Pedradas

Hace unos días descubrí que Javier Ortiz había subido a su sección de “Otras voces” una conferencia que Iñigo Iruin ofreció en el 1996 sobre los GAL y el terrorismo de estado.

A finales de junio, el periódico Berria publicó una serie de entrevistas sobre el futuro del proceso de paz en el País Vasco. Uno de los entrevistados fue el propio Iñigo Iruin. La entrevista de Berria es en euskera y el expolítico y abogado respondió a las preguntas de Jokin Sagarzazu. La traducción al castellano es cosa mía.

Iñigo Iruin: "Nos hace falta una hoja de ruta que tenga en cuenta las condiciones legales"

Jokin Sagarzazu: ¿Qué es lo prioritario ahora?

Iñigo Iruin: Tenemos que hacer un diagnóstico real partiendo de los indicadores actuales. Los indicadores dicen que el Gobierno español está haciendo una política de bloqueo y ese inmovilismo, además, es muy osado. El gobierno quiere dejar claro que el diseño elaborado y apoyado por la Conferencia de Aiete no se pondrá en marcha. Además, paralelamente, no cambiará la legislación excepcional ni desactivará los mecanismos vigentes de los ámbitos procesal, penal y carcelario. Es decir, quiere alejar cualquier esperanza de cambio. Quiere dejar claro que no habrá ningún cambio legal que favorezca la normalización política. La vía técnica para trabajar las consecuencias del conflicto está colapsada y el control temporal está en manos del Gobierno español. Este es el diagnóstico.

Jokin Sagarzazu: Así las cosas, ¿cuál es la solución?

Iñigo Iruin: Creo que se debería rediseñar la forma de afrontar esta situación. Y eso lo tiene que hacer la izquierda abertzale, en su integridad. Dicho de otro modo: tenemos que hacer una nueva hoja de ruta y el dibujo político de la misma deberá tener muy en cuenta cuáles son las condiciones legales y jurídicas. Teniendo en cuenta, además, que dichas condiciones estarán vigentes los próximos años. No se prevén cambios profundos en la actitud del Gobierno y, por lo tanto, tendremos que hacer camino poco a poco, paso a paso. Necesitaremos mucha paciencia y tener los pies en el suelo.

Jokin Sagarzazu: ¿Sobre qué bases ha de crearse esa nueva hoja de ruta?

Iñigo Iruin: Creo que pueden servir las recomendaciones del Foro Social los puntos cuatro a siete que hablan sobre la situación de las presas y de los presos. Tienen los mimbres necesarios.

Jokin Sagarzazu: ¿Quieres decir que las presas y los presos han de aceptar esas condiciones?

Iñigo Iruin: No, pero sí que han de tenerse en cuenta. Cuando se diseña una estrategia, para que la misma sea efectiva y adecuada, el punto de partida ha de ser un buen conocimiento de la realidad. Si fallas en el análisis inicial, te será muy complicado acertar con el camino. En el Estado español, tenemos un muro enfrente. Una pared muy sólidamente construida, con leyes y jurisdicciones especiales, posturas políticas y mediáticas... No puedes derruir ese muro sin enfrentarte a él cara a cara y haciéndole frente con todas tus reivindicaciones a la vez.

Jokin Sagarzazu: Por tanto, a tu juicio, ¿hay que volver a concretar cuáles son los objetivos?

Iñigo Iruin: Más que los objetivos, las prioridades, sin renunciar a ninguna reivindicación. Hay que aclarar cuáles sirven para agrietar el muro, para debilitarlo. La postura gubernamental consiste en no tomar medidas a favor de los presos mientras ETA no desaparezca. Por tanto, en esta fase política habrá que concretar cuál es el principal objetivo, para qué hay que acumular fuerzas y con quién.

Jokin Sagarzazu: Y entre los objetivos, ¿cuál es el prioritario?

Iñigo Iruin: Para mí, acabar con la dispersión y con el alejamiento. Porque no tiene bases legales, es tan solo una decisión política, y el gobierno no se puede basar en la legislación para justificarlo. Además, es la reivindicación que más apoyo social reúne: es el ámbito en el que más sensibilizada está la sociedad vasca. Debe valer para crear la presión social que resquebraje el muro.

Jokin Sagarzazu: Hay otros apartados unidos a la legislación: por ejemplo, las condiciones para acceder a la libertad condicional o para lograr el tercer grado. ¿Qué se puede hacer en este ámbito?

