Pedradas

Reportaje que ha publicado la pasada semana la revista Argia: Hil ala biziko muga Euskal Herrian. Escribe Jenofa Berhokoirigoin, ilustra el fotógrafo Gari Garaialde.

Me ha parecido un buen reportaje trabajado a ambos lados del Bidasoa para ver cómo es el complejo mundo institucional y qué hacen algunas asociaciones locales.

Allá va la traducción.

Una frontera a vida o muerte en el País Vasco

Europa se está blindando ante los migrantes. Además de las fronteras externas, tiene un buen número de fronteras internas llenas de policías o directamente cerradas. Entre ellas, la que hay entre Irun y Hendaia. Siendo una cuestión de vida o muerte continuar la marcha, miles de migrantes ponen su vida en riesgo tratando de cruzarla. Al menos siete personas han muerto aquí en el 2021. Hemos hablado con el Ayuntamiento de Irun, el Gobierno Vasco y Euskal Hirigune Elkargoa (Comunidad de Aglomeración del País Vasco) para saber cuáles son los pasos a dar para que no se produzcan más dramas. Para ilustrar las páginas, los lectores pueden disfrutar del trabajo del fotoperiodista Gari Garaialde.

El eritreo Tessfit, 21 años; el costamarfileño Yaya, 28 años; el guineano Abdulaye, 17 años; un costamarfileño desconocido, 28 años; Mohamed, Fayçal y una tercera persona no identificada, 21, 23 y 30 años, los tres argelinos. Al menos siete personas han fallecido en el 2021 intentando pasar la frontera administrativa que hay entre Irun y Hendaia. Los siete son extranjeros, los siete vinieron a Europa en busca de un futuro mejor, los siete se vieron abocados a asumir riesgos a vida o muerte para esquivar los controles policiales.

"El Mediterráneo era evidente; ahora tenemos un nuevo cementerio de inmigrantes en la zona de los Pirineos, como también en la frontera entre Italia y Francia, y la Mancha". Son palabras de la abogada Claire Rodier. Lucha por los derechos de las personas migrantes tanto en las calles como en los tribunales, desde la asociación Gisti, que canaliza la información y el apoyo a los inmigrantes, y desde la estructura Migreurop, creada para seguir de cerca las políticas migratorias de Europa.

Nos hemos puesto a mirar lo que está pasando entre Irun y Hendaia, porque si nada cambia, se van a producir más muertes: ¿cuál es la realidad actual? Estando la política de asilo y migración en manos de la Unión Europea y de los Estados, ¿qué hacen las instituciones locales que están en primera línea? ¿Qué hacen, qué no hacen, y qué pueden hacer? Desgraciadamente, porque las palabras hermosas no suavizan las rápidas aguas del Bidasoa ni las pendientes de las laderas montañosas. En torno a estas preguntas hemos charlado con Xabier Legarreta, director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco; Joseba Erremundegi, vicepresidente responsable de las relaciones transfronterizas de la Comunidad de Aglomeración del País Vasco; Kotte Ezenarro, alcalde de Hendaia; y David Nuño, concejal de la mayoría gobernante en el Ayuntamiento de Irun. Hemos hablado también con Josune Mendigutxia, de la Red de Acogida de Irun, que conoce de primera mano la frontera, ya que casi todas las mañanas se reúne con inmigrantes en la plaza San Juan de Irun.

Ibrahima, Aden, Abdoulaye y Oumar, cuatro jóvenes guineanos intentando cruzar la frontera. / Gari Garaialde ( CC-BY-NC-ND )

El cierre fronterizo no frena la migración...

