Muchas operaciones antiterroristas suelen desarrollarse en el ámbito de las cloacas del Estado, por su turbidez, ilegalidad y secreto, sea cual sea el lugar donde se lleven a cabo o la calidad más o menos democrática del Gobierno que las ejecute. Un factor que contribuye a que se llegue a aceptar esta aberrante situación es la inherente crueldad del terrorismo, su fanatismo y su capacidad para sembrar el miedo y la desconfianza en amplios estratos de la población. Si se está de acuerdo en que su actividad es dañina y repugnante, se argumenta, no debería haber razones para rechazar cualquier acción del Estado que tenga por objeto combatirlo y destruirlo.
Un crítico informe publicado en el semanario estadounidense The Nation por Anand Gopal, periodista del Wall Street Journal y del Christian Science Monitor especializado en Afganistán, describe algunos detalles de esa guerra oculta que EEUU libra en Afganistán, dentro del amplio espectro de la guerra contra el terror que puso en marcha Bush y que nadie parece decidido a terminar o a reconducir por otros rumbos.
En la ciudad afgana de Khost desapareció el invierno pasado un joven funcionario del Gobierno. Se le vio por última vez con unos amigos en el bazar. La intensa búsqueda emprendida por amigos y familiares fue infructuosa. Los ancianos de la localidad tomaron contacto con los jefes talibanes del lugar, que podrían haberlo secuestrado, con resultado negativo. Hasta el gobernador de la provincia se implicó en su búsqueda y la policía efectuó redadas entre los sospechosos de la zona, sin éxito alguno.
El tiempo transcurrió, el asunto fue olvidado y la búsqueda fue suspendida. Varios meses después, el correo entregó a la familia del desaparecido una carta manuscrita por él, en papel de la Cruz Roja, en la que les informaba de que se encontraba en Bagram, una de las prisiones de EEUU en Afganistán, sin saber cuándo sería puesto en libertad ni cuáles eran los cargos que se le imputaban.
El funcionario afgano, sin embargo, podía darse por satisfecho de haber salvado la vida y haber podido comunicar su paradero a la familia. No todos los que sufren las actividades ilegales del antiterrorismo estatal pueden contarlo después. Aunque parezca olvidado en la noche del pasado, el llamado "caso Lasa y Zabala" fue en su momento un grave motivo de escándalo para la opinión pública española. En 1983, dos miembros de ETA fueron secuestrados en Bayona por agentes del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), sometidos a tortura en el cuartel donostiarra de la Guardia Civil y trasladados a Alicante, donde tras ser obligados a cavar sus propias tumbas fueron asesinados y enterrados en cal viva.
Pero no todo lo que describe Gopal tiene un final incruento. La noche se ha hecho temible para muchas familias afganas, a esas horas intempestivas en las que, si suena el timbre y se trata de una democracia, solo puede ser el repartidor de la leche. Pero si se trata de Afganistán, los que irrumpen en la vivienda suelen ser unos hombres fuertemente armados, tatuados y con el rostro tiznado, miembros de las fuerzas especiales de EEUU, que arrasan y destrozan el domicilio, buscando las pruebas que permitan arrestar a algún presunto culpable de actividades terroristas.
Escribe el periodista: "Las incursiones nocturnas solo son el primer paso en el proceso de arrestos en Afganistán". Los sospechosos son trasladados a alguna de las prisiones secretas establecidas en las bases militares de EEUU". Y en ellas nada puede impedir que se repitan escenas como las conocidas en Abu Ghraib o en Guantánamo. Tortura, violencia, humillación y, a veces, muerte. En muchos casos, desaparición y pérdida de todo rastro.
Todo obedece a una pauta conocida. Los talibanes atacan un convoy militar que atraviesa una localidad y se esfuman después. Los soldados regresan por la noche y buscan sospechosos. Si en la emboscada han sufrido bajas, no se andarán con miramientos y apenas podrán reprimir sus ansias de venganza. Es común aceptar que no es posible combatir a la insurgencia sin efectuar incursiones y detenciones, procediendo con violencia y a menudo en forma humillante. Pero esto crea resentimiento y alimenta también los deseos de venganza entre la población. La espiral de odio no deja de crecer.
No se sabe cuántos jóvenes se incorporaron a las filas etarras cuando fue de público conocimiento el modo en que fueron asesinados Lasa y Zabala por las fuerzas de seguridad del Estado. Pero en Afganistán se ha comprobado el efecto de reclutamiento en las filas de la insurgencia producido por algunas de las más violentas acciones de las fuerzas de ocupación.
El efecto de las actividades ilegales de un Gobierno en su lucha contra el terrorismo no es solo aumentar el número de ciudadanos que se suman a la insurgencia. Hay algo peor y de más difícil solución: concierne a la pérdida de los más elementales valores morales y éticos del Estado, sin los que la democracia pasa a ser un engaño y la autoridad que confiere el poder se corrompe hasta su más honda esencia. De ese modo, al fin, solo queda un triunfador: el terrorismo que ha logrado corromper los fundamentos básicos del Estado.
Publicado en CEIPAZ (www.ceipaz.org) el 7 de febrero de 2010
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