Iñigo Iruin: Básicamente, el Estado funciona con estos dos instrumentos: la doctrina Parot para los condenados bajo el Código Penal de 1973 y la Ley Orgánica 07/2003 para los condenados posteriormente. Esta última la aprobó el gobierno Aznar con el apoyo socialista y tiene un objetivo claro: que las presas y los presos se pudran en la cárcel. Fueron estas las palabras que utilizaron cuando fue aprobada y, en la práctica, estamos viendo que es así. Su único objetivo es la venganza y no la reinserción del preso u otros objetivos. Esta ley será una pesada losa para mejorar la situación de los presos. En la práctica, esconde la cadena perpetua, solo le falta el nombre.

Jokin Sagarzazu: Por tanto, ¿es imposible alcanzar esos derechos?

Iñigo Iruin: Las condiciones que fija la ley son casi infinitas, es muy estricta. Más que condiciones son obstáculos que bloquean derechos. Un ejemplo: un preso que ha de cumplir el tope de 40 años, ha de haber cumplido 32 años de prisión para pedir el tercer grado, y 35 años para la libertad condicional. Se pide una colaboración activa, que pidan perdón y renuncien a su ideología.

Jokin Sagarzazu: ¿Qué es lo que habría que hacer?

Iñigo Iruin: Ha de desaparecer este estándar excepcional. Jurídicamente, una vez confirmada la falta de actividad de ETA, se puede exigir la igualdad de trato y que tengan la posibilidad de tener los mismos beneficios y el mismo régimen que los demás presos. En el 2003 se estableció un nuevo régimen penitenciario. Se llevó a las cárceles la filosofía del Derecho Penal del enemigo a la hora del cumplimiento de las penas. Hay que desactivar ese modelo y ha de imponerse a los presos y presas vascos el mismo régimen que a los demás.

Jokin Sagarzazu: Y si eso no se hace, ¿cuál es la solución?

Iñigo Iruin: Tal y como he dicho anteriormente, partiendo de la realidad hay que hacer una nueva hoja de ruta, sin olvidarnos de todos estos elementos.

Jokin Sagarzazu: Una cosa es la ley y otra diferente la interpretación judicial de la misma. ¿No hay ninguna posibilidad ahí?

Iñigo Iruin: Sí. Pero lo que sucede es que en los juzgados y tribunales donde se juega este partido -es decir, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional- la correlación de fuerzas a favor de este cambio de interpretación es muy escasa. En la denominada lucha antiterrorista, la Audiencia Nacional ha sido el mascarón de proa y, en este momento, es una fortaleza de las políticas vengativas y punitivas contra los presos. La nueva situación que tenemos en el País Vasco ha tenido muy poca influencia allí.

Jokin Sagarzazu: ¿No hay nadie en la judicatura que pueda actuar de estilete?

Iñigo Iruin: Sí, hay excepciones, pero esos magistrados no llegan al 20%. Hay que reconocer el trabajo que realizan, pero es muy complicado cambiar los criterios doctrinales. Y mucho más viendo lo que viene. Los próximos nueve años habrá mayoría conservadora en el Constitucional y, a partir de septiembre, en el Poder Judicial. Esta mayoría controlará los principales tribunales. Hay muy pocas posibilidades de que los tribunales interpreten de otra manera esas leyes que no van a cambiar.

Jokin Sagarzazu: ¿Es una cuestión de voluntades o un problema legal?

Iñigo Iruin: Las dos cosas. El pequeño grupo de magistrados que he citado anteriormente entiende, acertadamente a mi entender, que el artículo que protege la legislación excepcional (art. 55.2 de la Constitución) tiene relación directa con la actividad terrorista y no con una organización que ha utilizado la lucha armada. Lo que tiene importancia es la actividad, no la existencia. Y llevamos casi dos años sin actividad armada de ETA. Además, todas las leyes de excepción tienen, por definición, un carácter provisional. Por tanto, desparecida la actividad, aunque ETA no se haya disuelto, lo correcto sería desactivar esa legislación especial. Aunque aquí lo que sucede es que ha desaparecido la emergencia y se mantiene la excepción.

Jokin Sagarzazu: ¿Puede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la resolución de la doctrina Parot, influir en el cambio de postura?

