Quilombo

La mayor parte de la legislación que se aplica en los países miembros de la Unión Europea se discute y decide en el marco de las instituciones europeas (Comisión, Consejo y Parlamento), según las reglas que marcan los tratados. Poco pueden hacer los ciudadanos para intervenir en el proceso legislativo, a menos que se organicen en torno a alguno de los 15.000 grupos de presión que pululan en torno a las instituciones, y que incluyen desde organizaciones patronales a ONGs como Oxfam, pasando por las representaciones de las comunidades autónomas. Obviamente, no todos estos grupos tienen el mismo peso, como muestra la fuerte influencia que ejercen las grandes corporaciones europeas. La complejidad del proceso legislativo y la lejanía de las instituciones favorece este juego político que produce una elite transnacional, parcialmente desarraigada.

La denuncia del déficit democrático de la UE suele incluir lamentos sobre la ausencia de una genuina separación de poderes, la política de hechos consumados que pretende hacer pasar tratados constitucionales sin consultas ciudadanas o con referendos con las cartas marcadas, y el neoliberalismo que sirve de lingua franca para la mencionada tecnocracia.

Críticas totalmente fundadas. Lo curioso -o triste- es que el mismo escepticismo y espíritu crítico desaparezca en cuanto se trata de los Estados nacionales, cuyos representantes por cierto forman parte del Consejo. En Madrid, como en Dublín, Barcelona o Bruselas, las leyes se discuten preferentemente con los mandamases corporativos y los oligarcas locales. En España (o a otro nivel, en Canarias, en Cataluña) tampoco existe una separación real de poderes. Pero es que tampoco existe en Francia, en el Reino Unido o en Alemania. Y en Madrid, como en Bruselas, el neoliberalismo se codea con otras querencias conservadoras.

Tal vez sea la identificación cultural y lingüística la que favorezca esta ilusión óptica de cercanía. Pero no deja de ser eso, un espejismo. Nuestros representantes actúan a espaldas de los presuntamente representados, aquí o en Bruselas. La distancia mental y física de la entelequia Babel-Bruselas pone de manifiesto más fácilmente lo que ciertas anteojeras nos dificultan ver en nuestro terruño: la crisis de la representación, de la política profesional, partidaria y tecnocrática.

Ahora se discute el sentido del "No" irlandés al Tratado de Lisboa, aunque haya tantos votos como razones. Pero mientras unos insisten en que se trata de un No a una determinada concepción de Europa, otros subrayan que expresa sobre todo un No al establishment político irlandés. ¡Como si fueran cosas distintas!