Quilombo

"Los perros del circo dan un salto cuando el domador hace restallar el látigo, aunque el perro bien adiestrado es el que sabe dar un salto mortal, incluso, sin ver el látigo"
George Orwell

"Queremos un país de propietarios, no de proletarios"
José Luis Arrese, Ministro de Vivienda (1957-1960)

Que no quepa ninguna duda. La línea de crédito abierta al Estado español mediante el Foro Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEE) que entra en vigor el próximo mes, y que asciende a 100.000 millones de euros (el 10% del PIB español), a un tipo de interés del 3%, supondrá una socialización masiva de las pérdidas del sector financiero por medio del incremento de la deuda pública para los años venideros. Los ciudadanos, a través del Estado y su herramienta el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), garantizan por tanto el pago de esta deuda en el caso de que un banco no pueda devolver la totalidad de los préstamos recibidos o si lo que recibe es una inyección de capital, y no olvidemos que la prioridad de su pago está sancionada legalmente por la reforma constitucional pactada por el PSOE y el Partido Popular el año pasado y por el estrecho marcaje del Eurogrupo, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional. Y aunque ahora la supervisión externa sea mayor, nada garantiza que el FROB no corra la misma suerte que otro fondo de triste recuerdo, el mexicano FOBAPROA, que acabó por incrementar notablemente la deuda pública mexicana y con el que "no se recuperó ni la mitad de lo que prometió el gobierno de Zedillo del total de activos asociados a la cartera comprada" de los bancos en crisis.

La máxima preocupación del gobierno de Mariano Rajoy, como antes el de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido la supervivencia del sector financiero mediante el mantenimiento de las formas de una fantasmagórica soberanía nacional. Con sus silencios, su reiterado negacionismo, y los juegos de palabras, el gobierno quiere vendernos la idea de que esto no es un rescate como el de Grecia, Irlanda o Portugal, simplemente por el hecho de que no hay una aportación del Fondo Monetario Internacional ni una intervención directa en forma de controles y visitas regulares de funcionarios de la troika (Comisión Europea, BCE y FMI). Los "hombres de negro" a los que se refirió el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Los otros países "rescatados" parecen haber sentido este acuerdo con el Eurogrupo como un agravio comparativo, a juzgar por las reacciones de periodistas, políticos y economistas. Baste una muestra, la del economista crítico griego Yanis Varoufakis: "¿por qué debería España, y no Irlanda, evitar un aplastante programa de austeridad cuando pide prestado para sus bancos? ¿No es hora de que los irlandeses se rebelen?".

Esta percepción es engañosa, y los críticos con los programas de ajuste en los demás países periféricos no deberían llegar a conclusiones equivocadas. En realidad, los "hombres de negro" ya están en el gobierno y ya están aplicando una terapia de choque presionados, sí, pero también aprovechando la coyuntura. Es lo que ha resaltado Mariano Rajoy en su comparecencia de hoy: en los últimos cinco meses el gobierno español ha adoptado motu proprio medidas de ajuste que de otro modo hubiera impuesto la troika de manera más visible. Y probablemente continúe haciéndolo. La condicionalidad fiscal viene impuesta además por otro procedimiento, el de déficit excesivo, que se ha reforzado con el tratado de estabilidad. Y las directrices del FEEF sobre capitalización de instituciones financieras añaden que "donde resulte apropiado, podría derivarse una condicionalidad adicional del futuro marco de resolución de crisis bancarias de la UE."

La gran diferencia es que España, al contrario que Grecia, Portugal e Irlanda, es el único país de los citados cuyo gobierno se apoya en una mayoría absoluta en el parlamento, con una oposición, la de partidos como el PSOE o CIU, muy favorables al consenso. Los demás países contaban en cambio con mayorías parlamentarias relativas o con gobiernos inestables de coalición. Eso y que el peso de la banca en la economía española y su influencia en el sistema político vigente es mucho mayor. Hasta el punto de que la suerte de ambos está íntimamente relacionada.