Iñigo Iruin: Yo creo que esa instancia debería ratificar la sentencia publicada hace un año. Y espero y deseo que esa sentencia revolucione las posturas de la Audiencia Nacional y de los tribunales Supremo y Constitucional. Que la sentencia suponga un cambio en las posturas de los magistrados. Que sirva para reflexionar y dar marcha atrás en el camino elegido.

Jokin Sagarzazu: El Gobierno español, de todas maneras, ha manifestado su intención de hacer “ingeniería jurídica” si no le gusta la resolución. ¿Qué esperas?

Iñigo Iruin: Me preocupa. Porque el Gobierno español, a través de los magistrados conservadores, tratará de minimizar las consecuencias de esa resolución por dos vías. Por un lado, diciendo que la resolución solo le afecta a Inés del Río. Y, por otro, intentará gestionar esa sentencia poniendo todos los obstáculos posibles; entre otros, diciendo que en el ordenamiento jurídico español no hay ninguna norma que especifique cómo ha de cumplir el Estado las sentencias de Estrasburgo. Intentará quitarle valor y eficacia a la resolución. De todas maneras, espero que la resolución haga temblar los criterios vigentes y que sirva para dar aire al trabajo de los jueces que actúan con valentía y a contracorriente.

Jokin Sagarzazu: Cerradas las vías políticas, ¿crees que vosotros los abogados tendréis un papel importante a cumplir?

Iñigo Iruin: Totalmente. Hemos entrado en una nueva fase. Los abogados tenemos que ser capaces de plantear en los tribunales puntos de vista que hasta ahora no hemos puesto encima de la mesa. Ahora tenemos que darle prioridad especial a la situación de los presos y al incumplimiento de los derechos fundamentales que aquellos sufren en las cárceles. En este ámbito hay mucho trabajo por delante para darles a los tribunales argumentos y herramientas jurídicas que permitan desbloquear situaciones concretas.

Jokin Sagarzazu: ¿Por ejemplo?

Iñigo Iruin: Hay una norma europea, con categoría de decisión marco, 2008/675, de 24 de julio de 2008. En nuestro caso, hay varios presos que una vez cumplida su pena en Francia, son llevados a España y condenados. Sin embargo, en la contabilidad de los años a cumplir debido a la condena impuesta en España, no se les tienen en cuenta los años cumplidos en Francia. Hay que cumplir esa normativa europea y debería influir en los años a cumplir por unos 80-100 presos; en algunos casos, deberían ser puestos en libertad. Hay que presionar ahí, porque el Gobierno español está retrasando la transposición de esa norma. En Francia la vienen cumpliendo desde julio de 2010.

Jokin Sagarzazu: Los próximos meses juzgarán a unas doscientas personas por su actividad política. ¿Cuál es el significado de esos procesos?

Iñigo Iruin: Ha acabado el ciclo de las ilegalizaciones, pero no el de la criminalización. Y estos juicios son ejemplo de ello. El ciclo de la criminalización permanece vigente y no terminará en unos cuantos años, pero los procesos de las Herriko Tabernas y el 35/02 pueden valer para saber si se quiere o no acabar con este ciclo. En este juicio, la Audiencia Nacional y el jurado -aún no designado- tienen una oportunidad magnífica para desandar el camino andado y dejar a la vista que el ciclo de la criminalización se ha llevado a cabo utilizando herramientas excepcionales e incumpliendo derechos fundamentales.

Jokin Sagarzazu: ¿Por qué es especial ese proceso?

Iñigo Iruin: Este sumario reúne todas las herramientas que la Audiencia Nacional ha usado para instruir sumarios: la policía se encarga de hacer de instructor y el juez es un ayudante, el que realiza el trabajo burocrático; los informe policiales se utilizan como base de la investigación; y se echa mano del artículo 129 del Código Penal para restringir derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión, entre otros. Es decir, este proceso reúne todas las características de un proceso penal pensado ad hoc contra la izquierda abertzale. El sumario es un caos: se investigan las conductas de las personas, no las actividades delictivas, sino las políticas: manifestaciones, reuniones, ruedas de prensa...

Jokin Sagarzazu: Las pruebas del proceso Bateragune también eran muy similares, pero fueron condenados. ¿Qué influencia puede tener ello en este proceso?

Iñigo Iruin: En todos los sumarios contra la Izquierda Abertzale el punto de de partida es el mismo: la falsa tesis de la policía de la supuesta duplicidad política y militar de ETA. Partiendo de ahí, haciendo una interpretación interesada de los documentos incautados aquí y allá, se construye la acusación. Eso se ha visto de manera muy clara en el proceso Bateragune, es decir, los documentos que no sirvieron para ilegalizar a Bildu y a Sortu, son suficientes para condenar en este proceso.

Jokin Sagarzazu: ¿Cómo ves el juicio contra 40 jóvenes de Segi que comenzará en octubre?

Iñigo Iruin: Desde que establecieron que Jarrai-Haika-Segi eran organizaciones terroristas, el argumento era que la actividad de dichas organizaciones era complementaria, a través de la kale borroka, de la actividad armada de ETA. Pero a esos jóvenes que van a ser juzgados, la fiscalía no les acusa de ningún acto violento, ni de tenencia de explosivos o actividades de ese tipo. La acusación está basada en papeles y documentación interna de Segi. Este juicio no tiene ningún sentido jurídicamente hablando.

Jokin Sagarzazu: ¿Quieres decir que detrás de estos procesos hay un impulso político?

Iñigo Iruin: El hecho de pensar que el impulsor de estos procesos es un juez nos lleva a hacer análisis incorrectos. La tesis es político-policial y los jueces han estado dispuestos a poner la estructura política. Hace quince años, el gobierno del PP decidió destruir todo aquello que tuviera que ver con la izquierda abertzale y hay que situar estos procesos dentro de esa estrategia.

Jokin Sagarzazu: ¿Estos juicios no tensarán más la cuerda?

Iñigo Iruin: Pueden desgastar y es lo que están buscando: pretenden embarrar a la izquierda abertzale para que no salga del pozo, para que se enrede con juicios de este tipo y pierda energía. Pero creo que hay ya en marcha formas de superar el pesimismo; los Aske Gunes que hemos visto en la calle, por ejemplo. En estos nuevos tiempos hay nuevos proyectos de sensibilización social, nuevas formas de lucha, nuevas maneras de luchar contra estas situaciones... Y todo ello hace que la ilusión se mantenga, que haya iniciativa y deseo de continuar luchando.

Jokin Sagarzazu: ¿Estás poniendo en entredicho la independencia judicial?

Iñigo Iruin: Sí. La intervención del poder político, a través de la policía y de la fiscalía, en la Audiencia Nacioanl es tremenda. Cualquier juez que se atreve a deshacer la vía judicial seguida es expuesto a una gran presión en Madrid. Lo hemos visto con el caso Uribetxebarria. Han bloqueado durante un año al juez de Vigilancia Penitenciaria. Así están las cosas. O el juez tiene muy claros cuáles son los fundamentos de un proceso penal democrático o resulta facilísimo en Madrid que la corriente te lleve por delante.No conviene olvidar lo que les sucedió, en el proceso 18/98, a los jueces penales que echaron por tierra algunas decisiones de Garzón. Hablando claro: fueron expulsados de la Audiencia Nacional.

Jokin Sagarzazu: ¿Por qué piensas que el Gobierno español está retrasando la resolución de la cuestión de los presos?

Iñigo Iruin: Si ponen en vías de solución ese proceso, saben que luego le toca el turno al problema político y ahí no tiene alternativas. Y le interesa alargar lo más posible esta interminable fase de normalización y pacificación, porque ello acarreará el desgaste de fuerzas de la izquierda abertzale.

Jokin Sagarzazu: Esta semana (la entrevista es de finales de junio) han detenido a tres prófugos a raíz del acto de Biarritz. ¿Qué significado tienen para ti estas detenciones?

Iñigo Iruin: Hay que situarlas en el mismo contexto al que venimos haciendo referencia. Los refugiados y los prófugos han dejado claro que están dispuestos a dar pasos unilaterales que fortalezcan el proceso y den cobertura a la apuesta política de la izquierda abertzale. Pero al gobierno no le interesa que nadie tome decisiones unilaterales, porque permiten que el proceso avance y, al mismo tiempo, ponen en tela de juicio la postura del gobierno. El gobierno trata de obstaculizar estas decisiones unilaterales. Quiere dar un aviso a los prófugos, avisarles de que si cruzan la frontera serán detenidos. Es decir, que no habrá decisiones unilaterales que no hayan pasado el filtro gubernamental. Ese es el mensaje: no habrá bilateralismos y, además, pondrán trabas y obstáculos a las decisiones unilaterales.