Una fría y lánguida mañana de diciembre, la Red de Acogida asesora a una quincena de jóvenes: les enseñan dónde se sitúan exactamente en el mapa de Europa, les informan sobre los riesgos de las diferentes vías, les explican cuál es el procedimiento para solicitar asilo, les dan consejos sobre cuál es la actitud ante la policía... Les ha venido de nuevo, desesperado, un costamarfileño que estuvo con ellos hace unos días. Le paró la policía en Baiona, y vuelve a estar aquí, al otro lado de la frontera administrativa. Hizo la travesía por el monte hacia el País Vasco francés. A la pregunta de cuántas horas tardó, se toca una a una todas las puntas de los dedos de ambas manos: pasó toda la noche caminando por el monte.

"El cierre aún en vigor de determinados puntos de paso no disuade en ningún caso la salida de esas personas". Lo podemos leer en el documento suscrito a finales de noviembre por el presidente de la Comunidad de Aglomeración del País Vasco, Jean-René Etchegaray, y el lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu. Expresaron su "dolor" y su "máxima inquietud" tras el último drama ocurrido en el Bidasoa. No son habituales las declaraciones de ambas instituciones, y eso ya es prueba del tamaño del problema. Solicitan tanto a la Unión Europea como a los Estados miembro "garantizar la seguridad del paso" de estas personas migrantes en tránsito.

Francia cerró en marzo de 2020 la frontera administrativa entre el norte y el sur del País Vasco por la pandemia del coronavirus, y desde entonces continúa cerrada por la "amenaza terrorista" y para "dificultar la inmigración clandestina". Es decir, intensifica los controles que estaban en vigor desde noviembre de 2015 por los mismos motivos. Sin embargo, y gracias al espacio Schengen, la libertad de movimiento se da desde 1995. Aunque ya parece cosa del pasado, porque la excepción que recoge la normativa Schengen se ha convertido en la nueva norma. De hecho, el control de las fronteras internas puede restablecerse en circunstancias "excepcionales". En eso estamos. "La petición de exención debe ser regularmente dirigida a la Comisión Europea, y ya sea la inmigración irregular, la lucha contra el terrorismo o como medida sanitaria, Francia siempre tiene una excusa a mano. No hay ya principio de libertad de circulación en el espacio Schengen, y claro, los inmigrantes son los que más sufren el control fronterizo ", dice la jurista Rodier. Como no podía ser de otra manera, el principio de no devolución garantizado por el Convenio de Ginebra es pisoteado en la mayoría de los casos, como lo prueba el testimonio del costamarfileño arriba citado.

Este es el nudo gordiano que está en la base, y las instituciones locales tienen poca capacidad de influencia ahí, porque la decisión sobre las fronteras no depende de ellas. "No es nuestra competencia, somos portavoces de las demandas ciudadanas y de los dramas que sufrimos en nuestro territorio, pero no somos escuchados". Son palabras del alcalde de Hendaia, Ezenarro, y la sensación es la misma al otro lado de la frontera: "España nos escucha, pero los otros Estados no nos tienen en cuenta; Europa tiene palabras bonitas, pero son palabras vacías", según Nuño, concejal de Irun.

Como consecuencia del cierre fronterizo, tenemos también la presencia de la mafia de pasadores. Eso es algo obvio en Irun. Hay de todo, pero cruzar la frontera Irun-Hendaia cuesta unos 150 euros. Aunque Rodier lo tiene claro, y los cargos electos también están de acuerdo con esta afirmación: "Los pasadores son pan bendito para Francia, les sirven para completar su falso discurso. Huelga decir que los pasadores están ahí porque los pasos están cerrados".

