Según se lee en El País (20 julio de 2010), un ciudadano español, Francisco Gil Hellín, que para los católicos españoles ejerce como arzobispo de Burgos, ha difundido públicamente su opinión personal (que, según él, es también la opinión oficial de su Iglesia) incitando a los españoles a incumplir una ley legítimamente promulgada el pasado día 5 de julio.
La ha calificado de "ley inicua" frente a la que exige "una oposición frontal y sin distingos" porque "esta ley no es ley".
Ahora pregunto: ¿no hay una figura penal que castiga a quien estimule y promueva el incumplimiento de la Ley? ¿Está exento el señor Gil Hellín del cumplimiento de las leyes, extensivo a todos los demás españoles? ¿A qué espera la Fiscalía General del Estado para abrir las correspondientes diligencias indagatorias a fin de establecer las circunstancias de este posible delito o falta?
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