraordinariamente el escrutinio y fortalecía la estructura de los partidos.

Todo eso nos parecía deseable para Guinea y así lo hicimos aceptar por la parte española. Pero esta opción que, al final, fue fútil en Guinea Ecuatorial resultó trascendental, y sus consecuencias llegan a la vigente Constitución y legislación electoral española."

Habrán visto las imágenes. Diputados votando y largándose apresuradamente para poder aprovechar el puente de primero de noviembre. Muchos, como Joan Coscubiela, tendrán sus buenas razones, como no perder el avión que te lleve con los tuyos. Si no queremos que nos impongan jornadas laborales de sol a sol, no entiendo por qué habría que exigírselas a los diputados, desde nuestra ilusoria posición de patrón (papelón que asumimos con nuestros equipos de fútbol, con los diarios de los que nos hacemos socios y, peor aún, con nosotros mismos).

Es cierto que los medios se han limitado ha mostrar la estampida y no el debate previo. Sin embargo, no por ello deja de ser menos indignante. La votación que los diputados despacharon deprisa y corriendo se refería a las enmiendas a la totalidad que los partidos de la oposición habían presentado contra la reforma del sistema de pensiones, el pensionazo propuesto por el Partido Popular, que en la práctica supone una apropiación indebida de ingresos presentes y futuros para los de abajo. Todas las enmiendas fueron rechazadas por mayoría absoluta, la del PP. Y podemos apostar a que, de no haber dispuesto de mayoría absoluta, una propuesta no muy diferente hubiera sido aprobada por los dos principales partidos del Congreso (y alguno más), pues la reducción del gasto público en pensiones forma parte de los compromisos contraídos con la Unión Europea y responde al corsé presupuestario autoimpuesto con la reforma del artículo 135 de la Constitución. De modo que lo más indignante no es que sus señorías, y especialmente las de la oposición, abandonasen el parlamento como lo hicieron. Es que si no hubieran acudido al mismo hubiera dado exactamente igual.

No dudo de las buenas intenciones de los diputados de izquierda que, ocasionalmente, logran que alguna intervención suya tenga éxito en Youtube. No niego el trabajo que conlleva tomarse en serio la tramitación parlamentaria de propuestas y enmiendas, intentar que se escuchen voces distintas en el hemiciclo y mantener al mismo tiempo el contacto con "la calle". Pero en el contexto actual, ha quedado sobradamente demostrado que quien quiera hacer oposición real al ejecutivo español -que no es más que un apéndice enfermo del europeo- no lo puede hacer desde el Congreso, mucho menos desde el Senado. En ese teatro de variedades ya no se puede hacer otra cosa que lo que a muchos no les queda más remedio que hacer en un empleo que detestan: cumplir. En el caso del diputado, mostrar el desacuerdo y a veces el enfado. Representar, ya que no a los ciudadanos, al menos un papel, como el de rebelde con causa. Hacerse un currículo que poder presentar en las elecciones de 2015: "yo me opuse a esto", "yo ya dije lo otro", "siempre estuve en todas las manifestaciones". Dando el callo. Mientras el gobierno, imperturbable, ejecuta.

Solo que este callo no produce nada, políticamente hablando, salvo más callos, y cada vez más dolorosos. Luego se quejan de los ciudadanos desagradecidos. Se suceden las votaciones y las derrotas, y lo peor de todo es que se resiste reivindicando concesiones pasadas. Como el famoso Pacto de Toledo, que segregó las fuentes de financiación entre el Estado y la Seguridad Social, presentando a ésta como algo distinto de aquél. Ya en su día el Círculo de Empresarios advirtió que el pacto de marras no era más que una tregua. Los últimos hechos consumados le dan la razón.

