Quilombo

Podría hacerse una recopilación de las cartas al director que publican los periódicos que reflejan el descontento social con motivo de la crisis financiera y la recesión económica. Son muchas, al menos en España. Otro tanto podría hacerse con los comentarios de las ediciones digitales y con los blogs, siempre que se separe la paja de los provocadores habituales del trigo de quienes manifiestan una inquietud genuina.

En ellas se abordan asuntos vinculados, de un modo u otro, a la cuestión del welfare, del Estado del bienestar, y de la desigualdad. Algo que sólo ocasionalmente ocupan la primera plana de los periódicos: los exorbitantes salarios de los altos directivos de las empresas y los bajos salarios de la mayoría, la congelación salarial de los funcionarios, la precariedad del empleo, la falta de protección social, el paro, etc. La expresión mileurista nació precisamente en una de esas cartas, que bien podrían formar parte de un cuaderno de quejas contemporáneo.

Lo más notable es que esas cartas suelen recibir una alta valoración, colocándose a menudo entre los artículos más valorados en las ediciones digitales de un periódico. Sucedió hace unos días con una carta publicada en El País, en la que Eduardo, un hombre mayor de 35 y menor de 45 años, soltero y sin hijos, en paro, y que dejó de percibir la prestación por desempleo en febrero de este año, explicaba cómo no podía acceder a ningún tipo de ingreso que no sea el apoyo que le presta su familia. 

Esta y otras quejas se han desatado a raíz de la aprobación, por parte del gobierno, de una magra ayuda de 420 euros para quienes hayan perdido el subsidio de desempleo a partir del 1 de agosto y por un tiempo limitado de seis meses. La multiplicación de estos pequeños parches (cheque-bebé, desgravación fiscal de 400 euros, etc.) son consecuencia de las reformas laborales emprendidas en los últimos lustros.

La situación ha cambiado bastante desde que se aprobó el Real Decreto-Ley 1/1992, que restringió el derecho a la prestación por desempleo de los asalariados, al incrementar el tiempo de ocupación cotizada y al reducir la cuantía de la prestación, aunque se ampliaran los supuestos que daban derecho a este subsidio.

Desde entonces, se ha pasado de una situación en la que el único trabajador protegido por desempleo era en principio el trabajador asalariado clásico, aquel que presta servicios por cuenta ajena mediante contrato de trabajo, a otra en la que se han incorporado sucesivamente a colectivos específicos, de acuerdo con la creciente fragmentación del mercado laboral. Así, reciben cierta protección grupos de empleados públicos sujetos a régimen administrativo y a trabajadores asimilados a los asalariados, como los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, o en el futuro a los trabajadores autónomos. También se otorgan subsidios asistenciales –tras agotarse el cobro de prestaciones contributivas de desempleo– a trabajadores mayores de 45 años y trabajadores fijos discontinuos. A lo que se une la reciente creación de la "renta activa de inserción" y otras ayudas, también limitadas y condicionadas, que prestan ayuntamientos o comunidades autónomas.

La ampliación del ámbito subjetivo de la protección por desempleo no ha supuesto una mejora importante en el grado de protección social, que se encuentra muy por debajo de lo que correspondería a España por su nivel de desarrollo económico. Tampoco ha evitado el incremento de la desigualdad en el ingreso. Además, todas estas ayudas se subordinan al mercado laboral, pues se atiende una variedad de situaciones de necesidad siempre que se muestre disponibilidad para el empleo, acreditada mediante la correspondiente inscripción en la oficina de empleo y mediante la firma del «compromiso de actividad».

Lo que muestran cartas como la de Eduardo es el desfase del sistema de protección social existente, diseñado en función de un pacto fordista entre el capital y trabajo asalariado industrial que ya no existe, con las transformaciones que ha sufrido el capitalismo en las últimas tres décadas. La única propuesta alternativa seria que se ha ido delineando en los últimos años es la de una renta básica universal, permanente e incondicional, que sustituya muchos de los parches existentes (junto con sus respectivas cargas burocráticas), que suponga un mínimo real de subsistencia, que no dependa de la obtención del empleo, y que sea compatible con otras prestaciones o servicios públicos. Algunas de las ayudas existentes han adoptado el término "renta básica", como en Euskadi, pero poco tienen que ver con el concepto de un ingreso ciudadano no condicionado.

Una propuesta que, sí, necesitará revisar a fondo nuestros sistemas fiscales, que no sólo deberá consistir en una lógica imposición de las rentas más altas. Los multimillonarios paquetes de ayudas destinados a bancos y grandes empresas han mostrado a todos que la cuestión no es si hay dinero o no, sino de dónde se saca preferentemente y para transferirlo a quién. Paradójicamente, un camino posible nos lo muestra el máximo responsable de la City londinense, el director de la Autoridad de Servicios Financieros, Lord Turner, quien acaba de apoyar una vieja reclamación alterglobalizadora: la imposición de una tasa Tobin a las transacciones financieras. Medidas que tal vez sólo tengan sentido a escala europea. Pero para ello será necesario pensar y actuar políticamente y no desde una miserable contabilidad.