La necesidad de presionar

No teniendo competencias, la periodista les ha preguntado si al menos presionan a quienes están en los centros de decisión. Responden todos que sí, que están en ello. Legarreta (Gobierno Vasco) menciona la carta remitida el pasado 22 de noviembre por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, al ministro español de Asuntos Sociales, José Luis Escrivá, y afirma estar "aprovechando todos los espacios para incidir". También han pedido a Madrid una reunión de la comisión interautonómica, la cual no se ha reunido desde 2018. Nuño también va por el mismo camino: "Aprovechamos las herramientas que tenemos para presionar, como grupo ante los medios de comunicación, en el Parlamento Vasco a través de nuestros parlamentarios, nuestros diputados en el Congreso español y también en Europa gracias a nuestros europarlamentarios". La eurodiputada Idoia Villanueva entregó en agosto una petición escrita a la comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, denunciando la situación existente en Irun y Hendaia. A la pregunta sobre las medidas de presión ejercidas, también responden afirmativamente los representantes de Iparralde. Ponen como ejemplo las declaraciones y documentos publicados tras las muertes de los inmigrantes. Sin embargo, la periodista ve en estas respuestas más "interpelación" que "presión". La presión sería hacer la interpelación de forma repetitiva e insistente. Sin embargo, Erremundegi y Ezenarro hablan de algunas acciones concretas.

Un voluntario señala dónde está la frontera del Bidasoa a un migrante que acaba de llegar a Irun. / Gari Garaialde ( CC-BY-NC-ND )

La Comunidad de Aglomeración del País Vasco pondrá en marcha un estudio jurídico

La Comunidad de Aglomeración del País Vasco está a punto de iniciar un estudio jurídico sobre la legalidad de los controles policiales a los que están sometidos los inmigrantes. "Suponemos que existen bases jurídicas para concluir que estos controles son denunciables e inconstitucionales". Eso es lo que quieren demostrar, teniendo como objetivo garantizar un paso seguro a los sinpapeles: "El objetivo de este paso jurídico es hacer presión. Queremos que los inmigrantes puedan coger los transportes públicos. Evidentemente, no podemos ofrecerles autobuses especiales; sería demasiado peligroso porque sería 'poner en bandeja' los inmigrantes a la policía y la Comunidad estaría en la ilegalidad. Nuestro objetivo es conseguir una vía segura. Con Pausa [albergue creado en el 2018 en Baiona para que las personas en tránsito puedan descansar unos días] se consiguió algo así como un acuerdo; ya que Etchegaray se comprometió y asumió responsabilidades al margen de la ley -no en la ilegalidad, pero sí en la alegalidad-. Eso también es una forma de presión".

Ezenarro habla asimismo de una propuesta realizada al alcalde de Irun para realizar un acto de desobediencia: subirse los alcaldes de Irun, Hondarribia y Hendaia a un autobús con inmigrantes, y cruzar la frontera, avisando a los medios. Pero la idea no le satisface: "Claro que sería preciosa la foto, los tres alcaldes y los inmigrantes en manos de la policía, pero al día siguiente tendríamos el mismo problema. A mí no me interesa la foto, me conmueve el problema". El alcalde de Hendaia cree que hay que interpelar al Estado francés, porque el problema fronterizo se decide en París: "Es muy simple y racional lo que podemos hacer: interpelar a los Estados. Los pueblos fronterizos tenemos el hábito y la tradición de la acogida, lo sabemos hacer, pero hoy en día la cosa no va por ahí". A finales de noviembre, los alcaldes de Hendaia, Irun y Hondarribia redactaron un documento conjunto en el que pedían a la Unión Europea y a los Estados miembros "abordar esta problemática de una manera global".

Si no hay otra, acogida digna

"Por supuesto, no pueden hacerles cruzar la frontera ilegalmente, pero las instituciones locales pueden ofrecer una acogida digna: asegurar el refugio, permitir la circulación, sostener las estructuras que están canalizando la ayuda. Todo esto sirve para aliviar algo las dificultades y es mucho cuando están en la ruta", según la jurista. Además, dice que también influye políticamente porque sirve para mitigar algo la política "violenta y obstructora" de la Unión Europea. La acogida digna es prioritaria para el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Irun, y está siendo gestionada a través de la Mesa de Coordinación Interinstitucional, organismo donde están presentes el Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales de Euskadi, los ayuntamientos de las tres capitales más Irun y Hondarribia, la Delegación de Gobierno española, la Ertzaintza, la Cruz Roja, Cear-Euskadi, SOS Racismo y Médicos del Mundo. Tienen elaborado un plan especial de contingencia con infraestructura necesaria para atender a 500 personas.

