El informe sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos, presentado el pasado 31 de enero y realizado a instancias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) por una misión independiente presidida por una jurista francesa, pudiera ser el último semáforo rojo encendido ante la acelerada locomotora del Gobierno israelí, para frenar la enloquecida carrera que le lleva inevitablemente a chocar de frente contra el resto del mundo.
El diario Haaretz comentó al día siguiente que la común opinión local de que el CDHNU es una organización básicamente antiisraelí, en la que participan países que en nada respetan los citados derechos, "es un argumento que solo convence a los ya convencidos". Y añadía: "Para la mayoría de los Gobiernos del mundo, y no hablemos de la opinión pública internacional y del mundo de los negocios, el informe citado está aprobado universalmente". Recordaba que ningún país apoya la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania y que "hasta los más leales amigos de Israel están hartos de la política de expansión de las colonias adoptada por Netanyahu, porque pone en peligro la solución biestatal".
Aunque en la reciente campaña electoral israelí el asunto de la expansión de los asentamientos fue deliberadamente soslayado, este informe lo ha vuelto a llevar a un primer plano y, además, en condiciones muy adversas para el Gobierno en formación. En la próxima reunión plenaria del CDHNU, a celebrar en Ginebra en marzo próximo, el informe será aceptado y pasará a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. No solo deteriorará la imagen de Israel ante el mundo sino que puede convertirse en un grave problema de relaciones internacionales, según opina Haaretz.
El informe es demoledor. Según lo analizado, Israel vulnera el 4º Convenio de Ginebra que prohíbe trasladar población civil foránea a los territorios ocupados. Los asentamientos deben ser abandonados, pues además violan la continuidad del territorio palestino: "Es una especie de anexión progresiva". La presencia de los colonos israelíes es un atropello de las garantías fundamentales del pueblo palestino y le priva del derecho a la autodeterminación. La actuación del Gobierno de Netanyahu puede ser considerada en ciertos casos como un "crimen de guerra" que la Autoridad palestina podría denunciar ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya bajo los auspicios de la legislación universal. Por último, la inminente ratificación palestina del Estatuto de Roma (a lo que tiene derecho en su nueva condición de Estado observador en la ONU), que rige al TPI, puede llevar a Israel a "una rendición de cuentas de las graves quebrantamientos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario".
El informe dice significativamente: "La Misión llama a todos los Estados miembros [de la ONU] a cumplir sus obligaciones bajo la ley internacional, a asumir sus responsabilidades en relación con un Estado que quebranta las normas de la legislación internacional, y a que no reconozcan específicamente la ilegal situación causada por las infracciones israelíes". En fin, la posición política del Gobierno israelí resulta socavada por todos sus flancos sin remedio alguno visible. Su reacción oficial, expresada por el ministro de Asuntos Exteriores, ha insistido en que el informe es "unilateral y sesgado", una muestra más de la postura antiisraelí del CDHNU. Hay que recordar, empero, que él mismo se negó a colaborar con la ONU, prohibiendo la entrada de la Misión al país. Quizá hoy esté arrepentido de su arrogante decisión, que en poco contribuyó a mejorar la imagen de su Gobierno: ¿Tanto era lo que había que ocultar?
¿Qué camino seguirá el nuevo Gobierno que debe nombrar Netanyahu, ganador parcial de los últimos comicios? ¿Expulsará al medio millón de colonos judíos que habitan ilegalmente en Cisjordania y en Jerusalén Oriental? ¿Destruirá el muro que fragmenta el territorio y que sigue ampliándose? ¿Resarcirá a la población palestina por los perjuicios causados por la ocupación y aceptará el bloqueo de suministros a los asentamientos por las empresas extranjeras, como exige el informe de la Misión? ¿Detendrá y juzgará a los colonos ya identificados, responsables de actos de violencia e intimidación contra los palestinos, y cuyas actividades no tienen visos de cesar?
Lo que está en juego en este enrevesado conflicto no es ya solo el futuro del pueblo palestino, víctima forzosa de la situación creada por fuerzas que nunca pudo controlar, sino también el legítimo bienestar del pueblo judío. Sus dirigentes no deberían arrastrarlo a situaciones límite como la de aquel Sansón que pedía a Jehová la muerte de sus enemigos, en uno de los primeros atentados de terrorismo suicida que registra la mitología judía: "¡Muera yo con los filisteos!". Porque entre los filisteos que hoy podrían sufrir los efectos de una irracionalidad al estilo del bíblico juez israelita está hoy gran parte de la humanidad, suficientemente aquejada de serios problemas como para añadir uno más. Solo cabe desear que la ONU, de donde ha surgido la grave y fundada denuncia que aquí se comenta, disponga de los medios y la voluntad imprescindibles para controlar esta crítica situación y llevar a los terrenos del diálogo y del compromiso lo que por ahora parece abocado a convertirse en un choque frontal de trenes.
CEIPAZ, 5 de febrero de 2013
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