El viejo cañón

Un tribunal pakistaní acaba de condenar a cadena perpetua a dos individuos por el delito de blasfemia. Esto ha ocurrido en la provincia de Punjab, la misma cuyo gobernador fue asesinado el martes de la pasada semana por un fanático mahometano. Éste, al ser detenido e interrogado, declaró que el motivo de su agresión había sido que el gobernador estaba a favor de introducir ciertas reformas que suavizarían la vigente ley contra la blasfemia y además quería indultar a una mujer que había sido condenada a muerte debido a que durante una discusión profirió palabras que fueron consideradas como un insulto al profeta Mahoma.

Los dos recientes condenados son un padre y su hijo. El primero dirigía las oraciones en un lugar de culto cuando entre los dos arrancaron y rompieron un cartel que anunciaba un acto de conmemoración del nacimiento de Mahoma. Si el asunto empieza a parecer sorprendente, entra ya en el terreno de las alucinaciones cuando se lee que el conflicto es consecuencia del enfrentamiento entre los sunitas de la escuela Deobandi y los de la secta Barelvi.

Intentar comprender los pormenores que puedan diferenciar a unos de otros y que les hagan rechazarse hostilmente parece cuestión bizantina, y nunca mejor empleada esta expresión que para referirse a un asunto de raíces religiosas. Pero la consecuencia es que dos ciudadanos de lo que aparentemente es un moderno país, miembro de Naciones Unidas, pueden dar con sus huesos en la cárcel por el resto de su vida, por el simple hecho de romper un papel exhibido en una mezquita, lo que nos retrotrae a las épocas más oscuras y abominables de la humanidad.

Sin embargo, esto que hoy nos parece incompatible con los derechos humanos y con las más elementales ideas democráticas forma también parte de nuestra pasada historia. Sin entrar en disquisiciones teológicas, el enfrentamiento entre los deobandi y los barelvi, ramas del islam sunita pakistaní, podría tener algunos puntos de contacto con aquella pugna medieval entre franciscanos y dominicos, que tan bien retrató Umberto Eco en “El nombre de la rosa” y que revolucionó los monasterios y las universidades de la época.

Tampoco hay que ir muy atrás en el tiempo en lo relativo a la legislación contra la blasfemia. Todavía en España está vigente un Código Penal en uno de cuyos artículos se establece lo siguiente: “Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican”.

Supuestamente intentando equilibrar una legislación que parecía proteger solo a los “miembros de una confesión religiosa”, aunque mostrando al hacerlo un nivel de incompetencia todavía mayor, el legislador añadió un segundo punto al artículo antes citado, que dice así: “En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna”. Claramente se ve que es un ridículo añadido a una ley que arrastra el legado del viejo nacional-catolicismo español.

Lo más preocupante de todo esto es la capacidad de ese tipo de conflictos para movilizar muchedumbres, excitar los ánimos y tocar el clarín que llama a la guerra de religión. En el Punjab, ya citado, cerca de 40.000 personas acudieron a una manifestación en la que se homenajeaba al asesino del gobernador. Las autoridades pakistaníes son conscientes de que este tipo de legislación es utilizada torticeramente y con frecuencia en rencillas locales y rivalidades familiares o de grupos étnicos, pero el arraigo popular entre los estratos más incultos de la población hace difícil su erradicación definitiva. Tanto más cuanto que los clérigos y otros administradores de lo inefable se sirven de ella para conservar su poder y las prebendas y mantener su ascendiente sobre el pueblo.

Ya parece indudable que, durante la segunda mitad del pasado siglo XX, se ha venido produciendo un fenómeno cuyas consecuencias todavía no es fácil valorar: la irrupción del factor religioso en los conflictos políticos, sociales o incluso económicos. Tanto más grave cuanto que éstos también empiezan a mostrar unos niveles de crispación e irracionalidad que durante años parecían ya superados. Muestras de esto son los recientes sucesos en EEUU (asesinatos en Arizona y auge de la derecha más extrema, irracional y violenta) y también, sin necesidad de salir de nuestras fronteras, la violencia explícita mostrada a diario en bastantes medios de comunicación que agitan los más primitivos sentimientos de la gente y azuzan el odio hacia los discrepantes.

Todos esos agoreros del desastre y crispantes de la vida pública, tanto los que se apoyan en una religión como los que las ignoran, harían bien en reflexionar el significado de esta frase, atribuida a Voltaire, grandioso monumento verbal al ideal de la convivencia humana: “Detesto lo que usted dice y no lo comparto, pero daría mi vida para que usted pudiera seguir diciéndolo“.