Es la ley la que crea al "inmigrante ilegal", y no al revés. Lógicamente, la ley se basa en una realidad, el movimiento de las personas, algo que llevan haciendo los seres humanos desde sus orígenes en África, al igual que otros animales. Pero es la ley la que define tautológicamente quién es ciudadano de un Estado (es ciudadano europeo quien es ciudadano de un Estado europeo) y en qué condiciones, y los derechos de aquél quedan supeditados a estas últimas, a pesar de la proclamada universalidad de los derechos humanos.
Cuando se exige a determinadas personas, en función de su nacionalidad, condiciones de acceso y de residencia de difícil o imposible cumplimiento, vinculadas siempre a una relación salarial de dependencia, se están sentando las bases para la discriminación, la segregación y la estigmatización. Porque no es difícil pensar que siempre habrá gente que antepondrán sus deseos de una vida mejor a las exigencias convencionales y arbitrarias de los Estados, sobre todo cuando comprueban que a otras personas no se les piden los mismos requisitos.
Ante la realidad de los desplazamientos humanos, con independencia de lo que digan leyes igualmente humanas (convencionales, histórica y políticamente determinadas), puede haber dos opciones. O modificar las exigencias relativas al acceso y a la residencia en favor de los migrantes, o restringirlas aún más, afectando a los derechos fundamentales de estas personas, pues se crea una categoría inexistente con carácter previo a la aprobación de la ley: la del "inmigrante ilegal" o clandestino, concepto de reciente creación.
A partir de aquí, se inicia una carrera hacia el absurdo: como se habla de "ilegales" (sic), lo que se exige es cumplir la ley, pero resulta que el cumplimiento de la ley es la que favorece la existencia de los mismos. Un círculo vicioso que se pretende cortar de raíz impidiendo, pura y simplemente, la entrada de personas en el territorio. No de todos, pues la ley contempla al inmigrante como un trabajador dependiente, y la división legal/ilegal crea categorías laborales diferenciadas, ejerciendo una función reguladora de los mercados laborales. Pero sí de algunos de ellos. Es lo que se conoce como "lucha contra la inmigración ilegal", siguiendo el lenguaje militar al uso.
Para ello los gobiernos levantan muros, despliegan alambradas y cámaras de vigilancia por infrarrojos en la frontera, reclaman barcos y patrulleras para el control de los mares, emplean sistemas satelitales, crean comités (parlamentarios, gubernamentales, internacionales), celebran conferencias internacionales, aprueban másters que a su vez crearán especialistas en gestión de flujos migratorios, incrementan el personal dedicado al tratamiento de las peticiones de visados, permisos de trabajo y de residencia, aumentan los efectivos policiales, crean observatorios de la inmigración, contrata estudios a consultores, subcontrata oenegés, construyen centros de internamiento, abren embajadas en los países de procedencia, adonde envían policías y personal del CNI con sueldos de quitar el hipo, subvencionan líneas aéreas mediante las deportaciones, detienen a los transportistas que hacen el camino inverso, crean juzgados especializados, organizan exposiciones y bienales sobre la multiculturalidad y el drama de la inmigración, de nuevo convocan otra conferencia, aprueban regularizaciones, organizan encuestas con respuestas predeterminadas, publican estadísticas, fomentan falsos debates, apoyan las remesas de los inmigrantes siempre que se hagan a través de nuestros bancos, subvencionan películas de insufrible moralina...y convocan una nueva conferencia sobre este problema.
Este efecto multiplicador de la ley se ha ensayado en otros ámbitos (no es difícil imaginar cuáles), siempre bajo el paraguas de la "lucha" o la "guerra" contra algo. Cuanto más absurda sea esta "lucha" mayor será el negocio generado, lo que da lugar a una curiosa paradoja: para resolver el problema, la opción más sencilla se vuelve la más difícil.
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