Quilombo

En la práctica, la ocupación israelí se asemeja un trabajo en equipo, aunque haya un jugador consentido que insista en ir por libre. Es al menos lo que intenta el llamado Cuarteto y sus colaboradores. Estados Unidos vende armas a Israel y Egipto -otro gran receptor de ayuda militar estadounidense- colabora en el bloqueo a Gaza. En Cisjordania la Autoridad Palestina se mantiene a flote gracias a la Unión Europea, que aporta dinero a cambio de docilidad; al Fondo Monetario Internacional (FMI), que controla su política económica; y al Banco Mundial, que prevé financiar una "red social de seguridad" que amortigue el descontento popular. Además, varios países occidentales preparan a sus fuerzas de seguridad. Todo este esfuerzo conjunto va destinado a conseguir un "Estado", entendiendo por tal una administración palestina que sea aceptable para Israel, pero también para Estados Unidos y, en menor medida, la UE.

Para ello se aplican reformas estructurales como la privatización de la distribución de electricidad o la reducción de la masa salarial del sector público, como propone el FMI para Cisjordania, pues Gaza sigue condenada a un bloqueo económico brutal sin parangón en el mundo. En su último informe técnico ("Staff Report for the meeting of the Ad Hoc Liaison Committee"), presentado ayer en la reunión de donantes (sic) en Madrid, el FMI explica la reciente evolución de las economías de ambos territorios. En él aparece un gráfico que muestra a las claras en qué consiste actualmente el "proceso de paz".


El gráfico ilustra la evolución del PIB real per cápita de ambos territorios a partir de un valor 100 que toma como referencia el año 1999. Estadísticas imperfectas, que hay que acoger con precaución, pero que expresan una tendencia evidente. El FMI reconoce, en primer lugar, que existe una correlación entre los índices de crecimiento económico de los territorios y las excesivas restricciones que impone Israel a la circulación de personas (con 700 checkpoints en Cisjordania) y mercancías, tanto al interior de los territorios palestinos, como entre éstos y el exterior. También cabe destacar los fuertes obstáculos a la inversión: ni la Autoridad Palestina ni los ciudadanos palestinos pueden invertir en la denominada Área C, es decir, el 60 % del territorio cisjordano, bajo control directo de Israel.

En segundo lugar, muestra que hemos pasado de una situación en la que Gaza y Cisjordania evolucionaban de manera similar (o incluso con un crecimiento ligeramente mayor en Gaza, en cuanto se relajaban un poco los controles israelíes) a otra de creciente divergencia entre las economías de ambos territorios. Por un lado, la economía de Gaza se ha hundido como consecuencia del persistente bloqueo. Mientras tanto, desde el nombramiento de Salam Fayyad como primer ministro de la Autoridad Palestina en 2007, Cisjordania mantiene un crecimiento económico sostenido dentro de un marco general de penuria. Para el año 2009, el FMI estima en un 1% el crecimiento del PIB en Gaza y en un 8,5 % el crecimiento en Cisjordania, reflejo del dinero que el gobierno de Fayyad ha recibido de sus interesados contribuyentes. 

Aunque en el citado informe el FMI recomienda el levantamiento de muchas de las restricciones impuestas tanto a Gaza como a Cisjordania, lo cierto es que Israel apenas ha recibido una presión digna de tal nombre para que obre en ese sentido. En este macabro experimento, los "donantes" esperan que la asfixia controlada de Gaza y el "buen ejemplo" cisjordano refuerce a la Autoridad Palestina y mueva a los palestinos a rechazar a Hamas, a la que se niega la condición de interlocutor válido. Pero más bien parece que estén logrando lo contrario.

El gobierno de Netanyahu contribuye, con su particular estilo, a la desconexión entre los territorios ocupados. Ayer mismo entró en vigor la orden militar 1650 del ejército israelí (IDF) que automáticamente convierte a decenas de miles de palestinos de Cisjordania o de Jerusalén en criminales que pueden ser deportados o condenados a fuertes penas de prisión, según le plazca o no al IDF. La orden amplía la definición militar de "infiltrado" (vigente desde 1969) a toda persona que esté presente en Jerusalén o en Cisjordania y que no tenga un permiso considerado válido por las autoridades israelíes. Esta medida afecta, por ejemplo, a quienes hayan nacido en Gaza y a sus descendientes, a activistas internacionales, a los cónyuges extranjeros de muchos palestinos y a quienes perdieron su estatus de residente tras la ocupación en 1967. Vale la pena recordar que fue un sistema de permisos (pass laws) el que configuró el núcleo legal del apartheid sudafricano.
 
Hace poco Salam Fayyad volvió a comunicar su intención de declarar un Estado palestino en 2011. No está claro en qué estado se encontrarán entonces los palestinos.