Quilombo

El pasado 19 de febrero la Comisión Europea publicó un documento de trabajo donde sintetizaba la información existente sobre las legislaciones antiterroristas de los Estados miembros, basándose en las respuestas de los gobiernos a un cuestionario que se les había remitido con anterioridad. La encuesta pretendía identificar aquellos aspectos problemáticos de las legislaciones vigentes que dificultan que los gobiernos aseguren "la seguridad mientras se respetan los derechos fundamentales." En realidad, de las preguntas podemos deducir que lo que se busca es que ninguna de las personas que el Estado designa como "terroristas" puedan ser absueltas por las autoridades judiciales.

"¿Qué problemas se han encontrado con respecto a personas sospechosas de actividades terroristas, pero que no pudieron ser procesadas, o bien por falta de pruebas o porque su comportamiento no estaba tipificado como delito?"

"¿Está prevista la conspiración para cometer un delito de terrorismo en la legislación vigente? Si es así, ¿cómo se contempla, como delito en sí mismo o de manera indirecta, por ejemplo, como "miembro de un grupo terrorista", o como "preparación de un ataque terrorista"? "

Los Estados rezagados -como Finlandia, que no recuerda haber procesado a nadie por terrorismo, al menos en los últimos años- pueden ponerse de este modo al día, siguiendo las "mejores prácticas" de sus colegas. Un problema compartido es la dificultad que todavía existe para admitir la información suministrada por los servicios secretos como prueba válida en un juicio. Frente a este inconveniente, el gobierno italiano ha encontrado una solución expeditiva para los extranjeros juzgados como peligrosos, al introducir nuevas reglas que permiten expulsar del país de manera preventiva a personas sospechosas de contribuir a actividades terroristas transfronterizas, aunque sus acciones no puedan tipificarse como delito.

Entre los países más avanzados en la materia figura España. El Estado español es aquel en el que se han dictado más condenas por delitos de terrorismo de toda la Unión Europea desde el año 2001: ¡1.117!, muy por encima de Francia (423 condenas) y el Reino Unido (41 condenas). Los datos de España se refieren únicamente a las condenas, no a los procesos judiciales que se han llevado a cabo, que deben ser muy superiores. En el Reino Unido, conocido por la dureza de su legislación, encontramos 41 condenas frente a 241 procesos judiciales.

Sin embargo, exceptuando la masacre de marzo de 2004, el período considerado mantiene un nivel comparativamente reducido de violencia que pueda caracterizarse como "terrorista" (en un sentido más restrictivo). Los sucesivos gobiernos españoles han logrado vender la idea de que la acción policial es la única causa de la reducción de la violencia política no estatal (básicamente, atribuida a ETA), como si no hubiera razones políticas de fondo más profundas, que atañen también al llamado "entorno" que ahora se criminaliza.

La abultada cifra responde sobre todo a una expansión penal que, enterrando el garantista principio de intervención mínima, cada vez incluye más conductas, acciones y omisiones en la categoría de "terrorismo". El último auto de Baltasar Garzón lleva al extremo el siguiente razonamiento circular: a los procesados se les imputa delitos de terrorismo porque el Estado ha decretado que son terroristas, con independencia de lo que realmente hayan hecho. Todo ello gracias, primero, a la Ley de Partidos, y luego a través de autos y sentencias judiciales que han ido asentando una narración según la cual ETA dirige una pluralidad de organizaciones políticas y sociales, algunas de las cuales (ANV, PCTV) habría "colonizado", en expresión del juez. El Estado, por boca de Garzón, se permite ser cínico (los subrayados son míos):

"puede afirmarse que BATASUNA ha renunciado definitivamente a su vocación de ser un partido político legal,  ha  asumido  la  función  que anteriormente  correspondía a EKIN y previamente a KAS en el entramado. 
Es decir, su actividad, desarrollada en la más absoluta clandestinidad, se concentra en ser el “referente político” de ETA y por ende del MLNV,  y, a partir de ahí, se ha convertido en una sola estructura con EKIN,  siendo, dentro de este Movimiento, la estructura  que debe y tiene que controlar y dinamizar las organizaciones o asociaciones legales y alegales que nutren a  la  organización  terrorista  de  los “activos” necesarios para estar presente en la vida política española".

El Estado confirma el carácter clandestino de un grupo político tras haberle forzado a ello. Quien investiga ya dispone de todas las respuestas.

En Francia están aplicando una lógica parecida. Esta semana, la filtración a la prensa de la instrucción del sumario contra los nueve encausados por sabotaje a las líneas ferroviarias ilustra bien cómo el Estado entiende los movimientos contestatarios. La Subdirección de la Lucha Antiterrorista francesa (SDAT) considera que Julien Coupat y sus amigos forman parte de una "estructura anarco-autónoma que mantiene relaciones conspirativas con militantes de la misma ideología implantados en el extranjero." Semejante acusación podría haberse formulado con respecto a cualquier organización de las que asisten a los foros sociales o a contracumbres. Las palabras empleadas contienen en sí mismas la acusación pero también la prueba.

Es sorprendente el celo que ha empleado el Estado francés en una causa aparentemente inane (el periodista que ha tenido acceso al sumario constata que no hay ninguna prueba que relacione a los imputados con los hechos de los que se les acusa): seguimiento policial durante años, escuchas, incorporación a la causa de un viaje "clandestino" que hizo Julien Coupat y su novia desde Canadá a los Estados Unidos a principios de 2008 (información proporcionada por las autoridades estadounidenses), manipulación de los detenidos para obligarles a denunciar a Coupat como "líder" del movimiento, etc. Construir un enemigo no tiene precio.

Ahora se entiende mejor por qué los acusados se niegan a responder a más preguntas de los jueces. Dejo una muestra del tipo de cosas que interesa a la justicia. Se trata de una pregunta del Juez Thierry Fragnole a Yildune Lévy, compañera de Julien Coupat y estudiante de arqueología, realizada el 8 de enero de este año: 

– Juez: "Me imagino que su amigo Coupat y usted misma, por su formación y sus gustos, se interesan por la historia (…) de los grandes movimientos revolucionarios. ¿Es así?".
– Y.L.: "En lo que a mí respecta, me interesa más la prehistoria".

Los profesores de historia contemporánea ya pueden ir temblando. Tras la filtración judicial, respuesta de la policía mediante otra filtración : los "expertos informáticos" habrían encontrado un manual de fabricación de bombas artesanales en el ordenador de Lévy. Cuatro meses después, y sin que conste en el sumario. Designar a alguien como terrorista ahorra el engorro de tener que demostrar que los inculpados han realizado determinadas acciones. La contribución de los medios de comunicación se vuelve entonces tan relevante como la de la policía. De ahí que se incorporen como evidencias lecturas peligrosas (caso Tarnac) o declaraciones políticas en ruedas de prensa (auto de Garzón). Inventiva no falta.