Cuando en enero de 1991 preparaba uno de mis comentarios para El Independiente, en relación con la guerra de Irak, creí necesario comprobar la veracidad de algunos datos y para ello busqué en la guía telefónica el número de la embajada iraquí y lo marqué. Percibí unos extraños sonidos en la línea pero ésta permaneció muda. Colgué, repetí la llamada y escuché una voz que me invitaba:
- ¿Dígame?
- Por favor, ¿es la embajada de Irak?
La respuesta, pronunciada con un acento local marcadamente castizo, me dejó casi sin habla:
- Está usted hablando, caballero, con el Palacio de Comunicaciones en la madrileñísima [sic] plaza de La Cibeles. ¿Desea usted algo?
- ¡Ay, perdón!
Y colgué inmediatamente.
Sin saberlo ni sospecharlo, mi llamada había sido interceptada por los servicios de seguridad del Estado, en alguno de los sótanos del viejo edificio de Correos y Telégrafos, desde donde al parecer se controlaba lo que entraba y salía por los teléfonos de la embajada de Sadam Husein en Madrid. Dada la situación internacional no me sorprendió que así se procediera (pues de sobra tienen todas las embajadas medios para comunicarse en secreto), pero la inexplicable petulancia y falta de profesionalidad del funcionario que atendió mi llamada me hizo darme de bruces con lo que Edward Snowden denunciaría años después: la intromisión del Estado en las comunicaciones de los ciudadanos.
Desde entonces muchas cosas han cambiado en lo que atañe a las comunicaciones privadas. El ordenador que usaba para escribir mis artículos era un simple procesador de textos con el que imprimía mis colaboraciones y las enviaba al diario desde un fax; las cabinas telefónicas callejeras, voraces devoradoras de calderilla, seguían siendo instrumentos esenciales cuando se estaba fuera de casa; y las populares BBS (Bulletin Board System) eran lo más parecido al actual Internet, con las que podía asomarme al mundo exterior a través de la verdosa pantalla de mi viejo Amstrad.
Edward Snowden reveló al mundo la vulnerabilidad de las comunicaciones privadas, lo que personalmente le supuso un duro sacrificio del que todavía no se ha liberado, pero al hacerlo nos dio a los ciudadanos de todo el mundo la posibilidad de exigir a nuestros gobernantes un mayor respeto por las libertades individuales.
Un año después de la denuncia de la que se hicieron eco un puñado de relevantes diarios en varios países, el principal acusado, la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU.(NSA), sigue desarrollando casi las mismas actividades que en el pasado, aunque bajo la presión popular ha tenido que renunciar a la recopilación masiva de datos telefónicos locales, según informa The Guardian Weekly.
A la denuncia de Snowden se acaba de sumar la del operador británico Vodafone, considerado el segundo del mundo por ingresos y número de clientes, solo superado por su equivalente chino. Ha revelado la existencia de conexiones directas a sus propias instalaciones y a las de otros operadores, que permiten a las agencias gubernamentales escuchar las conversaciones telefónicas de todos sus clientes en varios de los 29 países donde funciona y, en ciertas circunstancias, conocer también la localización de las llamadas. Lo ha publicado en un detallado documento (Law Enforcement Disclosure Report: Informe revelador de las exigencias legales) que puede leerse en Internet.
En varios de los países donde opera Vodafone existe la exigencia legal de que las compañías instalen vías de conexión directa o que autoricen a las agencias gubernamentales a hacerlo por sí mismas. El citado informe no detalla cuáles son esos países, para evitar que ciertos Gobiernos ejerzan represalias deteniendo a sus empleados. Los accesos directos no requieren autorización judicial ni permiten a los operadores saber qué clientes son objeto de investigación; pueden ser objeto de una vigilancia masiva sin que los Gobiernos tengan que justificarlo.
En algunos casos, las agencias estatales pueden incluso interceptar y filtrar los datos, antes de que éstos lleguen a las centrales de los operadores. En éstas, el acceso directo se hace mediante aparatos instalados en un local cerrado, atendidos por su propio personal, bajo estricto control estatal, o por funcionarios del Estado dedicados a esa tarea.
Vodafone solicita la eliminación de tales accesos y exige autorizaciones oficiales escritas: "El hecho de que el Gobierno tenga que darnos un documento en papel es un importante freno" al uso intenso y abusivo de esos sistemas secretos de vigilancia.
Estamos ante el viejo dilema: creernos un poco (solo "un poco") más seguros y perder a cambio importantes parcelas de nuestra privacidad, o luchar por nuestros derechos ciudadanos aún a costa de sospechar que quizá estemos menos protegidos. Elija cada cual lo que prefiera.
República de las ideas, 20 junio 2014
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