El pasado 12 de septiembre se produjo un hecho insólito en el Parlamento Europeo, cuando se votó, por primera vez en la historia de la CE, la activación del artículo 7 del Tratado de Maastrich. El país objeto del debate fue Hungría y el motivo, el repetido incumplimiento de derechos y prácticas democráticas por su actual Gobierno.
Hay que recordar que el citado artículo establece que el Parlamento "podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2". Cuando esto sucede, se pone en marcha un proceso que puede llevar a la suspensión de algunos derechos del Estado miembro acusado.
Por su parte, el artículo 2 dictamina lo siguiente: "La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías". La libertad de prensa y el funcionamiento imparcial y justo del sistema electoral son aspectos que, a juicio de la mayoría de los parlamentarios europeos, están en peligro en el país del Danubio. Así lo ha querido señalar el Parlamento, para proteger las esencias democráticas inherentes a la CE.
Pero eso no ha sido todo. En fechas posteriores, como ocurrió el pasado viernes, el Tribunal de Justicia Europeo paralizó la reforma del Tribunal Supremo de Polonia en un auto que ordenaba a Varsovia suspender las decisiones adoptadas al respecto, mantener en su puesto a los jueces afectados por la reforma y suspender cualquier nuevo nombramiento. La democracia otra vez en peligro.
Y como colofón, la denominada "Comisión de Venecia", que es el órgano consultivo de la CE en asuntos de derecho constitucional, expresó oficialmente su preocupación por las modificaciones que el Gobierno de Rumania tenía previsto introducir en su legislación básica.
A pesar de tan claros indicios de un evidente deterioro democrático en el seno de la UE, para algunos pueblos y sus gobernantes siguen siendo la inmigración y sus peligros el argumento que se maneja sistemáticamente para forzar la opinión pública. Gracias a ese temor, artificialmente exagerado, han alcanzado el poder Viktor Orbán en Hungría y Matteo Salvini en Italia.
Y lo que es más peligroso: la retórica populista que crece en Europa se prepara para asaltar el Parlamento en las elecciones de mayo de 2019. Esa retórica que oculta que la inmigración es necesaria para sostener una Europa progresivamente envejecida y donde los pueblos, sistemáticamente engañados, sobreestiman siempre el número real de inmigrantes que cada país acoge, como muestran las encuestas.
Los europeos hemos de entender que la inmigración no destruye nuestra cultura o nuestro modo de vida, cultura y vida que han ido evolucionando a lo largo de la rica historia europea. Pero desmantelar los instrumentos que permiten que los ciudadanos actúen en democracia, entre los que se halla la libertad de prensa o la justicia imparcial y no sometida al poder ejecutivo, es el verdadero peligro al que hemos de enfrentarnos los europeos. Una vez más, es lo de siempre: la democracia frente al autoritarismo de unos dirigentes iluminados.
Cuando los europeos demócratas hayamos de votar el próximo año, habremos de esforzarnos en no centrar solo nuestro discurso sobre las virtudes del multiculturalismo o la solidaridad humana. Tendremos que insistir, sin olvidar lo anterior, en que es la democracia la que está en peligro en Europa y, con ella, los elementos que permiten a los pueblos hacer frente a los abusos del poder.
Los populismos europeos centrarán el debate en el fantasma de la inmigración. Los demócratas europeos contraatacaremos exigiendo, como lo permite el artículo 7 del Tratado de la Unión, respeto a los valores esenciales de la democracia, que ya hoy están siendo torpedeados en varios países europeos.
Publicado en República de las ideas el 25 de octubre de 2018
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