Sin llegar a despreciar la importancia de las citas electorales, el horizonte electoral no puede ser el que determine nuestras acciones. Simplemente, no podemos esperar a ver qué pasa con el Congreso en 2015. Una eventual fragmentación parlamentaria a partir de ese año, en función de lo que suceda en el 2014 (elecciones al Parlamento Europeo, referéndum por la independencia en Catalunya) puede abrir un poco el juego político y devolver cierta utilidad al trabajo en el Congreso, pero esto es claramente insuficiente, y la posibilidad de un pacto de gobernabilidad PP-PSOE resulta bastante verosímil. Además, cualquier estrategia política que se pretenda alternativa al régimen cleptocrático vigente no puede ser meramente representativa, ni nostálgica ni declarativa, expresión de una impotencia. Está obligada a ser disruptiva, creativa e ilusionante, arraigada en la materialidad de nuestras vidas. Algo que los partidos políticos y sus servidumbres difícilmente pueden ofrecer, a menos que previamente se haya producido una convulsión social. Esta es la que hay que trabajar políticamente. Si no, la próxima estampida será la de los ciudadanos.

Tras la tragedia de Lampedusa, Beppe Grillo ha despejado cualquier duda que podía tener uno acerca de sus posiciones con respecto a la inmigración. Hace unos días desautorizó a dos senadores de su Movimiento 5 Estrellas, por haber propuesto la despenalización de la inmigración irregular en Italia sin consultar con el partido que no se considera tal. "Si durante las elecciones hubiéramos propuesto abolir el delito de clandestinidad, habríamos conseguido porcentajes de prefijo telefónico", escribió en su blog. Grillo afirma que "la enmienda [de los senadores de su movimiento] representa una invitación a los clandestinos a embarcarse hacia Italia. El mensaje que recibirán es: ‘la clandestinidad no es delito’". Grillo concluía preguntándose: "¿Cuántos clandestinos estamos en condiciones de acoger cuando un italiano sobre ocho no tiene para comer?".

Declaraciones como éstas han provocado tales divisiones dentro del M5S que Beppe Grillo se ha visto obligado a escribir de nuevo sobre el tema. Y lo hace de manera más confusa pero sin alterar su razonamiento básico. Por mucho que se queje de que la inmigración sea un tema "tabú" -no es la primera vez- manipulado por la partitocracia, sus conclusiones no se alejan de la situación que aquélla mantiene. Para Grillo, una legislación que no penalizara la inmigración irregular ("clandestina") sería "autolesiva para los italianos e irrespetuosa con las futuras condiciones de vida de los clandestinos". Grillo ve la paja de la hipocresía en los ojos ajenos -real, por otra parte- y no la viga en el propio. En lugar de plantearse la abolición de la clandestinidad, prefiere que se mantenga el dispositivo represivo que la agrava con el argumento de que es por el bien de los italianos pero también de los excluidos (cosa que por otro lado se ha hecho también desde la izquierda sobre la base de una aplicación errónea del concepto de "ejército de reserva"). Y remacha esta lógica con la peor de las excusas, la de que el M5S, con sus mecanismos de democracia "directa", no hace sino reflejar la opinión mayoritaria de los italianos, sin pretender cambiarla.

Estas bufonadas, que acercan Grillo a Bossi, no hacen ninguna gracia. La inmigración no es un asunto que se esté usando "para desestabilizar Italia", como dice. Las migraciones sí desestabilizan, en cambio, los sistemas oligárquicos de segregación realmente existentes. Es una piedra de toque que nos permite conocer quiénes apuestan por una radicalización de la democracia y quiénes la confunden con un mecanismo que asigna recursos y privilegios en favor de quienes, por alguna razón, se creen mejores que el resto.