Según Legarreta, hasta el 21 de noviembre habían pasado por este servicio de acogida 6.887 inmigrantes en 2021 -el primer año, 2018, fueron 5.837 personas; en 2019, 4.244; en 2020, 3.493 personas-. Oficialmente, los inmigrantes pueden disponer de tres días -pero no todos, porque hay que cumplir una serie de requisitos; entre otros, llevar menos de un año en el Estado español, no haber sido un menor de edad no acompañado...-. El plazo de tres días es discutible, sabiendo que la frontera está cerrada, y que los inmigrantes lo intentan pero no pueden cruzarla. La Red de Acogida de Irun reprocha a las instituciones que definan a la persona migrante de forma "restrictiva y perjudicial", a sabiendas de que con estos criterios algunos migrantes pasan noches en la calle. "¿Una acogida digna? No para todos. No miento, porque no tengo ningún interés en ello; el año pasado dije '¡chapeau!' porque se les ofreció una acogida digna, pero este año no puedo decir lo mismo". Legarreta rechaza esa crítica: "El 97,7% de los que llegan a nuestros recursos cumplen el perfil, frente al 2,3% que no lo hace. Estamos limitados porque es el Gobierno español quien decide el perfil. Las críticas que se hacen al Gobierno Vasco no las entendemos, porque saben muy bien de quién es la decisión". Quienes consiguen cruzar la frontera administrativa pueden pasar unos días en Pausa (Baiona), recuperándose, antes de seguir recorriendo Francia.

La Comunidad de Aglomeración del País Vasco acaba de incorporarse a la Mesa de Coordinación Interinstitucional para mejorar la acogida con una mejor información y coordinación. Este año la mesa se ha reunido en tres ocasiones, la última en junio, y todavía no se ha dado a conocer la fecha del siguiente encuentro. Aunque la relación telefónica es habitual, no parece que los últimos fallecidos hayan hecho necesario una reunión cara a cara.

A estudio la posibilidad de acudir a la Comisión Europea

La Comisión Europea tiene el estatus de 'observadora de convenios', porque vigila que los Estados miembro respeten la legislación europea. Según Rodier, las asociaciones han recurrido en varias ocasiones a ella al considerar que el control francés de las fronteras pisotea la libre circulación en el espacio Schengen. De momento, no han recibido respuesta, pero, según dice, sería "interesante" que las instituciones directamente afectadas por la frontera entre Hendaia e Irun acudieran a la Comisión Europea: "Tendría más efectos, al menos políticamente".

Al comentar la idea con los electos, puede que haya voluntad de transitar este camino. Ezenarro es el que más claro habla: "En la concertación con las asociaciones, tendremos que ir a Europa necesariamente. Es una situación demasiado cruel para quedarse sin hacer nada. Si los alcaldes queremos influir en Europa, tendremos que ser muchos en las calles, en los tribunales y donde haga falta". Nuño también dice que están estudiando la vía judicial, pero no ha querido dar más detalles.

A la hora de hablar de las vías para presionar a los Estados y a Europa, Erremundegi se refiere también a la posibilidad de que la Comunidad de Aglomeración hiciera un llamamiento a la Liga Francesa de Derechos Humanos. Asimismo, Legarreta señala que son "ilegales" los "controles racistas" y las expulsiones efectuadas por la Policía francesa, y que actualmente el Estado francés no cumple los acuerdos internacionales, porque, entre otras cosas, "pasa por encima del tratado Schengen". Rodier dice que hay que tomarse un tiempo para estudiar seriamente esta vía.

En el País Vasco también sufrimos las dramáticas consecuencias de la política migratoria europea. Si tú tiras fuerte por allí, y yo empujo por aquí, sean electos o ciudadanos, hay que virar el rumbo de Europa. Porque si sigue tal cual, volverán a repetirse las muertes de ciudadanos que buscan una vida mejor.