Quilombo

La nacionalización del sector de las pensiones privadas en Argentina acaba con una de las perversas herencias del menemismo. Aprovechando el contexto de crisis económica pero sobre todo de los dogmas neoliberales, la presidenta Cristina Kirchner apoyó la sustitución del régimen de capitalización privada -las AFJP, controladas por diez bancos- por un único régimen público gestionado por el Estado.

Por más que los sectores económicos vinculados al chollo de unos fondos de pensiones que drenaban los aportes jubilatorios de los trabajadores para su inversión en los mercados financieros califiquen la operación de "disparate", cabe recordar que el verdadero disparate consistió en desfinanciar la Seguridad Social mediante la privatización de buena parte del sistema de pensiones (algo más que autorizar simplemente la existencia de fondos privados), cuyo agujero acabó cubriéndose con la emisión de títulos que compraban las propias AFJP (es decir, los bancos). Un negocio lucrativo en el que las comisiones ascendieron a un tercio de los aportes de los trabajadores, con un interés del 9,6 % anual de media. Lo que pasa es que del Estado que ahora reclama la gestión no se fía nadie, tampoco quienes han venido exigiendo una gestión pública de las pensiones.

La transferencia de inmensas cantidades de dinero provenientes del salario (salario social en el caso de las pensiones) al capital ha conducido a una formidable expropiación de lo común -o acumulación por desposesión- y a una segmentación de la protección social. Un efecto parecido lo vemos en la transferencia de renta que se produce en las burbujas inmobiliarias. Produce, además, una auténtica esquizofrenia (Christian Marazzi): en una misma persona se confrontan el estatuto de ahorrador, cuyos ingresos futuros dependen de la rentabilidad de sus inversiones financieras, y el estatuto de ciudadano y trabajador, que corre el riesgo de sufrir todas las consecuencias desfavorables de la financiarización de la economía. Sólo que el ahorrador no dispone de ningún control sobre sus ahorros, que están gestionados por las instituciones financieras y sometidos a los vaivenes bursátiles.

Si algo ha puesto de manifiesto la crisis financiera y la manera en que se ha afrontado es la fuerte interrelación que existe entre deudores y acreedores, por más ingeniería financiera que nos inventemos, y la difuminación de la frontera entre una determinada concepción de los sectores público y privado. Los rescates multimillonarios por parte de los Estados no indican solamente una monumental estafa; la necesidad de la misma da testimonio de que es de la riqueza común de lo que en todo momento estamos hablando. El paso en falso que ha dado la finanza ha puesto al desnudo la naturaleza del sistema.

Ahora habría que exigir una resocialización de la moneda y de las finanzas. No hablo de una simple estatización, sino de plantearse en serio fórmulas democráticas de gestión de lo común. En el caso de las pensiones, el economista argentino Julio Gambina plantea "una forma cooperativa. O una forma mixta donde los fondos los administren los trabajadores en cooperativa y el Estado tenga una participación determinada." También podríamos hacer un replanteamiento más radical, como apuntan las propuestas de renta básica universal. De qué sirve que Zapatero participe o no en la cumbre de marras si termina apoyando a los de siempre.