El viejo cañón

Se plantea estos días en Afganistán un apremiante problema político, que reúne en sí muchos de los principales asuntos que a lo largo de la historia han preocupado a los gobernantes. Para los politólogos es un caso paradigmático que afecta tanto a las relaciones internacionales de un país como a su política interior: efectos del imperialismo, organización de las fuerzas armadas, acción de gobierno, ejercicio de la justicia, democracia y representatividad, pugna por el poder, fraccionamiento social y seguridad nacional son algunos de los aspectos discutidos hoy en Kabul, con motivo de la inminente retirada de las tropas aliadas y la prevista permanencia en el país de un contingente militar de EE.UU.

Todo ello en forma de agitado torbellino que gira en torno a un vórtice bien definido: la inmunidad de los soldados estadounidenses instalados en el país tras 2014, respecto a los órganos locales de la justicia. El Secretario de Estado John Kerry ha dejado clara la exigencia de EE.UU. de que cualquier proceso que pudiera abrirse contra su personal militar, por delitos o faltas cometidos en Afganistán, se lleve a cabo en tribunales estadounidenses: “No hace falta decir que somos insistentes, porque somos los EE.UU. de América. Es la forma como actuamos en todas las partes del mundo”. Planteó el dilema sin contemplaciones: “Los afganos eligen: o conceden plena inmunidad o no habrá allí fuerzas estadounidenses de ningún tipo”.

Así actuamos en todas las partes del mundo, ha recordado Kerry, con sobrada razón. Veamos solo dos casos. Cuando en 2009 se discutía en Colombia el modo de aceptar la presencia militar de EE.UU. en las bases de las fuerzas armadas colombianas, el asunto de los delitos cometidos por soldados de EE.UU. fuera de actos de servicio levantó gran polémica, porque también se incluía a los contratistas civiles dependientes del Pentágono. Para el Gobierno de EE.UU. el problema se inició desde la firma de la Convención de Viena de 1961, que regula la inmunidad diplomática, porque considera que solo los tribunales de EE.UU. actúan con justicia y teme que la intervención de tribunales locales obstaculice la actividad militar.

Análogo problema se había presentado en Ecuador en 2004. Altos mandos militares de ese país declararon públicamente que, como la Corte Penal Internacional juzga crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, “EE.UU. trata de presionar a los países más débiles para que otorguen la inmunidad a sus soldados, en prevención de lo que pueda ocurrirles a ellos y a sus mandos en cualquier parte del mundo”.

Ahora, el problema se ha abatido sobre el Gobierno de Karzai, convertido en un delicado asunto de política interior cuando está pendiente de firmar el Acuerdo Bilateral de Seguridad entre EE.UU. y Afganistán, para regular las relaciones militares después de 2014. Tras sus encuentros con Kerry, el presidente afgano declaró: “La inmunidad legal no está dentro de las competencias del Gobierno, sino que afecta al pueblo afgano y, por eso, será una Asamblea General (Loya jirga) la que decida”. Esto ha levantado una gran polvareda política, mientras unos 3000 delegados se concentran en la capital para la multitudinaria reunión.

Estas asambleas se convocan para debatir asuntos de importancia y alcanzar acuerdos que faciliten al Congreso la toma de decisiones aceptadas por la mayoría de la población. Pero tanto la naturaleza del acuerdo a firmar como la legitimidad de la asamblea convocada son objeto de polémica.

Los problemas clásicos de la representatividad política quedan bien al descubierto. “Habría que convocar a expertos en asuntos legales, políticos, económicos y militares, así como a los partidos e instituciones sociales” – afirman unos – “y no a esa gente que solo sabe levantar o bajar la mano cuando hay que votar”. Otros dicen que “la decisión presidencial refleja el deseo de gobernar para el pueblo, que necesita la paz más que cualquier otra cosa”. Hay quien considera que, dada la pobreza general del país, “invitar a Kabul a 3000 personas durante 5 ó 7 días es un gasto innecesario”. También se acusa a Karzai de eludir su responsabilidad decisoria, ante posibles fracasos, aunque se estima positivo el haber convocado a la asamblea a representantes de los talibanes y de otros grupos de oposición, para reforzar su legitimidad.

No son pocos los ciudadanos que muestran su escepticismo ante la operación: “al final, todo esto no servirá para nada”; es la voz de un pueblo ocupado durante más de doce años por tropas extranjeras y que ha padecido una secular historia de enfrentamientos armados. Un funcionario reveló lo que parece una opinión oficial dominante, nunca hecha pública: “Mientras no se venda el país a los intereses extranjeros, habrá que aceptar a los americanos para que nos defiendan de nuestros enemigos iraníes y paquistaníes”. Es como si todo volviese a empezar de nuevo: ¿es posible un acuerdo general sobre qué significa “vender el país”, válido para todas las etnias y todas las clases sociales de Afganistán? Pocos lo creen posible.

Retirados los soldados aliados en 2014, los afganos se enfrentarán a su futuro con la misma o más tenebrosa incertidumbre que cuando Bush ordenó invadir el país. Un refrán español describe bien la situación: “para ese viaje, no se necesitaban alforjas”.

República de las ideas, 22 de noviembre de 2012