El viejo cañón

Tax Justice Network, que podría traducirse como “Red por la justicia fiscal”, es una organización independiente que se creó en 2003 en el Parlamento británico y que se dedica, según se lee en su página web, “a la investigación, análisis y promoción a alto nivel en el campo de la política tributaria. Con este fin registra, analiza y explica el papel de los impuestos y las negativas repercusiones de la evasión fiscal, los trucos impositivos, la competencia por la menor tributación y los paraísos fiscales”. La red incluye el mundo académico y el de las organizaciones no gubernamentales, así como medios de comunicación, economistas, profesionales de las finanzas y la abogacía, sindicatos y otros grupos de interés público.
 
Entre sus objetivos fundacionales figura en primer lugar “despertar y acentuar el interés público por el mundo secreto de las finanzas en los paraísos fiscales”. Este ha sido el asunto de uno de sus últimos informes, que ha tenido amplia repercusión. Con el título The Price of Offshore Revisited (en traducción libre: “Puesta al día de lo que cuestan los paraísos fiscales”) en él se revela que una superélite mundial de acaudalados individuos ha sabido explotar los resquicios de las leyes sobre tributación y movimiento de capitales, para ocultar la extraordinaria cifra de 21 billones (21 seguido de doce ceros) de dólares, lo que equivale al producto interior bruto combinado de EE.UU. y de Japón. Algunos analistas la consideran moderada y la elevan a 32 billones.
 
En Suiza o en las Islas Caimán, dos típicos agujeros negros de las finanzas ocultas, descansa el dinero “protegido por una bandada de eficaces profesionales, bien pagados, en bancos privados y en agencias legales, contables y financieras, que se aprovechan de la cada vez más fluida economía global sin fronteras”, según explica el citado informe.
 
La primera conclusión que se deduce de lo anterior es que los índices oficiales sobre la hiriente desigualdad económica que existe entre países y dentro de éstos, publicados regularmente por la ONU, resultan ya inútiles porque para calcularlos no se ha tenido en cuenta la enorme suma sustraída a los datos disponibles. Ya no es cierta la conclusión de un informe anterior que señalaba que “la renta del 20% de los más ricos del mundo es 28,7 veces la del 20% más pobre”; la diferencia es en realidad mucho mayor, es decir, la flagrante injusticia distributiva en la que estamos habituados a vivir aumenta todavía más si se tiene en cuenta el dinero escondido por una pequeña parte de ese 20% más rico. El informe indica también que cerca de 10 billones de esos dólares fugados a paraísos fiscales son propiedad de unos 92.000 individuos, el 0,001% de la población mundial.
 
Los que evaden esas sumas, empero, sí utilizan los servicios públicos; les gusta que las calles estén limpias e iluminadas y que funcionen los transportes (al menos para que lleven clientes a sus establecimientos y aumenten sus ganancias); se complacen también en disponer de buenas autopistas para sus lujosos automóviles, y puertos y servicios de navegación para sus yates o aviones privados. Pero ¡ah!, sus privilegiadas mentes les inducen a no pagar o a pagar lo menos posible de esos impuestos que permiten mantener los servicios de los que ellos también se aprovechan.
 
El informe dice que si esos 21 billones de dólares ocultos hubieran estado legalmente depositados, rindiendo un 3% anual, y si los Gobiernos hubieran podido gravarlos con un 30%, hubieran generado para las arcas públicas 188.000 millones, más de lo que anualmente invierten los países ricos en ayuda al desarrollo.
 
Cuando vastos sectores de la humanidad, que aumentan día tras día, sufren los efectos de una coyuntura económica que les impone sacrificios y restricciones, es demoledor leer en ese informe que “la gente de la calle apenas tiene idea de lo injusta que se ha hecho la situación”, a la luz de lo que en él se revela. Se necesitaría estar ciego para no advertir que las riquezas del mundo se van concentrando en menos manos mientras que las deudas y los déficits recaen sobre los hombros de los sufridos ciudadanos corrientes a través de sus Gobiernos.
 
Y claro que hay culpables: los 10 principales bancos del mundo (entre los que están los suizos USB y Credit Suisse, y el estadounidense Goldman Sachs) gestionaron en 2010 más de 6 billones de esos dólares ocultos en paraísos fiscales, mientras que hace cinco años solo manejaban 2,3 billones. ¡Parece evidente que ese tipo de negocio prospera sin problemas!
 
Paraísos fiscales para unos pocos, pero infiernos fiscales para una mayoría que sufre las consecuencias de estas prácticas indignas. Y una vergonzosa responsabilidad para los países del G20, que ya en 2008 -asustados por la crisis- prometieron controlar el bandolerismo bancario de los presuntos paraísos y han sido incapaces hasta hoy de adoptar las medidas imprescindibles para lograrlo. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar estos brutales abusos del capitalismo más refinado?

República de las ideas, 10 de agosto de 2012