Varios sucesos del panorama político internacional, relacionados estrechamente con el mundo árabe, han dado abundante materia de discusión en los últimos días.
El linchamiento del dictador Gadafi en las calles de su ciudad natal, Sirte, registrado en múltiples documentos gráficos y difundido por todo el mundo, no significa el final definitivo de nada. Es un paso más en la difícil coyuntura por la que transita el pueblo libio desde que se inició la guerra civil. Ésta fue impulsada desde el exterior por la OTAN, que superó los límites de intervención impuestos por la ONU, cuya finalidad inicial era proteger a los libios de la violencia militar del régimen dictatorial pero que acabó convirtiéndose en una clara agresión contra uno de los bandos de la guerra civil que les ha dividido y ensangrentado.
La organización estadounidense Human Rights Watch, una de las más prestigiosas a nivel internacional en lo relativo al respeto de los derechos humanos, ha recordado que "el asesinato de alguien que ha sido capturado es una grave violación de las leyes de la guerra y constituye un delito cuya persecución incumbe al Tribunal Penal Internacional". Frente a esto, conviene recordar que el nuevo primer ministro libio había afirmado que Gadafi murió a consecuencia de los disparos intercambiados en un enfrentamiento. Mal empieza la acción de gobierno del Consejo Nacional de Transición (CNT) si las informaciones oficiales que difunde se ajustan tan poco a la realidad como esta.
Sin ignorar la ostensible irritación de unas masas descontroladas, alzadas en armas contra un odiado y temido dictador, la cruel ferocidad mostrada en las imágenes del citado linchamiento hace sospechar que costará mucho volver a encerrar en la botella al genio del odio y la cruenta violencia que en los últimos tiempos ha extendido sus alas sobre el pueblo libio. Esta tarea corresponderá al CNT, cuyo presidente, en una de sus primeras alocuciones públicas, en vez de anunciar sus esfuerzos por avanzar en el camino de una pacificación democrática, reveló sus inmediatas preocupaciones al referirse a la implantación de la ley religiosa (sharia) como fuente básica de la legislación del nuevo Estado: "Toda ley que se oponga a los principios del derecho islámico será legalmente abolida". Esto es, simplemente, aceptar la hegemonía de la teocracia sobre la democracia, y no augura un futuro fácil para el país. Su posterior aclaración de que el islam libio es "moderado" parece una figura retórica poco creíble. Las mujeres libias podrán opinar en breve al respecto.
Tendencias no muy distintas se aprecian también en el vecino Túnez, donde las elecciones celebradas el pasado domingo han mostrado lo que a nadie podía sorprender: el triunfo legítimo e indiscutible de un partido islamista, Renovación (En Nahda), que no solo ganó las elecciones a la Asamblea Constituyente sino que lo hizo, además, con una apabullante superioridad. La nueva constitución que haya de regir a los tunecinos se apoyará también en sólidas bases teocráticas.
La primavera árabe, como era de esperar, no podía imponer de la noche a la mañana la democratización de unos pueblos que siguen siendo, por encima de todo, profundamente musulmanes. Es cierto que en algo mejorará su suerte si desaparecen los corruptos y tiránicos dictadores que los mantenían oprimidos, pero el camino que lleva a la plena aceptación de los convenios internacionales sobre derechos humanos se presenta largo y lleno de obstáculos.
Ya que del mundo árabe estamos tratando, también convendrá saber que la anunciada retirada total de las tropas de EE.UU. de Irak al finalizar el presente año no supone el fin de la presencia estadounidense en el país. Ésta se transfiere desde el Pentágono (que mantendrá entre 3000 y 5000 asesores e instructores militares en diversas instalaciones) al Departamento de Estado. El embajador en Bagdad dirigirá un nutrido contingente humano desde su enorme embajada -la mayor del mundo-, pues tendrá a sus órdenes unas 16.000 personas, lo que equivale a los efectivos de una División de Infantería. De éstos, habrá 5000 miembros de empresas privadas de seguridad armada, un verdadero ejército en la sombra de mercenarios al servicio directo del Departamento de Estado y de muy dudoso control legal.
Tal es la envergadura de esta operación que un titular del diario The Washington Post (9 octubre 2011) la anunció así: "El Departamento de Estado prepara la operación Iraq, la mayor desde el Plan Marshall". Pero conviene no confundirse; no se trata de ayudar económica y políticamente a reconstruir una nación devastada por la guerra, como ocurrió en la Europa de 1947, sino de asegurarse el control político, militar y económico en una crítica zona del mundo, manteniendo una fuerte presencia en Irak, una vez concluida su ocupación militar y aceptado el fracaso general de la guerra que a ella condujo. Permanezcan los lectores atentos a nuevas noticias, porque desde el Atlántico al Índico muchas cosas van a seguir cambiando y no siempre de forma previsible.
Publicado en República de las ideas el 28 de octubre de 2011
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