Quilombo

"No soy feliz aquí; si pudiera me iría de este centro. No nos dan buena comida. Cuando les decimos que tenemos hambre, nos dicen que en Senegal nos moríamos de hambre y que deberíamos estar contentos de que al menos nos den comida.

–— Lakh S., 17 años, centro de emergencia de La Esperanza, Tenerife

No somos felices aquí; sabemos que no nos llevarán a la península. La mayoría quiere volver a Marruecos. Estamos cansados. Nos pegan [los educadores] y estamos cansados. Antes de que nos visitaras, el centro olía muy mal. No vivimos bien ni tampoco comemos bien.

— Malik R., 14 años, centro de emergencia de Arinaga, Gran Canaria

Las Islas Canarias no se deben convertir en la guardería de África.

— José Luís Arregui Sáez, Director General, Dirección General de Protección del Menor y la Familia de las Islas Canarias "

Así comienza el informe de Human Rights Watch sobre los cuatro centros de emergencia canarios donde retienen a los menores africanos no acompañados que llegaron en cayucos a lo largo de 2006. Cuando se abrieron estos centros el año pasado se alegaron razones de urgencia, y se insistió en su carácter excepcional y temporal, pues los menores tienen derecho a recibir una protección y una asistencia especial por parte del Estado, con independencia de su situación legal, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España.

Las administraciones han acabado por adoptar un criterio muy laxo de lo que es la temporalidad, y los centros ahí siguen, con 400-500 menores en condiciones a veces penosas, como se ha detectado en los centros de La Esperanza (Tenerife) y Arinaga (Gran Canaria), donde HRW ha documentado denuncias de violencia sistemática y maltrato.

El gobierno canario se ha apresurado a rechazar el informe, por la supuesta falta de rigor del mismo. Aseguran que en su momento remitieron las denuncias a la fiscalía, y que finalmente no se encontraron indicios de maltrato. Teniendo en cuenta los precedentes, deberían poner especial celo en que no se vuelvan a repetir las torturas producidas hasta 2005 en el centro de La Esperanza, cuando era un reformatorio. El gobierno canario admite, eso sí, que los centros, frente a alternativas como los hogares de acogida, no son la respuesta más adecuada para el tratamiento de los menores y que nunca estuvo de acuerdo en su apertura, cargando las culpas en el gobierno central. Claro, lo que más les hubiera gustado es trasladarlos a todos a la península, y olvidarse del problema. Y de eso trata el informe, que se titula, significativamente, "responsabilidades no bienvenidas". El esfuerzo de la administración central y autonómica ha consistido en derivar las responsabilidades al otro, sin asumir las propias.

Las acusaciones de maltrato y abuso difícilmente pueden demostrarse con un informe como el de HRW, que tiene el carácter de denuncia, no de sentencia probatoria. Pero el informe dice muchas más cosas, ya denunciadas por otras organizaciones, y fácilmente comprobables: periodos prolongados de detención policial sin acceso a ningún juez ni a ningún abogado; falta de información sobre su derecho a solicitar asilo; restricción injustificada de la libertad de movimientos, en un régimen que poco se diferencia del de una cárcel.  

Y las deportaciones (últimamente denominadas "reagrupamiento familiar en el lugar de origen", retorciendo cínicamente un concepto creado para lograr el objetivo opuesto), que el gobierno español ha comenzado a acelerar tras la firma de acuerdos con Marruecos y Senegal, y con la entusiasta colaboración de comunidades autónomas como la de Canarias y Andalucía.

Por cierto, que entre los 500 menores que se trasladaron a la península, no se seleccionó ningún menor marroquí, "a pesar de que los niños marroquíes suponen un tercio de los menores no acompañados que llegan a Canarias". Será que se notan menos.