Por si la OTAN no tuviera ya suficientes quebraderos de cabeza intentando poner fin a una guerra (la de Afganistán) de la que no ve el modo de salir con la cabeza alta, un demoledor informe, redactado bajo los auspicios del Consejo de Europa (CdE), ha venido a deteriorar su reputación. Recordemos, antes de proseguir, que el CdE no tiene nada que ver con los órganos de la Comunidad Europea, y engloba a 47 países de nuestro continente, además de algunos Estados no europeos (EE.UU. y Canadá, entre otros) en calidad de observadores. Su objetivo es promover los valores democráticos y proteger los derechos humanos, a cuyos efectos se sirve del prestigioso Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un informe negativo avalado por el CdE es un baldón para cualquier organización internacional.
El documento elaborado tras nueve meses de investigación pone de manifiesto la falta de coordinación mostrada por los órganos navales de la Alianza entre marzo y abril del pasado año, por cuyo motivo murieron 63 emigrantes en las aguas mediterráneas que la OTAN había declarado bajo su control directo, con motivo de las operaciones militares en Libia. No es la OTAN la única acusada de negligencia en este caso, pues también a Naciones Unidas y a los países mediterráneos se les achaca una grave falta de planificación para atender a un fenómeno previsible: la avalancha de emigrantes causada por la intervención militar aliada en Libia.
Un breve resumen de lo que ha sido hecho público comienza en la madrugada del 26 de marzo de 2011, cuando 50 hombres, 20 mujeres y 2 bebés zarparon de Trípoli en una embarcación inflable. Para aumentar el número de pasajeros, se les despojó de las provisiones que llevaban consigo al embarcar. Uno de los nueve supervivientes declaró después: “No cabíamos. Teníamos que ir unos sentados sobre los otros”. Se les había dicho que en 18 horas llegarían a Lampedusa. Dos días después, sin haber avistado la isla, con escaso combustible, aguantando la mar gruesa, mareados y enfermos, cundió el pánico. El patrón ghanés llamó por su teléfono de satélite a un sacerdote eritreo que en Roma se esfuerza en proteger a los emigrantes. Éste se puso en contacto con la Guardia Costera italiana, que declaró la alarma tras establecer con precisión las coordenadas de la llamada de auxilio. Se enviaron avisos a todos los buques situados en las proximidades y al Mando Naval de la OTAN en Nápoles.
Un helicóptero militar sobrevoló la embarcación, regresó al poco tiempo y lanzó algunas botellas de agua y paquetes de galletas. Creyendo inminente el rescate, el patrón arrojó al mar su brújula y el teléfono, para no ser procesado en suelo italiano por el delito de tráfico ilegal de personas. Cuando al paso del tiempo nadie acudió en su ayuda, el patrón intentó seguir navegando orientándose por la posición del sol. Se agotó el combustible y la embarcación quedó a la deriva. Las tormentas y el fuerte oleaje fueron diezmando al pasaje. “Cada mañana encontrábamos nuevos cadáveres”, declaró un superviviente.
El décimo día de la tragedia vieron un buque de guerra que se aproximó tanto que les fue posible observar cómo los marineros tomaban fotos de la embarcación mientras los emigrantes mostraban en alto a los bebés muertos y los bidones vacíos, para hacer ostensible su penosa situación. El buque se alejó después. Los 11 emigrantes vivos que quedaban a bordo (dos de ellos murieron tras desembarcar) fueron arrastrados por las corrientes y los vientos hasta que el 10 de abril la embarcación varó en la costa libia, tras 15 días de infernal odisea.
El autor del informe calificó a esta tragedia como “un día negro para Europa”. Comentó: “Cuando se recuerda la atención puesta en el accidente del Costa Concordia y se compara con los más de 1500 emigrantes muertos en el Mediterráneo en 2011, el contraste es llamativo”. El informe revela también que un buque de la Armada española, la fragata Méndez Núñez, que se encontraba en las inmediaciones de la embarcación a socorrer, debió recibir las señales de alarma y pudo haber intervenido con eficacia para salvar a los náufragos. El Gobierno español niega que la fragata recibiera señal alguna y exige a la OTAN que muestre las pruebas de haberla transmitido. Un buque de guerra italiano y varios navíos comerciales de distintas banderas son también acusados de negligencia.
Diversas organizaciones de apoyo a los derechos humanos de los inmigrantes han decidido exigir responsabilidades criminales por denegación de auxilio, y desde el CdE se requiere a la OTAN que facilite toda la información de satélite disponible, que ayude a identificar al helicóptero y al buque de guerra citados en el informe; se la acusa también de falta de cooperación en la investigación del Consejo.
Un miembro del CdE ha comentado: “Podemos hablar mucho sobre los derechos humanos y la necesidad de cumplir la legislación internacional, pero si a la vez dejamos morir a la gente -porque no sabemos quiénes son o porque vienen de África- estamos revelando la poca importancia que damos a nuestras propias palabras”. Lo peor del caso es que otras tragedias, como la que ahora ha sido investigada, han venido pasando inadvertidas para todos menos para quienes, cuando buscaban una vida mejor en los vecinos países europeos, han encontrado una muerte evitable en las azules aguas de nuestro Mediterráneo.
República de las ideas, 13 de abril de 2012
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