El pasado martes Rusia ha dado un importante paso atrás en el respeto a los derechos humanos tras firmar Putin una ley que facilita la violencia familiar y doméstica, despenalizando o minimizando las condenas correspondientes a los casos más frecuentes de maltrato familiar.
Aunque el proyecto de ley levantó una gran polvareda en la sociedad rusa desde que se anunció, la Duma estatal lo ha aprobado mayoritariamente: 380 votos a favor y 3 en contra. La representante en Rusia de Amnistía Internacional, Anna Kirev, lo ha calificado de "nauseabundo intento de trivializar la violencia doméstica, asunto que nunca ha preocupado mucho al Gobierno ruso".
La nueva ley convierte en falta administrativa la violencia familiar "moderada", antes castigada con prisión y ahora con una simple multa. Los que la han apoyado lo han hecho para conservar lo que consideran valores familiares tradicionales, mientras que los opositores han puesto de manifiesto que su aplicación disminuirá hasta extremos peligrosos la protección de las personas más vulnerables, facilitando las palizas propinadas por los hombres a las mujeres, los padres a sus hijos o la violencia ejercida contra los ancianos.
Esta ley fue impulsada por una ultraconservadora parlamentaria que en ocasiones anteriores ya había apoyado limitaciones a los derechos humanos de los homosexuales (y LGBT), Yelena Mizulina, que explicó ante la Duma que las relaciones tradicionales entre padres e hijos se construyen sobre "la autoridad y el poder".
Las modificaciones ahora introducidas despenalizan todo tipo de violencia que no requiera atención hospitalaria: golpes que no dejen huellas, arañazos o heridas sin serias consecuencias ni fracturas de hueso. Ahora bien, quizá avergonzados los legisladores ante tamaña pasividad frente a un fenómeno social extendido y denigrante (más de 10.000 mujeres mueren al año en Rusia víctimas de la violencia de sus maridos o parejas), se ha establecido que si en un mismo año se repite la violencia, entonces sí se iniciará un proceso penal.
Alena Popova, activista social pro derechos humanos, sostiene que la nueva legislación implicará un aumento de la violencia doméstica. "Imagínenselo: - declara - El marido golpea a su mujer, esta lo denuncia y el marido es multado, pagando la multa con el dinero doméstico. Vuelve a casa e increpa a su esposa por haberle denunciado: pueden estar seguros de que la próxima vez ella intentará ocultar sus cardenales y no lo denunciará".
Para facilitar aún más la violencia doméstica, la nueva ley requiere que los que desean denunciarla tienen que encargarse ellos mismos de obtener los certificados médicos y reunir las pruebas necesarias, actuaciones que antes corrían a cargo de la policía. Es inconcebible, por ejemplo, que unos ancianos, extorsionados por sus familiares para apoderarse de su dinero o propiedades, sean capaces de disponer de los recursos y el ánimo necesarios para recopilar los documentos requeridos para iniciar un proceso penal que les proteja.
Por escandaloso que esto pueda parecer, no olvidemos que en nuestra sociedad todavía tienen eco algunos refranes que han regido la cultura familiar española hasta épocas muy recientes: "Quien bien te quiera te hará llorar", "La letra con sangre entra". Subsiste en algunos casos la implícita aceptación del castigo corporal para "corregir y educar" a los niños y jóvenes, sobre la base de un discutible derecho de los padres a responsabilizarse de su educación sin intervenciones ajenas, públicas o privadas, que "minan la autoridad" de los padres, según se arguye desde los sectores más tradicionales.
La legislación de los países avanzados se esfuerza por frenar y eliminar estos residuos bárbaros. Un dictamen del Consejo Europeo de los Derechos Sociales estableció: "Hay un consenso amplio a nivel europeo e internacional en los organismos de derechos humanos que el castigo corporal de los niños debería ser tenido en cuenta en la ley y totalmente prohibido".
La violencia física contra los niños, casi siempre acompañada de intimidación verbal y emocional, tiene un gran impacto en el desarrollo infantil, según exponía una asesora de Unicef al denunciar que ciertos países del Caribe "no solo no prohíben la violencia corporal sino que la legitiman en escuelas o en el hogar".
No se puede culpar esta vez a Trump de la nueva adversidad que se abate sobre la humanidad al comenzar este año 2017, que se abre cargado de tan pésimos augurios. Más que nunca es necesaria la vigilancia insistente y la denuncia constante de estos intentos de regresar a las prácticas de un pasado que creíamos ya felizmente superado.
Publicado en República de las ideas el 9 de febrero de 2017
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