Quilombo

Cuando se introdujo el euro hace algo más de diez años, antes de que comenzaran a circular los billetes de la nueva moneda, los economistas sabían que la adopción de una moneda única y de unos objetivos monetarios centrados exclusivamente en la inflación reduciría bastante "las opciones de cada Gobierno cuando [tuviera] que afrontar problemas como el aumento del desempleo o una depresión temporal" (Amartya Sen, El País, 19 de octubre de 1998). Cito a Sen, pero en este punto no difería de las opiniones de los guardianes de la ortodoxia liberal, desde ministros como Rodrigo Rato o Pedro Solbes a los economistas que dominan las universidades, las escuelas de negocio y los medios de comunicación. Lo que pasa es que estos últimos no solían expresarse así en los medios de comunicación generalistas. En general, todos ellos entendían que con un tipo de cambio nominal fijo, en países como España, Portugal o Grecia la "variable de ajuste" acabaría siendo el empleo con el objetivo de deprimir salarios y precios. Esa era la terapia de choque que se estaba aplicando en Argentina cuando entró en vigor el euro.

Entonces, como ahora y como en 1992, el discurso público del consenso neoliberal era el mismo: para evitar semejante purga y lograr un "círculo virtuoso" de "crecimiento y empleo" era necesario adaptarse al nuevo marco, que exigía continuas "reformas estructurales" para poder ser "competitivos" (véanse los criterios de Maastricht y la fracasada Estrategia de Lisboa). Conceptos aplicados también en los Estados Unidos y que ya sabemos en qué consistían: estancamiento salarial, precarización, privatización progresiva de las pensiones, fomento del crédito -especialmente el inmobiliario- como forma de distribución del ingreso y como forma de control social, todo ello acompañado de una fuerte segmentación del mercado laboral (entre los migrantes y los trabajadores comunitarios, entre migrantes legales e "ilegales") y un creciente autoritarismo. En Europa quedaban al margen cuestiones tan políticas como la fiscalidad, exclusivamente en manos de unos Estados que siempre privilegiaron las rentas más altas, tolerando cuando no promoviendo los paraísos fiscales. Las evidentes asimetrías socioeconómicas existentes en la Unión Europea obligaron a mantener fondos estructurales y de cohesión que compensaran el menor gasto público de los países periféricos, aunque con un presupuesto comunitario limitado y con un énfasis excesivo en obras públicas no siempre beneficiosas en términos ecológicos y sociales.

Desde el terremoto financiero de 2007-2008 las elites de Davos -sobre todo las europeas- han buscado cambiar lo justo para continuar aplicando la misma lógica, tras haber canalizado ingentes cantidades de dinero público para reflotar el sistema financiero. Según el discurso dominante, los objetivos eran indiscutibles y los métodos para alcanzarlos, los correctos. Lo que falló fue la ejecución de dichas políticas por culpa de la resistencia social y la timidez de los políticos. Se comprende así la celebración de políticos, patronal, banqueros, editorialistas y analistas ante el recorte del gasto público y social anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero y que provocará un nuevo incremento del número de desempleados. Los recortes serían necesarios: el único problema, según parece, es que son insuficientes y se han llevado a cabo demasiado tarde. Algunos dogmas han caído, como los que se refieren al Banco Central Europeo, que se ha visto obligado a comprar bonos de deuda de los Estados miembros (quantitative easing), lo que apunta a la verdadera dimensión de la crisis, que es ante todo política. Pero en general el debate público continúa planteándose en términos de lo que "hay que hacer" en respuesta a la última sacudida de las bolsas, sin cuestionar las premisas de las que se parte.

No existe un problema llamado déficit, sino una crisis fiscal y de deuda como consecuencia de la recesión económica y el rechazo de las elites financieras a ceder una parte del pastel que han expropiado. Como dice Frederic Lordon en Le Monde Diplomatique, "en buena lógica si el Estado no muere por suspensión de pagos, no es el Estado lo que se salva. ¿Entonces quién? Sus acreedores, por supuesto". Las medidas de ajuste que se están imponiendo en la zona euro o las que pronto se aplicarán en el Reino Unido pretenden liquidar, a precio de saldo, los sistemas sociales europeos. Constituyen toda una declaración de guerra social y atentan contra cualquier noción elemental de bien común. Por esta razón hay que rechazarlas de plano. Pero no es suficiente.

Los neokeynesianos como Stiglitz, Krugman o Navarro aciertan al señalar las limitaciones políticas del neoliberalismo (en el caso del euro, la ausencia de una comunidad política que lo sustente), pero se quedan a medio camino. Cuando reclaman que hay que reactivar la demanda para impulsar el crecimiento (como en Estados Unidos), habría que aclarar qué se entiende por crecimiento en tiempos de crisis ecológica. Cuando apuestan por la creación de empleo habría que replantear el sistema salarial y tener en cuenta que el trabajo -y la explotación- va más allá de la actividad asalariada. Y cuando reclaman una regulación de los mercados financieros y una gobernanza global, habría que contraponer una democracia global. En medio del caos, una cosa sí parece clara: no podemos continuar hablando de una supuesta contradicción entre la economía productiva -nacional- y la economía financiera globalizada y seguir resistiendo como en los años noventa del siglo pasado.