Quilombo

Las medidas que vienen adoptando los gobiernos europeos en el marco de la llamada lucha contra la "inmigración ilegal" (fenómeno que crean las propias leyes que proclaman combatirla) podrían ahorrarse al menos la peste de un insufrible paternalismo adobado con fuertes dosis de hipocresía.

Leyes o Directivas como la de retorno, dicen, se aprueban por el bien de los migrantes, en realidad garantizan sus derechos, como explicaba ayer un desvergonzado López Garrido a los embajadores latinoamericanos. España no aplicará un período de detención de 18 meses, pero ya piensa aumentarlo de 40 a 60 días. Y tranquilizan: sólo se aplicará a los "ilegales". Viendo el color y el origen de los que se hacinan en los centros de internamiento para extranjeros, podemos entender a quiénes se refería el secretario de Estado. Algunos, como el embajador de Ecuador, declaraban luego a la televisión sentirse satisfechos con las explicaciones del gobierno.

En Canarias, el gobierno de Paulino Rivero interpreta un papel similar. Denuncia que el gobierno central se desentiende del "drama de los cayucos", pero las medidas que reclama, como incrementar el control, reforzar el operativo de Frontex o fomentar la contratación en origen con cupos (¿para satisfacción de los empresarios canarios?) no tienen nada que ver con una propuesta seria que evite la muerte de miles de personas en aguas atlánticas.

Para entender mejor hasta qué punto es la propia legislación de extranjería y de restricción de la circulación y entrada de personas migrantes la que genera esta situación, podríamos plantearnos la siguiente hipótesis. ¿Qué pasaría si un buen día las islas canarias capitalinas, es decir, Tenerife y Gran Canaria, implantaran -porque se declararan independientes o por lo que fuera- un régimen de visado y de restricción del acceso a las mismas a los habitantes del resto del archipiélago? ¿Y si el diferencial de desarrollo económico y social entre las dos islas y las demás se incrementara por concentrar en exclusiva inversiones exteriores?

Puede sonar a broma la idea de embarcaciones repletas de jóvenes palmeros, en época de crisis, intentando llegar a Punta Teno, pero no lo es tanto. Porque esa hipótesis surrealista ya se ha verificado. A miles de kilómetros, en el Océano Índico, en el extremo norte del canal de Mozambique. El archipiélago es el de las Comores, y la isla-fortaleza, Mayotte.

Setenta kilómetros es la distancia que separa Mayotte, isla bajo soberanía francesa en el archipiélago de las Comores, de la vecina Anjouan (Nzwani), perteneciente a la Unión de las Comores. Ambas pertenecen al mismo archipiélago, y hasta 1995 comoranos y mahoreses podían viajar libremente entre las diferentes islas. 

No voy a entrar en la agitada historia reciente del archipiélago, abundante en golpes de estado y aventuras mercenarias, cuyo penúltimo capítulo lo representó la expulsión este año del secesionista Mohamed Bacar por tropas de la Unión Africana. Lo que me interesa es que a partir de 1995 Francia impuso un restrictivo sistema de visados que sigue vigente. Este "cierre de la frontera", que bloqueó las históricas relaciones familiares, sociales y comerciales que unían Mayotte con las demás islas, no ha impedido el fuerte aumento de la inmigración que se ha producido desde entonces, que proviene básicamente de Anjouan, y que se ha desarrollado en paralelo al fuerte crecimiento urbano en Mayotte.

La inestabilidad política de Comores, la elevada densidad demográfica existente todas las islas y las enormes diferencias de ingreso entre los reducidos salarios en euros de Mayotte (para una economía en la que las obras públicas, impulsadas por la administración, constituyen el sector económico principal; ¿les suena?) y los paupérrimos salarios en francos comoranos son algunas de las razones por las que cada año miles de jóvenes pretenden acceder a "Europa" (aunque Mayotte no forme parte del territorio de la Unión Europea ni se incluya en la Unión Aduanera). 

Da igual que se hayan implantado radares y desplegado guardacostas, que hayan abierto un centro de retención, o que Mayotte tenga el récord en Francia de expulsiones (¡10.000 al año!). Lo que ha producido esta política es una rentable economía del tráfico humano en Anjouan, desde donde parten las embarcaciones conocidas como kwassa-kwassa, y un cementerio marino que tal vez supere el de las aguas canarias o el del estrecho de Gibraltar (se estima en más de cuatro mil los muertos por naufragio entre 1997 y 2002). Además, cómo no, de crear un nuevo subproletariado sin derechos.

Una historia déjà vue. Que no nos venga con cuentos, ni aleguen luego que no sabían.