La organización neoyorquina de derechos humanos Open Society Justice Initiative ("Iniciativa por la justicia en una sociedad abierta") forma parte de una fundación creada por el conocido magnate George Soros, cuyo propósito es ayudar a la formación de sociedades "vigorosas y tolerantes, con Gobiernos responsables y abiertos a la participación de todos los ciudadanos".
Su más reciente informe, titulado Globalizing Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition ("La globalización de la tortura: detenciones y traslados secretos de la CIA"), muestra que 54 países extranjeros contribuyeron a las operaciones de secuestro internacional, detención ilegal y posterior tortura, que se multiplicaron por todo el mundo tras los atentados del 11-S.
Está comprobado el hecho de que la CIA no hubiera podido ejecutar tan vasto programa por sus propios medios, sin la participación de otros países. Por ello, la responsabilidad de los Gobiernos extranjeros implicados ha de considerarse junto con la de los altos funcionarios del Gobierno de Bush que, de modo plenamente consciente, violaron los derechos humanos en innumerables ocasiones y, en su inmensa mayoría, no han sido todavía procesados ni penalizados por ello.
Entre los países europeos que cooperaron a esta ignominia se incluyen Alemania, Austria, España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido. Conviene, no obstante, salvar honrosamente, aunque solo sea respecto a este turbio asunto, la reputación de Francia, Hungría, Noruega, Países Bajos y Rusia, que no figuran en tan vergonzosa lista. También en relación con nuestro continente, se comprueba que Lituania, Polonia y Rumanía albergaron prisiones secretas de la CIA e intervinieron en el transporte furtivo de detenidos, en lo que también colaboraron Finlandia y Suecia.
Canadá, cuyas credenciales democráticas y respeto por los derechos humanos suelen ser proverbialmente alabados, además de facilitar a la CIA el tránsito por su espacio aéreo -como otros muchos países, entre ellos España- filtró informaciones erróneas que permitieron detener a uno de sus ciudadanos y enviarlo a Siria, donde permaneció un año encarcelado y fue debidamente torturado. El Gobierno hubo de indemnizarle después.
En el citado informe se dice: "A pesar de los esfuerzos de EE.UU. y sus Gobiernos amigos para ocultar la verdad sobre los abusos actuales y los del pasado, seguirá abriéndose camino hacia la opinión pública la información relacionada con ellos. [...] Además, a la vez que los tribunales de EE.UU. han cerrado sus puertas a las víctimas de estas operaciones, ante los de otros países empiezan a acumularse reclamaciones legales contra los Gobiernos que participaron en ellas". De hecho, en estos momentos hay demandas planteadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Italia, Lituania, Polonia y Rumanía; contra Yibuti, ante la Comisión africana equivalente; y contra diversas autoridades locales en Egipto, Hong Kong, Italia y Reino Unido.
El informe concluye conminando a EE.UU. y demás países involucrados a que admitan la verdad de su participación en tan ilegales operaciones, las repudien e investiguen la actuación de los responsables: "Estas medidas son esenciales, no solo para asegurar que la tortura y otras violaciones de los derechos humanos no se repitan en futuras operaciones antiterroristas, sino también para mejorar su eficacia", porque como reconoció en 2006 la Asamblea General de la ONU "las medidas contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos no son objetivos contrapuestos sino complementarios y coadyuvantes".
Lamentablemente, justo al escribir estas líneas, se ha revelado en Washington un documento secreto que autoriza el asesinato de ciudadanos estadounidenses (y, naturalmente, con menos remilgos si se trata de extranjeros) si el Gobierno les considera posibles agentes de un inminente ataque terrorista. ¿Quién decide y cómo se decide la inminencia de tal ataque? El memorándum da por sentado que "Al Qaeda atacará siempre que le sea posible", así que basta la simple sospecha sostenida por la autoridad correspondiente para desencadenar la ejecución ilegal. Ejecución que, según un portavoz oficial de la Casa Blanca, es algo "legal, ético e inteligente". Solo un incauto podría creerse la matización que torpemente añadió a tan burda declaración, explicando que su Gobierno "tiene mucho cuidado" al decidir a quién matar.
Se trata, pues, de la típica Ley del Oeste: "Vi en su mirada una clara amenaza y por eso le disparé antes de que desenfundara", como diría el pistolero al sheriff que pretende arrestarle. Pero aún queda un hilo de esperanza, pues el designado como futuro jefe de la CIA en la nueva administración de Obama deberá comparecer en breve ante una comisión parlamentaria. Entonces podremos intuir qué camino va a emprender Obama durante su segundo mandato, en asunto tan complicado como es compaginar la legítima protección frente al terrorismo con la inexcusable necesidad de sostener la democracia y proteger los derechos humanos, aspectos ambos que son los que más nos diferencian de los terroristas. Esperemos que no nos defraude una vez más.
República de las ideas, 8 de febrero de 2012
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