Ugrafías

El marco legal constitucional establece la función social de la propiedad como limitadora del usufructo de la propiedad privada. El artículo 47 de la Constitución pide de forma clara que las leyes eviten la especulación en temas de vivienda. No se trata, en ninguno de los dos casos, de un programa electoral para cuatro años. Tampoco son palabras bonitas de un discurso de campaña por el voto ciudadano. No son chistes de ningún cómico ingenioso ni sueños de un poeta ascético. Son, ambas cosas, parte de nuestro marco legal vigente.

Pues bien, hace demasiados años que no lo parece. Y la indignación ante las situaciones a las cuales se ha visto empujada la ciudadanía por temas de vivienda se acabó viendo, primero en la calle, con las sentadas dominicales del mayo y junio de 2006 como punto de partida, y en los medios de comunicación finalmente, cuando la política ha dejado de ignorar que la vivienda es el primer, en gravedad y en alcance social, problema del país.

Empecemos por decir que no es exactamente un problema, sino una problemática, es decir, un conjunto de problemas que se mezclan y se entrelazan y donde ninguno de los diferentes agentes y actores son nunca ni la única causa ni la única solución.

Se nos ha dicho hace unos días que la treintena larga de firmantes del PNH [Pacte Nacional per l'Habitatge] son los actores y agentes implicados en el tema. Parece que si promotores, cajas, sindicatos, aparejadores, inmobiliarias, administraciones locales y organismos asistencialistas acuerdan algo con la mayoría parlamentaria, eso debería ser suficiente. Quizás sí lo debería ser, pero no, faltaba la parte clave: los habitantes. En temas laborales los derechos los defienden los sindicatos, en temas de racismo los derechos los defienden las oenegés, pero en temas de vivienda… ¿quién defiende el derecho a la vivienda?

Quizás nunca lo hará nadie porque, dadas las inercias de estos años, los habitantes, los ocupantes de las viviendas y los vecindarios, han sido socialmente descuartizados en cuanto a la defensa de estos derechos al multiplicarse los casos problemáticos. El problema de los hipotecados no es el de los precios del alquiler. El problema de los inquilinos no es el euribor. El problema de los desalojos de los centros sociales okupados autogestionados no es el de la pareja con trabajos precarios a quien piden avales y nóminas porque en realidad su matrimonio lo debe firmar el banco antes que el registro civil. El problema de las urbanizaciones en el campo no es el de la gentrificación en el centro de los cascos urbanos. El problema de quien debe mantener una casa a cien kilómetros de su puesto de trabajo no es el de quien se encuentra de pronto con un piso patera a cinco metros del suyo. El problema del estudiante que paga 300 euros por una habitación de 8 metros cuadrados no es el del jubilado a quien hacen mobbing porque no es rentable que pague solamente 90 por un piso céntrico. El problema del divorciado buscando piso no es el del inmigrante que puede traer finalmente el resto de la familia para vivir aquí. El problema de la falta de equipamientos de un barrio no es el problema del despoblamiento de un pueblo pequeño atado a una industria que de pronto o lentamente se deslocaliza o se desvanece. Y este es el verdadero problema, que cada cual se encuentra solo el suyo y no se ve la vivienda como un problema de todos.

Pero ahora que, aunque se había dicho que nunca sucedería, el fin de la burbuja inmobiliaria se ha acabado dando, por la propia lógica de las burbujas especulativas y con el agravante del paroxismo de la sobrevaloración, resulta que los agentes que se han enriquecido durante muchos años, y mucho y demasiado estos últimos, con ‘los pases’, el ‘dinero B’, los ‘chiringos’, las operaciones urbanísticas de empresas mixtas y las corrupciones más flagrantes, pues estos también tienen diferentes ‘problemas’. La máquina de hacer dineritos de manera fácil se les ha estropeado. Del mismo modo que, durante años, políticos, financieros y constructores han acumulado ‘recursos’ año tras año, ahora también se encuentran que no les funciona bien nada. La gente que se podía hipotecar ya lo ha hecho. El resto o no es solvente para los prestamistas o se ha dado cuenta de que le conviene más alquilar que comprar. La juventud no puede encontrar trabajo si no es en precario y por lo tanto no puede acceder tampoco. Y recien llegados no son tantos como las grúas por encima de nuestras cabezas parece que esperan. Y cuando llega el momento de repartirse las migajas del pastel entonces cuesta mucho más quedar satisfechos. El problema de los agentes de la propiedad inmobiliaria no es el de la inestabilidad de los créditos interbancarios. El problema del aumento del paro en el sector no es el problema que pueden encontrar los administradores de fincas. El problema de los kubotanes fotografiados reprimiendo okupas no es el de la financiación de los ayuntamientos. El problema de la carencia de suelo consolidado no es el de la degradación de barrios junto a promociones de lujo aun pendientes de encontrar mercado. El problema de los impuestos burocráticos no es el problema del mantenimiento de un parque viejo tutelado por la Generalitat. El problema del retraso de sentencias judiciales no es el problema de si las comisiones bajo mesa eran del 3 o eran del 20 por ciento. Lo que beneficia a unos ahora puede perjudicar directamente a los otros. Entre los que tienen la sartén por el mango ahora resulta que cada cual quiere mantener sus privilegios aun cuando sea en función de quitárselos a otro agente o actor privilegiado. Estas contradicciones del sistema especulador se quieren esconder a la ciudadanía y, después de años de hacerlo absolutamente todo a corto plazo, se escenifica ahora una alianza a largo plazo de una ancha mesa de firmantes –pero sin invitar a los habitantes, porque no tienen quienes los represente de verdad.

