Quilombo

Clément Méric, un joven estudiante francés de dieciocho años, declarado antifascista, murió por los puñetazos propinados por un neonazi, en circunstancias todavía por aclarar. A raíz de la conmoción suscitada por el suceso el Ministro francés del Interior, Manuel Valls, tuvo la desfachatez de decir que "la República debe reprimir las ideas nauseabundas que nos recuerdan los peores momentos de nuestra historia". Añadió que "por desgracia, los grupos racistas, antisemitas y homófobos están resurgiendo". Valls no lleva la cabeza rapada pero al continuar con la obra de Sarkozy es responsable de una política migratoria racista que hace quince años hubiera sido considerada como propia del lepenismo. En la lista de grupos que cita faltan los islamófobos, de los que Manuel Valls es un insigne representante.

No hace falta rebuscar entre la carcunda de los manifestantes contra el matrimonio homosexual para apreciar dónde está la mayor inspiración de lo que por convención todavía denominamos fascistas o nazis. Véase si no cómo nuestros gobiernos expanden a voluntad el concepto de terrorismo. Cómo los Estados que se autoproclaman democráticos consolidan, en aras de la seguridad total (¿de quiénes?), sistemas de vigilancia que hubieran sido la envidia de los más denostados regímenes políticos del siglo XX. O fijémonos, por ejemplo, cómo la tecnocracia financiera denuncia de manera explícita las constituciones europeas surgidas tras la derrota del fascismo por sus excesos democráticos.

El periodista Leigh Phillips ha llamado la atención sobre un reciente informe de la multinacional de servicios financieros J.P. Morgan, en el que se señala que el ajuste y las reformas estructurales en el sur de Europa buscan acabar con el legado social y democrático del antifascismo europeo, ejemplificado en los Estados del Bienestar (los subrayados son míos):

"con el transcurso del tiempo ha quedado claro que hay también problemas de legados nacionales con una naturaleza política. Las constituciones y los arreglos políticos de la periferia del sur de Europa, puestas en marcha tras la caída del fascismo, contienen una serie de rasgos que parecen poco adaptadas para una mayor integración de la región. Cuando los políticos alemanes hablan de una década de ajustes, probablemente tengan en mente la necesidad de reformas económicas pero también políticas."

(...)

"Las constituciones tienden a mostrar una fuerte influencia socialista, reflejo de la fuerza política que los partidos de izquierda obtuvieron tras la derrota del fascismo. Los sistemas políticos de la periferia típicamente muestran varios de los siguientes rasgos: ejecutivos débiles, estados centrales débiles con respecto a las regiones; protección constitucional de los derechos laborales; sistemas consensuales que fomentan el clientelismo; y el derecho de protesta si se producen cambios en el status quo político que no son bienvenidos."

El informe mete en el mismo saco "socialista" a la Italia de posguerra, con la hegemonía de la democracia cristiana, y al sistema político español surgido como transición de un fascismo que nunca fue derrotado. Pero esto es lo de menos. La idea de fondo es que las conquistas democráticas arrebatadas a las variantes fascistas del capitalismo industrial constituyen un problema. Contrario sensu, serían bienvenidos sistemas políticos con ejecutivos fuertes, con estados centrales fuertes que puedan imponer las "necesarias" medidas impopulares, donde los derechos laborales no sean respetados y donde el derecho de protesta estuviera más limitado.

Hoy antifascismo y anticapitalismo vuelven a ir de la mano, pero ni pueden tener el mismo sentido que en el período de entreguerras ni tampoco pueden reducirse a una identidad urbana juvenil. La cara positiva del rechazo carece de un nombre de consenso, pero si tiene que ver con algo es con la democracia excesiva e insolente, como los 18 años truncados de Clément Méric.