Quilombo

Sin sorpresas, hace tres días la mayoría de los grupos parlamentarios rechazó en el Congreso las proposiciones de ley de IV-IU-ICV y de Esquerra Republicana, presentadas en 2005 (!!), sobre la implantación de una renta básica de ciudadanía en el Estado español. Mientras la atención de los medios se volcaba en la escenificación de la enésima batalla por las esencias patrias, en el Congreso se enterraba, sin pena ni gloria (peor, sin debate digno de tal nombre), lo que hubiera supuesto la iniciativa social más ambiciosa de las últimas décadas. En la prensa sólo El País hizo referencia a la propuesta, pero para ridiculizarla, con un tono bastante impertinente que deja a las claras que la periodista no se había molestado en conocer un concepto con el que probablemente se tropezaba por primera vez.    

En realidad, la idea de una renta básica ciudadana o renta social garantizada no se les ocurrió a Joan Tardá (ERC) y a Carme García (IV-IU-ICV) en una noche de farra. Hace más de veinte años, al menos desde que el economista belga Philippe Van Parijs publicara sus primeros artículos sobre este asunto (en España, Daniel Raventós), que se lleva discutiendo en el mundo académico y en los movimientos sociales sobre la necesidad de garantizar un ingreso mínimo a todo miembro de la sociedad o comunidad por vivir y formar parte de ella, sin condicionalidad de ningún tipo, y por tanto con independencia de su nivel de renta. No confundir con subsidios de similar nombre que aplican algunas comunidades autónomas, destinados a las personas o familias de rentas más bajas.

La reacción de la derecha parlamentaria era la previsible. Emilio Olabarría, del PNV, coincidió con el PP en los motivos del rechazo: " Desde luego, en ningún sitio se preconiza el derecho a no trabajar como derecho subjetivo de una persona que constituya una opción de vida, pero subvencionada por los que trabajan, porque esa es una dialéctica diabólica". 

Semejante calificación, por parte de parlamentarios que ganan sus varios miles de euros al mes por un trabajo que no siempre puede calificarse de útil, socialmente hablando, significa que se ha tocado hueso. Que alguien decida no acceder al mercado de trabajo, y realizar otro tipo de actividades, probablemente por cuenta propia, es abrir la caja de pandora. Porque es verdad, el planteamiento de la renta básica parte de una diferente concepción de lo que debe considerarse trabajo, y pone en cuestión la coerción salarial, es decir, el hecho de verse obligado a trabajar remuneradamente para otro por no disponer de capital o de otras fuentes de renta.  

En Europa y en otras regiones, la crisis del compromiso político que se forjó tras la segunda guerra mundial, en torno a sistemas de protección social basados en el trabajo asalariado estable, ejemplificada en la ofensiva neoliberal, nos ha llevado a una situación en la que la mayor parte de los asalariados han visto reducida su participación en la renta nacional (cada vez hay más trabajadores con bajo poder adquisitivo, que viven incluso bajo el umbral de la pobreza), y en la que se multiplican formas de trabajo, de actividad, que no cabe adscribir al contrato de trabajo tradicional, lo que en general implica pérdida de derechos sociales, pero también políticos en el caso de la población inmigrante.

Al mismo tiempo, las transformaciones del sistema salarial también han alcanzado a los asalariados de mayores ingresos: en los últimos años ha proliferado también una casta de "trabajadores ricos", sobre todo los del sector financiero, cuya principal fuente de ingresos no lo constituye el sueldo base, sino toda suerte de bonos, stock-options y diversos derechos de propiedad sobre los activos de la empresa. Ingresos que no están fiscalizados, pues suelen acabar en paraísos fiscales . De modo que puede decirse que tanto arriba como abajo se ha asistido a un proceso parcial de desalarización formal. La diferencia es que los de arriba sí que disponen de un "paraguas de oro" que les otorga mayor poder de negociación contractual.

El empleo oficial hace tiempo que dejó de ser una garantía de ingresos o de estatus. La publicación rutinaria de las cifras de empleo ya no significan mucho, y normalmente suele enmascarar la discusión, más incómoda, mal vista, pero más necesaria, de la cuestión del ingreso. La polémica preelectoral en torno al sueldo de Rajoy destacó por lo inhabitual. 

