Quilombo

El presidente de los Estados Unidos Barack Obama ha decidido no solicitar el procesamiento de los miembros de la CIA que cometieron torturas durante la administración Bush. En una peculiar interpretación de la responsabilidad penal, el presidente alega que "actuaron de buena fe basándose en las opiniones del Departamento de Justicia". Pero tampoco va a pedir el procesamiento de esos mismos responsables del Departamento de Justicia. El razonamiento no difiere del que puede encontrarse en las argentinas leyes de punto final y obediencia debida. En la práctica, nos encontramos ante una amnistía política que legalmente no tiene validez alguna.

Las opiniones del Departamento de Justicia que menciona Obama aparecen en los memorandos que acaba de hacer públicos:

	Un memorandum de 18 páginas, de 1 de agosto de  2002, de Jay Bybee, asistente del Fiscal General a John A. Rizzo, Consejero General de la  CIA. [PDF]
	Un memorandum de 46 páginas, de 10 de mayo de 2005, de Steven Bradbury, asistente en funciones del Fiscal General a John A. Rizzo, Consejero General de la CIA. [PDF]
	Un memorandum de 20 páginas, de 10 de mayo de 2005, de Steven Bradbury, asistente en funciones del Fiscal General a John A. Rizzo, Consejero General de la CIA. [PDF]
	Un memorándum de 40 páginas, de 30 de mayo de 2005,  de Steven Bradbury, asistente en funciones del Fiscal General a John A. Rizzo, Consejero General de la CIA. [PDF]

Por supuesto, los agentes de la CIA sabían perfectamente que iban a torturar. La agencia lleva haciéndolo desde los años 50. Otra institución, la Escuela de las Américas, ha servido durante décadas para adiestrar en estas técnicas a los militares latinoamericanos. La solicitud de información al Departamento de Justicia iba dirigida más bien a pedir garantías jurídicas que les eximiera de toda responsabilidad, retorciendo el lenguaje leguleyo tanto como fuera necesario.

Vale la pena echar un vistazo a los documentos, aunque provoquen asco y vergüenza (o precisamente por ello). La descripción burocrática de las técnicas de tortura no se diferencia de la que hacían gobiernos calificados de totalitarios: bofetadas en el rosto y abdomen, ahogamiento simulado, mantener al prisionero desnudo, manipulación de la dieta, privación del sueño, o incluso el encierro del detenido en un espacio reducido con insectos. La presencia de un médico garantiza el control clínico de las constantes vitales del sujeto mientras que un psicólogo del programa militar SERE controla su salud mental. En uno de los documentos se admite que el ejército emplea algunas de estas técnicas para entrenar (o anular) a sus propios militares. Quien haya visto la primera mitad de la película Full metal jacket sabrá a qué se refieren.

El argumento legal empleado no surge de la nada, proviene de la era Clinton. Cuando Estados Unidos ratificó en 1994 la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Bill Clinton aceptó las reservas y condiciones propuestas por el Senado que desnaturalizaban por completo el sentido del tratado, especialmente en lo que se refiere al sufrimiento o daño psicológico, que desde entonces ha tenido para el gobierno norteamericano un sentido restrictivo e impreciso: para que sea considerado como tortura debe ser severo, prolongado y derivado de prácticas entre las que no se encuentra, por ejemplo, la privación sensorial o el dolor autoinfligido. Como dice uno de los memorandos, "refleja la clara intención del Congreso de limitar el alcance de la prohibición de la tortura bajo la legislación estadounidense." Dos años más tarde, se aprobó la Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, el precedente de las Patriot Act que ya limitaba el habeas corpus en casos de terrorismo.

Obama había votado como senador en 2006 a favor de la renovación del Acta Patriótica (Patriot Act II). Aunque hay que reconocer su predisposición para acabar con algunas de las peores herencias de la era Bush, en el fondo comparte con sus predecesores la idea de que el gobierno debe reservarse la adopción de medidas especiales cuando se considere necesario. La garantía de impunidad así parece demostrarlo, sobre todo cuando ha propuesto una escalada militar en Afganistán y Paquistán. Se acabaron unas formas, cierta retórica. Ahora toca elaborar una nueva.