En la ruta transahariana que llega hasta las puertas de Melilla, existe un lugar inhóspito y reseco que se llama Tinzawatén. Esta comuna rural se encuentra dividida en dos, entre la frontera entre Argelia y Malí, que no existía durante la dominación francesa. Antes del reciente conflicto militar en Malí, los militares argelinos solían abandonar allí a su suerte a muchos de los migrantes negroafricanos que detenía en su territorio. Algunos habían sido previamente expulsados por Marruecos (vía Oujda) o Libia (vía Djanet). Estas personas acababan por alojarse como podían en las casas abandonadas del lado maliense, a 350 kilómetros al norte de Kidal, territorio controlado por los kel tamasheq (tuareg). Allí quedaban atrapados a temperaturas extremas, sin ingresos, sin cuidados médicos, sin poder ir al norte o al sur, intentando buscar la manera de retomar el camino. Entre los migrantes expulsados Tinzawatén es conocida como "el infierno" o "la ciudad de la locura", por las durísimas condiciones a las que se encuentra sometida la psique de los soñadores. Algunos, generalmente hombres, olvidan qué les unía a otros humanos y expresan su frustración con una violencia terrible, generalmente contra las mujeres.

Pese a todo, los más no se daban por vencidos. Se apropiaron de los nuevos muros y se organizaron en pequeñas comunidades o guetos -quilombos, si se quiere-, según la afinidad que otorga el lugar donde nacieron y crecieron: el gueto nigeriano (mayoría), el liberiano, el burkinabé, el senegalés, el camerunés... No confundir con la nación de los románticos. La coordinadora de Migreurop Sara Prestianni realizó estas fotografías de Tinzawatén en octubre de 2009:


El gueto senegalés. Puede leerse en el grafiti: "mamá, un día tu hijo volverá". Fuente: © Sara Prestianni, 2009


El gueto camerunés. Fuente: © Sara Prestianni, 2009


Mujeres migrantes en Tinzawaten. Sonríen. Fuente: © Sara Prestianni, 2009

Y conforme llegaban, y hasta que volvían a partir, fueron estableciendo reglas sobre la convivencia, el aprovisionamiento cotidiano y el transporte, según las respectivas tradiciones culturales y políticas. En el muro del gueto camerunés puede leerse: "Reglamento interior. 1) El derecho del gueto es una obligación cívica". Como escribió Clara Lecadet en la revista francesa Hermès (nº 63, CNRS, 2012), "el caso de los muros habitados de Tinzawatén y su inversión por las leyes que se dan los expulsados al término de su deportación nos ayuda a pensar el momento posterior a la expulsión en términos diferentes a los de un vacío político".

El conflicto armado en el norte de Malí alteró los movimientos y algunos de sus protagonistas. Ya antes de la última rebelión de Azawad por Tinzawatén pasaban también refugiados tuareg que huían de las exacciones del ejercito de Malí. Ahora acuden allí muchas personas de nacionalidad maliense (procedentes de Kidal, Gao o incluso Menaka, a 600 km), que ven cómo el gobierno de Argelia bloquea el acceso a su territorio por carretera, aunque sigue siendo posible cruzar a pie o en burro. En abril de 2013 había unos 10.000 malienses atrapados en ese limbo desértico que antes acogía apenas un millar. Solo han podido recibir asistencia de unas pocas organizaciones, como Cruz Roja Internacional, o la Asociación Maliense de Expulsados. No sé cuál es la situación ahora mismo. Es posible que desde Argelia sigan llegando los expulsados de Schengen.

Desde Europa, donde consideramos la fuga como una derrota personal o una traición a (o de) la patria, nos resulta incomprensible el empecinamiento de estas gentes. Nos extraña que insistan a pesar del desierto, de las aguas turbulentas y del destino cada vez más duro que espera a los pocos que logran quedarse al otro lado del Mediterráneo. Y les sermoneamos sobre el espejismo europeo. En el fondo, y aunque no queramos reconocerlo, les envidiamos un poco. Porque aunque carecen de todo tienen algo que nosotros hemos perdido: coraje.


