Quilombo

Inspirados por las revueltas tunecina y egipcia, en febrero miles de bahreiníes han salido a protestar reclamando reformas políticas en el reino-archipiélago de Bahréin, país que acoge la Quinta Flota de los Estados Unidos y gobernado por la dinastía suní Al Jalifa. Inicialmente, las movilizaciones fueron promovidas fundamentalmente por bahreiníes de confesión chií en ciudades donde son mayoría, como en Diraz, Karzakan y Nuweiraz, a los que luego se unió el islamista Wefaq, principal partido político del país, en las calles de la capita Manama. La policía reprimió las manifestaciones con fuego real, dejando varios muertos en la cuneta, lo que ha radicalizado a los manifestantes, que añaden más exigencias. Los chiíes se quejan de que, pese a representar el 65 % de quienes detentan la nacionalidad bahreiní, encuentran mayores obstáculos que los suníes a la hora de encontrar un trabajo (especialmente en la administración y en el sector financiero) y de ejercitar determinados derechos sociales. La relevancia del Parlamento es limitada, con una cámara alta nombrada por el rey y un ejecutivo controlado desde hace 39 años por el primer ministro Jalifa bin Salman Al Jalifa. Los índices de desempleo y pobreza de los jóvenes chiíes son más elevados que los de los suníes. Además, los chiíes sufren regularmente la arbitrariedad de las autoridades, en particular de las fuerzas de seguridad.

Los policías que han disparado contra los manifestantes son en su mayoría extranjeros suníes oriundos de países vecinos: yemeníes, sirios, jordanos, etc. Con su situación regularizada, tienen acceso preferente a la vivienda, derecho de voto y actúan en cierto modo como una policía colonial. De hecho, la lógica confesional y sectaria en la que se asienta la monarquía de los Al Jalifa está muy influenciada por el colonialismo británico. Al fin y al cabo, fue el Imperio Británico el que permitió asentar dicha dinastía en el poder y durante treinta años, hasta 1998, la agencia nacional de seguridad de Bahrein estuvo dirigido por un británico, Ian Henderson, conocido en el país como el "carnicero de Bahréin" por el empleo sistemático de la tortura. De modo que cuando en las protestas de este mes se unieron numerosos suníes, los manifestantes espetaron a la policía: "No somos ni suníes ni chiíes. Somos bahreiníes". Una declaración de unidad que sin embargo deja fuera a la mayoría de la población de Bahréin.

Según el censo de Bahréin de 2010, el 54% de los habitantes del reino son extranjeros de origen asiático (indios, filipinos, indonesios) que carecen de nacionalidad bahreiní. Disponen por ello de menos derechos y están excluidos de la vida política. En virtud de un sistema denominado de patrocinio, su estancia en el país depende de que una empresa o particular se haga cargo de ellos; para poder cambiar de trabajo deben contar con el permiso de su empleador, que puede incluse retirarles el pasaporte o denunciarles como fugitivos ante las autoridades. La segregación permite pagar peores salarios, controlar el movimiento de los trabajadores inmigrantes y someterlos a una feroz explotación, especialmente de las mujeres del servicio doméstico que deben soportar todo tipo de vejaciones y maltratos físicos. En abril de 2009 se introdujo una reforma en la legislación laboral que permite reducir el poder discrecional de los empresarios: desde entonces el Estado es el que emite los visados de residencia y los trabajadores pueden cambiar teóricamente de empleador sin su consentimiento. El gobierno suavizó el patrocinio pero de ningún modo lo abolió. Este es un sistema común a todas las monarquías petroleras del Golfo Pérsico. Precisamente, el vecino Kuwait ha asistido estos días a protestas de sin papeles, beduinos bidun e inmigrantes, que exigen el reconocimiento de la nacionalidad y, por tanto, de la ciudadanía.

Resulta habitual calificar los sistemas políticos del Golfo Pérsico como feudales. Una descripción impropia. Del mismo modo que no puede entenderse el desarrollo del Estado moderno y del capitalismo en Europa sin las monarquías absolutas, las monarquías petroleras, con todas sus especificidades históricas, constituyen actualmente una opción política autoritaria, dentro del capitalismo contemporáneo, que ha permitido una fortísima concentración de poder y riqueza en la región. El control, segmentación y explotación de la población migrante no es exclusivo de estos países, y de hecho el patrocinio relativamente suavizado de Bahréin se asemeja, por desgracia, al sistema migratorio europeo, que aún vincula no pocos derechos al mercado de trabajo. En materia de represión policial, ya vemos de quiénes han aprendido y dónde fabrican las armas que emplean.

Cualquier cambio en sentido democrático en estos países pasa por resolver la cuestión ciudadana y por la extensión de las libertades también a los extranjeros, sobre la base de un acceso más justo a la riqueza común que genera la renta petrolera y financiera. En 2007 residentes y pescadores chiíes se enfrentaron en la ciudad de Malkiya a las fuerzas de seguridad, en protesta por la apropiación de los terrenos de la costa por adinerados miembros de los Al Jalifa. Consideraban que su libertad estaba íntimamente vinculada a la lucha por ese bien común en el que basaban sus vidas. Como ayer en Tahrir, hoy muchos bahreiníes ocupan la plaza de la Perla en Manama. ¿Qué significará mañana el "todos somos bahreiníes"? Si realmente todos se sintieran convocados, todo sería posible.

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