La tele de Marat

El escándalo de la vivienda -o de sus precios, para ser más exacto- se ha convertido en un miembro más de la familia al que todos contemplamos con absoluta naturalidad. Y ello,  pese a toda la carga especulativa que incluye y a pesar de la corrupción generalizada que convierte el tinglado de Marbella en una simple  e inocente historieta de tebeo.

            Los Ayuntamientos, los carroñeros de corbata y maletín, y las pirañas de la grúa han sacado tajada ante la pasividad y el mamoneo de las autoridades incompetentes. Los ministros de la cosa han tenido tan poca fortuna como escasas intenciones de desmontar el tenderete. Ello les  hubiera supuesto enfrentarse a mafias, comisionistas, conseguidores y otros crustáceos, moradores habituales de las presidencias de los clubes de fútbol.  María Antonia Trujillo levantó recientemente un monumento bicéfalo a  la tontería y la insipidez. Con una memez hiperbólica y una hipocresía política chiripitifláutica, copó sus minutitos de gloria televisiva con su Kelly Finder, una práctica espiritista que no facilita el acceso de los jóvenes a una vivienda pero que les pone un par de chanclas en los pies, sin coste alguno. Un detalle, oiga.                                   

Pero dejemos a un lado a los necios bailando en los sarcófagos repletos de sabandijas. Hay otro escenario en el que se producen prácticas igualmente  detestables.  Algunos ciudadanos logran adquirir viviendas de protección oficial (VPO) a un precio envidiable en los tiempos que corren. Se supone -y es mucho suponer-  que quienes reciben un piso protegido reúnen una serie de requisitos,  tales como no superar unos determinados  ingresos familiares o como  no tener en propiedad otra vivienda de protección oficial. Hasta ahí, nada que reprochar, en el supuesto caso de que no hubiera trampa.  Lo irritantemente llamativo es constatar día a día que hay ciudadanos que hacen negocio a costa del esfuerzo solidario de los demás.  Uno acude a una agencia inmobiliaria y le ofrecen tranquilamente un pisito de protección oficial... que no se puede vender hasta el año 2018.  Nada, poca cosa, 120 metros cuadrados. Te piden 300.000 euros (un chollo, fuera coñas, un chollo), pero hay que escriturar por un valor de 80.000. No hay problema, la agencia lo arregla todo, la Administración ni se cosca, y no faltan  bancos o cajas dispuestos a concederte un crédito. No es ciencia ficción. Es una práctica común.

 Erradicar este trapicheo sería sencillo aplicando el sentido común, o simplemente la ley,   pero quienes deberían garantizar ambos están descansando plácidamente en sus grandes mansiones, lejos del mundanal ruido de las preocupaciones hipotecarias.

 Al menos, podrían tener el detalle de quitarnos  de la Constitución ese artículo 47 que dice: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación..

 Eso o que se rían de nosotros más bajo, coño.