Paradójicamente, el pasaje a lo que algunos denominan capitalismo cognitivo, basado en la explotación del conocimiento generado colectivamente, exige una productividad imposible con salarios de subsistencia. El caso español es el más flagrante, como recientemente ha recordado Vicenç Navarro. Que España sea el único país de la Unión Europea cuyo salario promedio ha descendido en el período 1995-2005, coincidiendo con elevados beneficios empresariales, se explica en parte por la existencia de un modelo (el del "ladrillo") basado en la moderación salarial de la mayoría, el trabajo semiforzoso de muchos inmigrantes, y una baja productividad. Todo lo contrario que los países escandinavos, por ejemplo, que son los países de mayor productividad del mundo.  

Es en este contexto de transformaciones económicas, de precarización y creciente desigualdad, que surge la necesidad de garantizar una renta mínima para todos. También supone una exigencia democrática y un respeto a la dignidad de las personas. Es lo que, sin hablar de renta básica, se ha venido planteando desde diversos sectores. La multiplicación de diferentes tipos de cheques (para acceder a la vivienda, por niño, ley de dependencia) por parte del gobierno son parches con los que se pretende responder a esta evolución, respuestas de urgencia ante la presión de diferentes colectivos.

Como alegan sus partidarios, una renta básica de ciudadanía que se sitúe por encima del umbral de pobreza, simplificaría las decenas de prestaciones sociales y subsidios insuficientes que otorgan las diferentes administraciones cuando supongan partidas inferiores. En el caso de prestaciones de mayor cuantía, de lo que se trata es de un complemento hasta el nivel de la renta básica. Además, la renta social no puede ser un sustituto de servicios públicos.

Queda el problema de la aplicación práctica, el ámbito territorial y su viabilidad económica, aspecto en el que se centró el PSOE en su rechazo. En el debate del Congreso se hablaron de cifras anuales equivalentes a todo lo que recauda el Estado en un año, tal vez por las cifras que manejaba IU, superiores a las que se habían aportado en propuestas anteriores. Lo que está claro es que la medida implica una reflexión sobre el destino del gasto público (¿seguimos aumentando los gastos militares?) y una reforma fiscal en la que, entre otras cosas, el impuesto sobre la renta recuperaría la progresividad perdida. Algunos investigadores han previsto también la aplicación de una tasa Tobin sobre las transacciones financieras, que podría suponer una importante fuente de ingresos. Sobre este asunto ya existen estudios importantes: un estudio de Carlo Vercellone y Jean-Marie Monnier ("Fondements et faisabilité du revenu social garanti", publicado en la revista Multitudes); el estudio de Daniel Raventós y otros sobre "Renda Bàsica de Ciutadania. Una proposta viable per a Catalunya" (2005), microsimulación a partir de una muestra de 210.000 declaraciones del IRPF, o un estudio dirigido por Jordi Arcarons, sobre la viabilidad en Andalucía.

Para un buen resumen sobre la justificación de una renta básica de ciudadanía, recomiendo la lectura de un artículo de Bertomeu y Raventós: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=48256 . En él tratan de rebatir las siguientes objeciones: "1) La Renta Básica fomentará el parasitismo; 2) La Renta Básica al ser universal no permite una buena lucha contra la pobreza (por tanto, son mejores los subsidios condicionados dirigidos a los pobres); 3) La Renta Básica solamente está pensada para países ricos; 4) La Renta Básica es muy costosa e imposible de financiar." Y una entrevista a Raventós en El Viejo Topo: http://www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=649

Que no nos vengan con el cuento de la cigarra y la hormiga, se trata de democratizar una situación de debilitamiento de la coerción salarial, que ya existe para determinados grupos sociales: quienes disponen de un patrimonio a menudo heredado, quienes poseen capital (material o inmaterial), quienes disponen de un empleo para toda la vida (aunque aquí haya otro tipo de servidumbres), etc. Que IU y ERC hayan presentado esta propuesta supone ya un avance, un desplazamiento de la discusión del pleno empleo a la cuestión del ingreso. Hasta no hace mucho las mayores suspicacias venían de la propia izquierda, tanto comunista como socialdemócrata (ver las reticencias de Vicenç Navarro).