Extracto del mapa de situación de los refugiados y migrantes en Mali durante el primer semestre de 2013. A la izquierda, Tinzawaten. A la derecha, las rutas migratorias que partían del norte de Malí antes de la intervención militar francesa. Fuente: IOM

Me entero de la muerte del ex oficial nazi de las SS Erich Priebke, responsable de la matanza de 335 civiles en las Fosas Ardeatinas, en Roma, y que al término de la II Guerra Mundial escapó hacia Argentina, donde vivió hasta su extradición a Italia en 1996. En 1994 había sido descubierto por unos periodistas de la cadena de televisión norteamericana ABC. La mayor parte de su etapa argentina la pasó con otra identidad en la turística ciudad de Bariloche, donde la comunidad alemana le ocultó y aceptó durante décadas como una de sus figuras más destacadas, en tanto que director de escuela y presidente de la Asociación Cultural Germano-Argentina.

Es este período de Bariloche el que describe uno de sus ciudadanos, el argentino Carlos Echeverría, en un interesantísimo documental donde se mezcla la autobiografía con el periodismo de investigación. Su título es "Pacto de silencio", y fue realizado en 2005. Lo mejor del documental es que se centra en el retrato de la comunidad inmigrante alemana en la que se crió el propio realizador, con muchas imágenes de archivos privados e intervenciones como la del propio hijo de Priebke. El objetivo de su investigación consistió en indagar por qué una comunidad, muchos de cuyos miembros conocían su pasado pero que no necesariamente compartían sus ideas, terminó no solo por encubrirlo sino por encumbrarlo. En él se muestra también cómo la embajada alemana estuvo al corriente de su presencia. En una entrevista a Página12 en 2006 Echeverría declaraba:

"–El fue construyendo una imagen propia, la de un patriarca. Tenía buen estado físico, una jubilación alemana (por los servicios prestados antes del ’45) y además disponía de tiempo. Por otra parte, sus colegas iban perdiendo el ejercicio de la lengua alemana y para pedir subsidios a Alemania hacía falta alguien que escribiera y hablara correctamente el alemán. Eso le daba a Priebke el control de todo, y un espacio de poder para disfrutar de una tercera edad sin problemas y sin pasado. Quizás en la cabeza de adherentes y amigos suyos seguían respetándolo por la jerarquía policial y en las SS que había alcanzado, y lo dejaron tener un rol de poder en la comunidad alemana.

–¿A qué atribuye la falta de respuesta organizada por parte de la sociedad de Bariloche ante la presencia de genocidas?

–Además de Joseph Schwammberger y Priebke no hubo otros criminales de mediano rango en Bariloche, salvo que hayan estado de paso. Pero esto, pese a los rumores y mitos, no fue debidamente comprobado. En Bariloche, gran parte de la población estuvo y está en contra de los nazis, pero hubo nostálgicos y adherentes. En los sectores medios y bajos, Priebke tiene aún sus mejores aliados y sostenedores, temerosos de poner en riesgo un trabajo o un futuro laboral. Pero las radios se inundaron de llamados de oyentes, en repudio a la propuesta de dos integrantes del Concejo Deliberante local, que estaban en contra de declarar persona no grata a Priebke en 1994."

Es una pena que la versión completa de la película, de 90 minutos, solo haya sido distribuida en unas pocas salas cinematográficas en Argentina (yo tuve la suerte de ver su estreno bonaerense en el Malba) y en algunos festivales. Una versión mutilada del mismo, de unos 53 minutos, fue luego editada en DVD para el mercado alemán bajo el título Pakt des Schweigens y emitida en el canal estadounidense de televisión por cable History Channel (en la versión española, que he insertado más abajo, con la voz en off de Echeverría incomprensiblemente doblada al castellano peninsular). No he logrado encontrar la versión íntegra en internet.

El documental incluye el momento en que los periodistas estadounidenses de ABC descubren su identidad y lo abordan a las puertas de la escuela que dirigía. "Por cada soldado alemán debían morir diez italianos", afirmó entonces tranquilamente, ignorante de las consecuencias que luego tendría. "¿Civiles?", pregunta el periodista. "Bueno, civiles, la mayoría eran terroristas".