El viejo cañón

Un reciente comunicado de la asociación Jueces para la Democracia resaltaba el hecho de que España “es el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas, cuyos restos no han sido recuperados ni identificados”.

Estima en más de 114.000 los desaparecidos españoles como consecuencia de la Guerra Civil y la represión que la siguió. Parece evidente que este segundo puesto en una de las clasificaciones más condenables del ranking mundial de la infamia no beneficia mucho a la tan publicitada “marca España”.

Si el lector rastrea la historia del país asiático que encabeza la lista, comprobará que durante el tiránico régimen de Pol Pot y los jemeres rojos fueron exterminados casi dos millones de camboyanos, una cuarta parte de su población. Sus cadáveres quedaron esparcidos por todo el territorio nacional, pues al constituir el “enemigo oculto” que impedía a los iluminados dirigentes comunistas alcanzar el sueño de su “nueva Camboya” se convertían en simple carroña. Parecía inevitable que tan cruenta política condujera a esa terrible culminación.

Los militares sublevados contra la República española tampoco se anunciaron con templanza. El general Mola advirtió por radio que todos los desmanes atribuibles a la República se habrían de pagar “y muy caro. La vida de los reos será poco. Les aviso con tiempo y con nobleza (!); no quiero que se llamen a engaño”. Pocos días antes, en una proclama publicada en “El Norte de Castilla”, el general Franco había escrito que “ya no cabrán en nuestro solar los traidores”, puntualizando: “Al final exigiremos cuenta estrecha de las conductas dudosas o traidoras”. Con esos preliminares no es extraño que las desapariciones de personas consideradas hostiles al régimen se multiplicaran durante la guerra y tras su conclusión.

Bien, dirá el lector, se trata de dos países que han sufrido unas sangrientas guerras civiles y ya se sabe que la salida de tan cruentas situaciones no es fácil de abordar. Pero no hace falta haber padecido una guerra civil para que la ignominia de los muertos ignorados caiga sobre un Estado. El presidente de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, establecida en Canadá para examinar el sistema de escuelas estatales donde se internaba a la fuerza a los niños aborígenes entre 1876 y 1996, que es el primer juez canadiense de procedencia indígena, declaró hace poco tiempo en Ottawa: “Canadá ha participado, con toda claridad, en un periodo de genocidio cultural”.

Al menos 6.000 niños murieron en esas instituciones, aunque las estadísticas son imprecisas y las cifras solo aproximadas. Una mujer de 50 años que sufrió ese régimen de integración nacional forzada declaró a The Guardian Weekly que había restos humanos por todas partes en torno a su escuela y que muchos jóvenes se suicidaban al abandonar el internado, por lo que no eran contabilizados.

“No aprendí nada en esa escuela; solo el padrenuestro y el himno nacional” declaró. Fue arrancada de su familia y enviada al internado con 7 años en 1972: “Cada noche me daban una ducha con agua fría, a veces después de haberme violado”. Le prohibieron hablar en su idioma nativo, tenía que escuchar en posición de firmes el himno nacional, y la golpeaban cuando no lo hacía bien.

Su voz y la de otras 150.000 víctimas del sistema de internado para niños aborígenes se han escuchado por fin al hacerse públicas las conclusiones de la Comisión. Ya en 2008 el Gobierno había pedido perdón por lo sucedido (aunque siempre ha negado que se tratara de un genocidio), a lo que en 2009 se sumó la Iglesia Católica, principal responsable de los centros reformadores.

El juez antes citado insistió en la estrecha relación entre el sistema de internados y los graves problemas sociales que hoy afectan a las comunidades indígenas: desempleo, violencia doméstica, alto número de niños en los servicios sociales y asesinatos de mujeres.

Los que sobrevivieron a esta aberración nacional han encontrado su voz: “Percibimos que nuestras historias son aceptadas y todo el mundo puede conocerlas”. El presidente de la Asamblea de Pueblos Indígenas afirmó: “Los canadienses empiezan a entender que esto no es solo un asunto de los pueblos indígenas, sino que nos afecta a todos. Hemos recuperado nuestra voz y ya no nos quedaremos callados”.

Canadá, un país de alto nivel de vida y con un elevado índice de desarrollo envidiado por muchos, también tenía suciedad bajo las alfombras. Ante las elecciones a celebrar en octubre, los políticos canadienses ya no podrán ignorar el sucio pasado de su historia y habrán de cuantificarlo, asumirlo y remediarlo en lo posible.

Es el único modo de acabar con los fantasmas del pasado que, por mucho que se haga para ocultarlos o ignorarlos, resurgirán periódicamente, dividiendo a la sociedad y mancillando su sentido de la ética y la justicia.

República de las ideas, 26 de junio de 2015