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La financiarización de la economía española ha venido impulsada principalmente por el desarrollo de los sectores del turismo y de la construcción desde la década de 1960. Así como entre el franquismo y el régimen de la transición encontramos una continuidad legal e institucional, simbolizada por la monarquía, existe una no tan delgada línea azul de continuidad entre el desarrollismo tardofranquista y la reciente burbuja inmobiliaria. Como explican Isidro López y Emmanuel Rodríguez en Fin de ciclo (2010):

"sus efectos de mayor alcance [los del binomio turismo-construcción] se produjeron en el sector financiero. Desde muy pronto, los grupos bancarios españoles comprendieron que la construcción y el turismo representaban una gran oportunidad de negocio. A su conocida centralidad en la financiación de los equipamientos industriales, añadieron el crédito a los agentes responsables de los masivos crecimientos urbanos de la época. Para añadir más energía a este caldo, la enorme dependencia del sector público respecto de los recursos financieros del oligopolio bancario, se vio recompensada, de forma extraordinariamente generosa, con uno de los márgenes financieros más altos de Europa."

El régimen político que se consolidó tras los Pactos de la Moncloa, los cuales permitieron el control de la inflación a costa de los incrementos salariales y a favor de las rentas empresariales, acentuó la tendencia a la terciarización, al culminar la reconversión de un sector industrial poco competitivo en el marco de la división internacional del trabajo. Esta economía de servicios mostró una creciente dependencia del sector financiero, que se apropió la parte del león de las rentas que se generaron. La crisis financiera de finales de los años setenta se saldó con una concentración de capital y la consolidación del oligopolio financiero. Los ciclos de expansión económica de 1985-1992 y de 1995-2007 reforzaron la estrategia de acumulación basada en las rentas financieras e inmobiliarias, con una fuerte entrada de capitales extranjeros favorecida por la libre circulación de capitales y la liberalización de la economía en el marco de la Unión Europea, y más tarde, con la adopción del euro, gracias a los reducidos tipos de interés que fijaba el Banco Central Europeo.

La acumulación financiera hubiera sido mucho más limitada si no fuera por el progresivo afianzamiento del proyecto (ahora fallido) de una sociedad de propietarios, algo que el franquismo ya había fomentado de forma incipiente (acceso a la propiedad de la vivienda y del automóvil), pero que la contrarrevolución neoliberal elevó a categoría de dogma. Como sucedió con otros países, la contención de los salarios se compensó con la revalorización de los activos inmobiliarios. La particularidad de la España de salarios estancados, trabajo precario y fuerte polarización social es que la propiedad de la vivienda se convirtió también en el principal medio de ascenso social y de constitución de un proyecto de vida (lo que antes representaba la educación superior). Para mantener su crecimiento y elevadas tasas de beneficio, las finanzas tuvieron que apoyarse en el acceso al crédito de cada vez más grupos de población, especialmente de trabajadores pobres e inmigrantes. Paralelamente asistimos a un proceso de financiarización de las economías públicas, sobre todo a nivel local, con la promoción de megaproyectos urbanísticos y de infraestructuras financiadas con fondos europeos. Todo ello dio lugar a reconfiguraciones espaciales de poder económico y político, singularmente en Valencia y en Madrid. Finalmente, el aznarismo promovió una agresiva internacionalización de los bancos y empresas privatizadas españolas, que aprovecharon las fraudulentas privatizaciones llevadas a cabo en América Latina a finales de los años noventa para hacerse con posiciones de dominio en la región, lo que explica en parte por qué han sorteado la crisis financiera con mejor suerte que las cajas de ahorro, mucho más expuestas al ladrillo.

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El régimen de la transición no está dispuesto a cambiar de de lógica económica. Pretende que la elite del país preserve los beneficios obtenidos durante el último ciclo de acumulación y sentar las bases de uno nuevo, que insista en la misma fórmula de apropiación de suelo y captación de rentas financieras con un régimen de explotación laboral acentuada. El rescate bancario es por tanto un rescate político. Del sistema político español, pero también de la Unión Europea tal y como la conocemos. Nuestro gobierno ha comprado tiempo, pero solo eso. Hoy la certidumbre no tiene precio.

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