En VdeVivenda, y en sus asambleas abiertas en barrios y ciudades, tenemos claro que no nos tomarán el pelo con esta huída hacia adelante. No nos pararemos y no callaremos. Las medidas del PNH esconden la misma política que se ha demostrado no solo inútil sino perjudicial: destinar dinero público para favorecer a aquellos que hasta ahora se han enriquecido especulando con un derecho fundamental, asistiendo ahora el resfriado de la –digámoslo así– mafia inmobiliaria.

El PNH hace que los pisos de nueva construcción vayan mayoritariamente al mercado de compra, en lugar de destinarlos todos a vivienda de alquiler social, que es lo que hace falta; apuesta por la nueva construcción, con más devastación del territorio, ignorando la existencia de miles de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social y dejando el tema de la rehabilitación en cheques regalo para los propietarios o en excusas, como la de los ascensores, para hacer mobbing municipal a todo un barrio como la Barceloneta; permite que los pisos de protección oficial pasen al mercado libre tras sólo 30 años; faculta a los promotores a retener el 30% de los pisos de protección oficial que construyan. Es decir, fomenta la especulación y la corrupción. Un pacto que ignora las críticas sociales recibidas, que no aplica medidas estructurales ni inmediatas. Un pacto que no tiene ninguna medida ni para hacer asequibles los alquileres ni para ayudar a las personas hipotecadas y endeudadas que corren el riesgo de perder sus viviendas. Un pacto que seguirá contribuyendo a hacer a los ricos más ricos, y a los pobres más pobres. Y todo decorado con un engañoso debate en falso sobre el artículo 42.6 del proyecto de Ley, que podría movilizar, aunque a medio plazo, pisos vacíos. El juego de fuerzas puede hacer que solo sirva para que ultrapasen las elecciones, unos, haciendo ver que lo defenderán y aplicarán, y otros, haciendo ver que va contra una pretendida forma de hacer de la sociedad catalana, cuando precisamente ésta es mucho más solidaria y cooperativa que pequeñoburgesa y timorata.

Nuestro simbólico personaje de SuperVivienda somos todos y todas, sufrimos con aquellos problemas mencionados en el primer bloque de problemas, los de los habitantes, los inquilinos, los contribuyentes. No debemos pagar encima los que ni son problemas nuestros ni los hemos generado, ni debemos decidir quienes dejan de ganar mil millones y quienes dejan de ganar dos mil. No queremos conformarnos con limosnas y queremos que el marco legal se aplique: que se frene, de raiz, la especulación. Nuestras propuestas son concretas y factibles. No son amplificadas por la prensa, pero no hace falta, se pueden leer en muchas páginas en internet. Tanto la Carta de Medidas del Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística como el Manifiesto acordado este 19 de mayo por las asambleas catalanas VdeVivienda. No son nada utópicas. Son medidas estructurales que por muy radicales que se pueda decir que son, bien que se aplican desde hace muchos años en Europa, donde han evitado la situación que sufrimos en Catalunya en el resto del Estado precisamente porque se ha priorizado el derecho al acceso por delante de las posibles intenciones especulativas que el mercado sin ninguna limitación puede generar. Entender la vivienda como bien de inversión ha degradado la convivencia, ha extendido la precariedad, ha impedido que sean efectivos el resto de derechos, vitales y sociales, que dependen del derecho de poder acceder dignamente a una vivienda sin vivir más de la mitad del tiempo sufriendo por llegar a pagar una renta o letra mensual de cifras estratosféricas con unos ingresos anclados a ras de suelo. Con este pacto y con esta ley -que pretenden silenciarnos cogiendo prestado nuestro discurso pero dando la espalda a nuestras demandas- no tendremos casa en la puta vida!

(Publicado originalmente en catalán en noviembre de 2007, en el primer Quadern monogràfic de la FAVIBC, Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya)